Cuatro meses después de su creación, la comisión investigadora del caso $Libra tiene autoridades y volverá a funcionar. A pesar de una impugnación de La Libertad Avanza y sus aliados, que abandonaron la reunión para no convalidarla, la oposición logró romper con el empate que trababa el proceso y coronó al diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. El trabajo se reanudará el próximo martes, cuando buscarán aprobar un reglamento y nuevas medidas de prueba.
Los diputados del oficialismo y sus socios del PRO y la UCR abandonaron en fila la Sala 2 del Anexo C y dejaron a la oposición en soledad con sus 14 representantes, que votaron a Ferraro. El “lilito” fue propuesto por la Coalición Cívica y recibió apoyo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, tras intensas negociaciones que se sucedieron entre el miércoles y la mañana del jueves.
La vicepresidencia, que le respondía al bando mileísta, quedó vacante ante la ausencia de quienes podían ocuparla. Finalmente, la secretaría quedó en manos de Juan Marino, un diputado de Unión por la Patria que viene del Partido Piquetero.
Ferraro, presidente electo, es discípulo de Elisa Carrió, preside la Coalición Cívica y no tiene compromisos electorales a la vista, pues tiene mandato como diputado por dos años más. Su nombre se impuso luego de fervientes reuniones y llamados telefónicos, donde quedó fuera de carrera la candidata original, la joven Sabrina Selva (Unión por la Patria).
Selva responde al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y su corrimiento despertó sospechas sobre una posible y misteriosa intervención del tigrense para bajarla. Otras versiones sostienen que, simplemente, se decidió “no caer en la grieta” e ir por una opción “de centro” que garantice equilibrio y evite excesos en la investigación.
También quedó a un costado el cordobés Oscar Agost Carreño, otro de los candidatos naturales a ocupar el cargo. El legislador de Encuentro Federal se abocará a la campaña en la provincia, donde es candidato a renovar la banca por el PRO. De todos modos, seguirá teniendo protagonismo en la comisión, donde ya demostró ser una de las voces fuertes.
“Hemos barajado muchos nombres, todos legítimamente propuestos y ninguno resistido. Es una comisión que todos estamos cuidando y queremos que llegue a buen puerto, sin venganzas, pero con la verdad. Todos saben que la Coalición Cívica siempre fue una defensora de la transparencia. Creemos que la corrupción es el peor de los males. Propongo a mi compañero Maximilano Ferraro”, anunció la diputada Mónica Frade.
Al asumir el mando, Ferraro planteó: “Venimos de un largo camino lleno de trabas y artimañas. Que quede bien en claro que el objetivo de esta comisión es algo que nos manda nuestra Constitución: el ejercicio de contralor político del Poder Ejecutivo”. En ese sentido, remarcó: “No confundimos las competencias del Parlamento con las competencias del Poder Judicial”.
La comisión se reunirá todos los martes a las 16. En la próxima reunión, aprobarán un reglamento de funcionamiento, llevarán un informe de lo actuado hasta el momento y las propuestas de medidas de prueba, que incluirán nuevas citaciones (se menciona nuevamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei) y oficios a la Justicia. Tendrán tiempo hasta el 10 de noviembre para el dictamen final.
La comisión significará para la oposición una verdadera prueba de lealtad: cada decisión deberá reunir el aval unánime de sus 14 representantes porque, de existir alguna fuga, quedarán en minoría para votar. “Cualquiera de los 14 tiene capacidad de veto”, ilustró un integrante de ese sector. No habrá lugar para más desconfianzas entre los diputados, como ya existieron a lo largo de estos meses.
Impugnación libertaria
La comisión estaba empatada en 14 miembros de la oposición (Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda) y 14 de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y Liga del Interior (“radicales con peluca”). La paridad de fuerzas fue el resultado de la creación de nuevos bloques e interbloques “ad hoc” (ideada por el oficialismo e imitada por la oposición) para conseguir lugares.
A raíz de esta situación, que impedía avanzar, los no oficialistas aprobaron la semana pasada en el recinto una modificación para establecer que, en caso de empate, el presidente quedara en manos del candidato propuesto por los bloques que reúnan la mayoría en el recinto.
El jefe de la bancada violeta, Gabriel Bornoroni, desaprobó este procedimiento antes de retirarse junto a sus pares. “Han inventado un mecanismo para auto-elegirse. Es un mecanismo nuevo que va a dejar un precedente. Lo vamos a impugnar, porque no estamos de acuerdo. Creemos que se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías”, argumentó el cordobés.
Silvana Giudici, espada parlamentaria del PRO y fiel aliada oficialista, se sumó a la impugnación de Bornoroni. “No nos vamos a prestar a este circo político. Quieren tener calentito el circo para poder llegar a la elección hablando del más tremebundo escándalo de corrupción, como si los bolsos de López y la tragedia de Once no fueran nada”, contraatacó.
Para Giudici, el cambio en la comisión “arma una nueva doctrina en el derecho parlamentario”. “Nadie puede alegar su propia torpeza. Ustedes escribieron la resolución, hicieron las cuentas de cada bloque. Por supuesto, nosotros también. Y no hay ninguna trampa, porque la izquierda también se juntó con Unión por la Patria para tener un voto”, recordó.
Otro de los argumentos planteados tanto por Giudici como por Bornoroni fue que la comisión, según su interpretación de la resolución original que la creó, caducó el 30 de julio. “El plazo por el cual esta comisión había sido aprobada para funcionar ha fenecido”, dijo el jefe libertario.
