La disputa judicial por la estatización de YPF suma ahora en capítulo legislativo. Luego de que la jueza neoyorkina Loretta Preska ordenara esta semana a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos que ganaron el juicio por la expropiación (medida que el Gobierno nacional apelará), en la oposición proponen la intervención del Congreso nacional.
El diputado Miguel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal y uno de los legisladores que votó a favor de la expropiación en 2012, anunció este miércoles que presentará en las próximas horas un proyecto en defensa de las acciones de YPF en Argentina, en línea con una observación de Bernardo Saravia Frías, exprocurador general del Tesoro.
“Vamos a plantear la ratificación del artículo 10 de la ley de expropiación, en defensa de las acciones de YPF en la Argentina”, informó Pichetto en medio de la sesión de este miércoles en la Cámara baja, al recordar que, según ese artículo, para disponer de esas acciones “se requiere una ley del Congreso con dos tercios”.
El artículo que Pichetto busca ratificar establece que “a efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros”.
Pichetto defendió la decisión de la expropiación, al explicar que la ley “estaba fundada en la desinversión de Repsol, que estaba invirtiendo en otros países; en la situación que Argentina estaba viviendo, importando combustible por 10.000 millones de dólares; y en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo, que hoy permite que el gobierno de Javier Milei tenga un horizonte interesante en materia de hidrocarburos, gas y petróleo”.
“El control de YPF y el 51% fue una decisión política que tuvo mayorías aplastantes en ambas cámaras. En el Senado lo votamos con el 76% de los votos, solo tres senadores votaron en contra, y en la Cámara de Diputados también”, recordó el legislador. La norma fue aprobada con 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado.
Por eso, Pichetto insistió: “Estamos dispuestos a trabajar seriamente en un proyecto que ratifique que el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía y que el marco de la ley no puede ser vulnerado, porque para tal fin se requiere dos tercios de Diputados y dos tercios del Senado”.
El debate en Diputados se abrió porque, en el momento destinado a las cuestiones de privilegio, el diputado del PRO, Damián Arabia, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por “la locura ideológica, el negocio y una de las estafas más grandes de nuestra historia” que significó la causa YPF.
Arabia reivindicó a los 32 diputados que en 2012 votaron en contra de la expropiación. Luego, el libertario Santiago Pauli (Tierra del Fuego) se subió al tema y cargó contra “los artífices de la gran estafa”, es decir, “los diputados y senadores que la avalaron”, y agregó: “Algunos tienen el tino de seguir dando vueltas por el Congreso”.
Pablo Juliano, jefe del bloque radical Democracia para Siempre, recogió el guante: “La Libertad Avanza homenajea a Menem, que liquidó YPF, y del otro lado está el kirchnerismo con su cuentito. Pero la UCR defiende YPF desde 1922. Ojo con hacer la chiquita. Saquemos una resolución que le diga a la jueza norteamericana que no le vamos a entregar ninguna acción porque defendemos nuestra soberanía”.
Entonces intervino Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, partido que, con Elisa Carrió a la cabeza, denunció el “vaciamiento” de la petrolera y el negociado con los Eskenazi. Oliveto reclamó seriedad para abordar el tema en el Congreso porque, dijo, la Justicia estadounidense está atenta a lo que se dice en los debates.
“Nosotros denunciamos el vaciamiento de YPF, que fue un robo; denunciamos cuando YPF quedó en manos de los Ezkenazi que fue otro robo; y denunciamos la cotización y el pago de más de USD 5.000 millones con bonos e intereses por parte del gobierno de ese entonces. Pero siempre con seriedad. Lo denunciamos en la Justicia, que miró para otro lado durante muchos años. Por favor, seamos responsables”, pidió Oliveto.
Asimismo, advirtió: “No quieran levantar banderas que no ayudan al debate y la unión que debemos tener los argentinos ante un fallo que no corresponde. Tenemos que demostrar madurez para defender esos USD 14.000 millones, que si los tenemos que pagar, va a generar más pobreza y más tristeza a nuestro pueblo”.
En el Senado, también
Poco después del anuncio de Pichetto, el senador de la UCR Maximiliano Abad presentó en la Cámara alta un proyecto en la misma línea, para ratificar el artículo 10 de la ley de expropiación. “El interés argentino y la autonomía del país se defienden con apego a la ley, respeto a la Constitución y con una verdadera política de Estado”, afirmó Abad, titular del radicalismo bonaerense.
En ese sentido, señaló que “ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, lo que demuestra que el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable”.
