Cristina Fernández cuestionó las políticas sociales de su propio gobierno y abrió un nuevo frente de conflicto con el presidente Alberto Fernández, en la ya convulsionada interna del gobernante Frente de Todos.
La vicepresidenta pidió el lunes pasado de manera enfática que el Gobierno nacional recuperara “el control, auditoría y aplicación” de los planes sociales.
“El Estado nacional no puede tercerizar las políticas sociales”, exclamó, levantando el tono.
Fue un misil discursivo que apuntó contra el Movimiento Evita, la organización piquetera más grande del país, cuyos principales dirigentes, Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, son funcionarios muy cercanos al presidente Alberto Fernández.
Detrás de las críticas de la vicepresidenta asoma un plan político que se viene cocinando a fuego lento en su amplio despacho de la Presidencia del Senado: descentralizar los planes sociales nacionales, que no es otra cosa que dejarlos en manos de gobernadores e intendentes afines.
Como la mayoría de los mandatarios provinciales y los intendentes –sobre todo del conurbano– son peronistas, una caja de casi 700 mil millones de pesos anuales (694.485 millones, según figura en el portal Presupuesto Abierto del Gobierno nacional) pasará a ser controlada por el PJ.
Cristina Kirchner ya viene hablando del tema con gobernadores peronistas, sobre todo con el chaqueño Jorge Capitanich y con la santacruceña Alicia Kirchner, quien conoce muy bien el tema, ya que fue ministra de Desarrollo Social de la Nación durante los 12 años anteriores de gestiones kirchneristas.
Las filosas definiciones de la vicepresidenta parecieron un cuestionamiento puntual más a otro aliado político de Alberto Fernández, como lo es el Movimiento Evita.
El manejo del cuantioso presupuesto destinado a los planes sociales –sólo el cuestionado programa Potenciar Trabajo tiene un costo fiscal de 240 mil millones de pesos anuales– es otro objetivo del cristinismo, que ya administra otras jugosas cajas, como la Anses, el Pami, YPF, Afip, el sector energético y Aerolíneas Argentinas, entre otras.
¿Cuál es el plan de la vicepresidenta?
Por empezar, que los dirigentes piqueteros dejen sus cargos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Pérsico es el secretario de la Economía Popular de esa cartera, que hoy maneja el albertista Juan Zabaleta.
El referente del Evita también ubicó en distintos cargos de ese ministerio a otros dirigentes sociales de organizaciones que hoy apoyan al Gobierno nacional, como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras.
En las últimas dos semanas, trascendió que el ministro Zabaleta se reunió dos veces con la vicepresidenta, en el Senado.
Los encuentros reservados parecían una gestión del ministro albertista por acercar posturas entre el Presidente y la vicepresidenta. Sin embargo, ahora se sabe que el tema central fue otro: Cristina Fernández quería datos de primera mano sobre el manejo de las políticas sociales.
Tal vez, el único presupuesto grande en el cual el cristinismo no tiene injerencia, ya que las agrupaciones piqueteras son el principal –para no decir el único– sostén político territorial del presidente Alberto Fernández.
La vicepresidenta impulsa que intendentes, sobre todo bonaerenses, ocupen los cargos que los piqueteros tienen en Desarrollo Social.
Como hay un buen vínculo con el ministro Zabaleta, uno de los funcionarios más cercanos al Presidente, el cristinismo no pediría su cabeza, pero sí la de los piqueteros que ocupan varias secretarías.
El modelo cordobés
Dicen que Cristina Fernández, aun con marcadas diferencias, prestó particular atención en la gestión del gobernador Juan Schiaretti, quien tiene una aceitada relación con varias organizaciones piqueteras, pero nunca renunció a administrar las políticas sociales.
El 20 de abril pasado, Juan Grabois, díscolo referente del Frente Patria Grande e integrante del oficialismo nacional –aunque sólo reconoce a Cristina Kirchner como su líder política–, visitó Córdoba.
El dirigente social sorprendió con sus elogios a la gestión del gobernador Schiaretti, quien es considerado como un “opositor” por el cristinismo.
“Tal vez sorprenda a muchos, pero voy a hacer un elogio a Schiaretti. En Córdoba se trabaja muy bien con los planes sociales nacionales, como no se hace en otras provincias, cuyos gobernadores son oficialistas”, argumentó Grabois.
La referencia del dirigente apuntó a que el Gobierno de Córdoba viene trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el plan de mejoramiento de barrios vulnerables y también con beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, para el arreglo de edificios escolares.
A través del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Carlos Massei, y del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar que conduce Laura Jure, el Gobierno de Córdoba viene articulando acciones con organizaciones piqueteras desde hace mucho tiempo.
Es más, como ocurre a nivel nacional, el Movimiento Evita tiene un acuerdo político con el schiarettismo. El legislador provincial Mariano Lorenzo proviene del Evita e integra el bloque Hacemos por Córdoba.
También hay funcionarios del Evita en los dos mencionados ministerios provinciales, pero el gobernador Schiaretti nunca perdió el control de las políticas sociales de su gestión.
Esta cuestión es la que le interesa particularmente a Cristina Kirchner y lo que pidió el lunes pasado en su explosivo mensaje en el acto de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Todos los dirigentes piqueteros, hasta el opositor Polo Obrero, salieron a cuestionar los dichos de la vicepresidenta.
Los gobernadores e intendentes peronistas aún no opinaron sobre el tema de manera pública. Capitanich y Alicia Kirchner son las puntas de lanza del cristinismo.
El manejo de los planes sociales, de cara al año electoral que se avecina, seguramente estará en la mesa de discusiones de la reunión de gobernadores peronistas que se realizará el próximo viernes en Resistencia, Chaco.
Schiaretti no se sentará a esa mesa, pero su estrategia para el manejo de los planes sociales no estará ausente.
Los gobernadores peronistas también quieren contar con esa poderosa herramienta electoral para las próximas elecciones.
Una pulseada con historia
La disputa política entre el Evita y el cristinismo viene desde el fallecimiento de Néstor Kirchner. Pérsico y Navarro tenían una buena relación con el expresidente y eso evitaba el choque frontal con Cristina Fernández, quien siempre miró con desconfianza a esa organización piquetera, que surgió en el año 2004, en pleno primer mandato K.
El enfrentamiento del Evita y el cristinismo se agudizó luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010.
Desde entonces, la Presidenta comenzó a privilegiar a la agrupación La Cámpora, que fundaron su hijo, Máximo Kirchner, y Eduardo “Wado” de Pedro, en su relación con los sectores más vulnerables, sobre todo en el populoso conurbano bonaerense.
El Evita creció de manera significativa durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri, cuando, a través de la organización Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), los piqueteros tomaron el casi total control de los planes sociales, especialmente los que apuntan a crear trabajo, como el programa Potenciar Trabajo.
Este plan social surgió en el año 2008, en el primer año del mandato cristinista, bajo el nombre de “Argentina Trabaja”.
Por aquellos años, el plan fue un acuerdo del entonces presidente Kirchner con los movimientos piqueteros, en el cual Pérsico y Navarro siempre fueron interlocutores con el poder de turno.
La historia reciente es conocida. Pérsico y Navarro son dos funcionarios muy cercanos al presidente de la Nación y tienen una gran injerencia en la aplicación de las políticas sociales.
Por eso están en la mira de la poderosa e implacable vicepresidenta.
