Con un operativo de seguridad impresionante, la semana pasada, el Gobierno nacional logró acotar la protesta de las organizaciones piqueteras de izquierda, el primer sector en desafiar en las calles el paquete de medidas de ajuste que impulsa el presidente Javier Milei.
Si bien hubo calles cortadas en el centro porteño, la manifestación estuvo lejos de generar el caos que produce malhumor social en el resto de la sociedad.
Hoy será otra prueba para el Gobierno nacional con la movilización que impulsa la CGT nacional. Aunque todo indica, que a diferencia de lo que sucedió la semana pasada con las agrupaciones de izquierda, ahora hubo más diálogo entre la central obrera y los funcionarios nacionales.
En Córdoba se vivió una situación parecida con la movilización piquetera. Hubo menos manifestantes y en las principales arterias no se interrumpió el tránsito. En algunos casos, como ocurrió en Capital Federal, las calles se cortaron por el fuerte operativo de seguridad.
Ambas parte intentaron mostrarse como ganadores en esta primera pulseada: el Gobierno nacional argumentó que consiguió que el tránsito no se interrumpiera totalmente en las principales arterias porteñas.
Mientras que los piqueteros de izquierda se muestran orgullosos de haber sido los primeros en salir a las calles a protestar contra la nueva gestión libertaria.
Más allá de los argumentos de cada uno, hay una cuestión que fue evidente: hubo menos manifestantes.
Para que esto ocurriera, tuvo mucha influencia una decisión del gobierno de Milei, medida que no aplicaron las anteriores gestiones kirchneristas, ni la liberal de Mauricio Macri: les quitó a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo la obligatoriedad de asistencia a tareas de contraprestación para cobrar la asistencia.
Aunque nunca fue admitido por los dirigentes de izquierda, la asistencia a alguna contraprestación era un requisito que en algunos casos se usaba como presión para asegurarse la presencia de los beneficiarios en las manifestaciones callejeras.
Además, hubo una fuerte campaña del Gobierno nacional advirtiendo que quien cortara calles perdía este plan social. La nueva ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la encargada de ponerle voz a esa amenaza.
Una advertencia difícil de implementar pero, por lo que se vio en las calles porteñas, tuvo efecto: hubo menos manifestantes.
Detrás de esta medida que impulsó administración libertaria hay una cuestión en la cual otros gobiernos prefirieron evitar: enfrentarse con las organizaciones piqueteras de izquierda, que protagonizaron la mayoría de las protestas callejeras en los últimos años.
Aunque sólo se trató de la primera protesta callejera. El Gobierno nacional no puede festejar un triunfo como definitivo.
El nuevo Gobierno parece decidido a intentar terminar con la fuerte injerencia de las organizaciones piqueteras en la implementación del plan Potenciar Trabajo.
Hay diferencias entre las organizaciones sociales, que se las puede dividir en dos grupos: las combativas de izquierda, que enfrentaron al anterior gobierno de Alberto Fernández en las calles, y también están las oficialistas en la anterior administración, cuyos referentes ocuparon cargos clave en el Ministerio de Desarrollo Social.
El mecanismo
Hay 1,2 millones de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que cobran la asistencia (hoy, 78 mil pesos, que corresponde a la mitad del sueldo mínimo vital y móvil) a través del sistema bancario. Como contraprestación deben cumplir alguna tarea. En la mayoría de los casos se desempeñan en cooperativas que administraban las propias organizaciones sociales.
Precisamente, el requisito de la asistencia a esas tareas comunitarias estaba en manos de las organizaciones sociales, responsabilidad que ahora el Gobierno les quitó.
Los piqueteros oficialistas en la anterior gestión, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, tienen emprendimientos productivos, por la gran cantidad de recursos que recibían del anterior Gobiernos nacional.
Mientras que las organizaciones de izquierda administran comedores comunitarios, en los cuales los beneficiarios cumplen la contraprestación para cobrar este plan social.
Ahora, todas las organizaciones piqueteras se quedaron sin esa herramienta, que en muchos casos fue un motivo de presión para sumar militantes a las protestas.
Un poco de historia
Los planes sociales para desocupados comenzaron a sumar beneficiarios durante el segundo mandato de Cristina Fernández, pero, llamativamente, tuvieron auge durante el gobierno de Mauricio Macri.
Durante las gestiones kirchneristas se crearon dos planes destinados a desocupados: el Salario Social Complementario y el Hacemos Futuro.
Se trataron de programas que percibieron desocupados que debían cumplir algunas contraprestaciones o insertarse en el ciclo educativo.
Cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder, el 10 de diciembre de 2015, había 270 mil desocupados que cobraban esta asistencia del Estado nacional.
Ya en aquel momento, las organizaciones sociales tenían una fuerte intervención en el proceso de altas de estos programas, a través de las cooperativas “productivas” que crearon.
Macri llegó al poder en diciembre de 2015, con la decisión de eliminar la asistencia para desocupados con la promesa que se crearían más de un millón de puestos de trabajo en el sector privado.
Durante el primer año de la gestión macrista hubo muchos enfrentamientos con los piqueteros, que casi semanalmente iban a protestar al Ministerio de Desarrollo Social que conducía Carolina Stanley.
Las organizaciones piqueteras que durante el kirchnerismo actuaron de manera individual, y cada una tenía distintas terminales en el Gobierno nacional, se reagruparon para enfrentar al macrismo.
En el año 2016, tres organizaciones de las más grandes (Movimiento Evita; Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie) crearon el tridente de San Cayetano.
Más tarde, crearon otro grupo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), con la participación de más agrupaciones, entre ellas, la que conduce Juan Grabois.
Este sector piquetero se convirtió en el interlocutor privilegiado con la ministra Stanley.
Esa buena relación se transformó un mayor protagonismo de las organizaciones sociales en la ejecución de los programas para desocupados.
Los piqueteros comenzaron a conformar “cooperativas de trabajo” en las cuales los beneficiarios cumplían las contraprestaciones que exigían los planes estatales.
Durante los cuatro años de gestión macrista, la asistencia para desocupados no sólo que no disminuyó, sino que aumentó de manera exponencial.
Luego de cuatro años de la administración de Macri quedaron 761 mil planes para desocupados, cuando Cristina Kirchner había dejado 270 mil.
Con la llegada de Alberto Fernández al poder, impulsado y acompañado por Cristina Kirchner en el segundo escalón de la fórmula, la asistencia para los desocupados tuvo otro capítulo de auge.
En el año 2020, Alberto Fernández decidió unificar el Salario Social Complementario y el Hacemos Futuro en el hoy cuestionado Potenciar Trabajo.
Esta iniciativa habría sido impulsada por los propios piqueteros oficialistas, la mayoría de los cuales pasaron a integrar distintas secretarías en el Ministerio de Desarrollo Social que conducía el dirigente massista Daniel Arroyo.
Uno de los referentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, un dirigente de perfil de izquierda, saltó del otro lado del mostrador y se convirtió en el secretario de Economía Social de la cartera nacional.
Durante la gestión albertista, el Potenciar Trabajo volvió a pegar un salto en cuanto al número de beneficiarios: llegó hasta el 1,3 millones de beneficiarios.
Aunque en el último año, hubo una disminución de más de 100 mil beneficiarios, por distintas irregularidades que encontró la última ministra Victoria Tolosa Paz.
Asistencia millonaria
Los beneficiarios del Potenciar Trabajo cobran la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Hoy son 78 mil pesos mensuales, que los beneficiarios percibirán el próximo 5 de enero.
Si se multiplica esa suma por la cantidad de beneficiarios da una cifra de 93.600 millones de pesos mensuales que debe desembolsar el Estado nacional.
Aunque hay mucho hermetismo, en el nuevo Ministerio de Capital Humano que conduce la mileinista pura Sandra Pettovello, se analizan distintas alternativas para este programa para desocupados.
Una posibilidad es que el Gobierno nacional les traspase el programa a las provincias y a los municipios.
No obstante, gobernadores e intendentes se negarán a asumir esta responsabilidad, sin los recursos para pagarlo.
