Cuando a comienzo de semana el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para reconvertir algunos planes sociales en programas con contraprestaciones por parte de sus beneficiarios, se reactivó un largo debate acerca de asistir a este sector o vincularlos con el empleo y la capacitación.
En Córdoba, las siete fuerzas políticas que se presentarán en las elecciones legislativas de noviembre hablaron con La Voz sobre cómo instrumentar estas ayudas.
El mapa de los planes sociales en Córdoba está atravesado por los programas nacionales más conocidos, como Potenciar Trabajo, la tarjeta Alimentar; por los provinciales, como PPP y Por mí; y por el municipal, con los servidores urbanos, por nombrar algunos.
Ese abanico de planes, capacitaciones y asistencia llegó en pandemia prácticamente al 50 por ciento de los cordobeses.
Sobre este escenario, los candidatos a senadores y diputados nacionales coincidieron en que con antelación es preciso vincularlos con la generación de empleo.
Los matices se dieron en cómo llegar a esa situación y hasta dónde todos los beneficiarios están en condiciones de trabajar o estudiar, ya sea porque son personas con menores a cargo, discapacitadas o con pocos conocimientos básicos para introducirse de lleno en el mercado laboral.
Desde Juntos por el Cambio
Luis Juez y Rodrigo de Loredo, candidatos a senador y diputado nacional, respectivamente, por Juntos por el Cambio, coincidieron en que hay que hablar de generación de empleo y entender a los planes sociales “desde una lógica de emergencia”.
Aunque apuntaron a que el Estado debería ser el garante para que los beneficiarios “sean reinsertados” en el mercado laboral.
Desde Hacemos por Córdoba
Desde Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota, presentaron un escrito en el que expresaron cuatros puntos básicos en los que consideraron como primera instancia plantear el plan social “como un subsidio al empleo y no al desempleo” para que las personas alcanzadas puedan brindar una contraprestación.
“Tal es el caso de la Asignación Universal por Hijo, que existe el aporte, pero los padres tienen que garantizar que sus hijos vayan a la escuela y completen, por ejemplo, el calendario de vacunación”, describieron.
Desde el Frente de Todos
En el Frente para todos, Martín Gill (candidato diputado), también coincidió en que los planes “no son subsidios al desempleo”, y defendió la decisión del Gobierno nacional en una mesa de trabajo en la que se articulan los programas con representantes de los ministerios, de las universidades y del sector privado para que se puedan vincular con programas relacionados con el trabajo.
Otras fuerzas
Juan Pablo Quinteros, candidato a senador por Encuentro Vecinal Córdoba, habló acerca de la necesidad de reconvertir los planes sociales para relacionar el estudio de la demanda que tienen las empresas y la capacitación de los beneficiarios de estos programas. Aunque hizo la salvedad que hay grupos que deberían ser asistidos, sin que se cumpla una contraprestación por ser discapacitados o tener menores a cargo.
“Hay que identificar las demandas en cuanto a perfiles, capacidades y destrezas requeridas en las empresas, por un lado. Y los gobiernos locales tienen que poder caracterizar el perfil de los que se encuentren en edad y condiciones de trabajar, por otro. A partir de ahí se deberán ajustar planes de capacitación”, insistió.
Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Laura Vilches, candidata a senadora, insistió sobre una reducción de la jornada de trabajo para fomentar más empleo y, así, evitar la generación de los planes sociales. Aseguró, además, que hay programas que “son un parche y que promueven la mano de obra barata de las empresas”. Por lo que alentó la idea del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a 50 mil pesos con característica temporaria. “Muchos no llegan a cubrir un salario básico porque trabajan en alguna cooperativa de empleo, o como en el caso de muchas mujeres, que están en situación de violencia de género. La asistencia estatal debería ser una medida temporal garantizándoles un ingreso mínimo a quien no tiene otro medio de subsistencia”, dijo.
Desde las dos fuerzas libertarias hubo coincidencias, por separado, acerca de vincular a los beneficiarios de los planes con el mercado laboral para que cumplan una prestación preestablecida. María Eugenia Gordillo, candidata a diputada por Libertad Avanza, propuso tres ideas acerca de los programas sociales: eliminación de la tercerización, exigencia en la contraprestación con trabajo comunitario y subsidio a empresas para que se generan nuevos empleos.
“El plan incondicionado, sin contraprestación alguna, es indigno, lleva a la persona a la dependencia económica de un puntero político restándole libertades y atenta contra la cultura del trabajo”, aseguró.
Desde Unión Popular Córdoba, el empresario Agustín Spaccesi propuso la unificación de los planes sociales, además del cumplimiento de los beneficiarios en contraprestaciones con un tiempo de permanencia en el programa. “Que haya una vinculación laboral, salvo discapacidad o pensiones, y que no haya organizaciones como intermediarias”, precisó.
La palabra de los candidatos
Juez-De Loredo: “Hay planes que condenan a las familias a no progresar”
Aunque sostuvieron la idea de que la asistencia y los planes sociales son necesarios en la Argentina, Luis Juez y Rodrigo de Loredo (Juntos por el Cambio) explicaron por qué, primero, prefieren hablar de la generación de empleo y, luego, pensar en una ayuda de emergencia por parte del Estado.
“La Argentina tiene que tener como gran objetivo, que es la generación de empleo y construir un modelo de país basado en la cultura del trabajo. La creación de empleo viene de la mano de inversiones que se logran cuando hay certidumbre, un programa de gobierno creíble, reglas claras y legislación laboral acorde”, aseguraron.
“Los planes sociales, en cambio, deberían tener una lógica de emergencia de corto plazo, para un período de tiempo acotado y ante circunstancias concretas”, agregaron.
Sobre estas dos definiciones, los candidatos de Juntos por el Cambio confiaron en que debe darse una contraprestación por parte del beneficiario del plan que lo vincule con el trabajo, aunque con la participación del Estado como garante de esta situación.
“Las políticas asistenciales deben cubrir una necesidad y apuntar a la existencia de una contraprestación para que, en el mediano plazo, apunte a aumentar la empleabilidad e incentivar la demanda de trabajo para que las personas se reinserten en el mundo laboral”, dijeron.
“El Estado no sólo debe garantizar la asistencia, sino promover reinsertarlo en la sociedad productiva y, de tal forma, pueda ganarse su propio sustento. Cambiar la cultura asistencialista por una cultura del trabajo”, aseguraron.
Aunque coincidieron en que “el problema en Argentina es que los planes sociales se volvieron estructurales y permanentes”.
“En muchos casos responden a una lógica clientelar atada a intereses políticos. Esos planes terminan condenando a familias enteras a no progresar, a que se rompa la idea y la oportunidad de movilidad y ascenso social”, señalaron. “El gran desafío de toda la dirigencia política es crear empleo y hacerlo rápidamente, aumentando el comercio y las exportaciones. Ahí debe estar nuestra energía”, resumieron.
Vigo-De la Sota: “Hay que subsidiar a quien lo necesite, no a todos”
Alejandra Vigo y Natalia de la Sota precisaron cuatro puntos necesarios para abordar el tema de los planes sociales “con criterios que tengan que ver con políticas sociales como las entendió Córdoba”. Sobre este planteo enumeraron: “Los programas tienen que ser focalizados en función de índices sociales estadísticos concretos, no universales. Por ejemplo, el subsidio a los servicios públicos se subsidia al vecino en situación de vulnerabilidad y también a las grandes empresas o a los sectores de altos recursos. Eso es ineficiencia en el uso del recurso que debe tener un fin solidario y de justicia con quienes tienen dificultades económicas”.
“Hay que subsidiar a quien lo necesita, no a todos. Eso es así en Buenos Aires, perjudica a todas las provincias, y es lo que queremos cambiar con nuestra propuesta de cambiar por ley el criterio de subsidios en general”, aseguraron.
En segundo lugar, explicaron que “se debe subsidiar empleo, no desempleo”. “En Córdoba tenemos un largo camino recorrido en este sentido: somos pioneros en programas como son los planes PPP, Por Mí y Pila, que subsidian el ingreso de los chicos al primer empleo. O a las mujeres con hijos o adultos que perdieron el empleo. Acá participan el Estado, pero también el sector privado con sus aportes. Hoy hay más de 35 mil cordobeses bajo alguno de estos programas de promoción de empleo”, dijeron. Y adelantaron que propondrán que los programas Salas Cunas, el Paicor, el Más Leche y Más Proteína tengan proyección nacional.
En el tercer punto coincidieron en que debe darse un compromiso por parte del interesado, sino “se vuelve ineficiente”. “Esto hay que hacerlo cumplir porque después no existe el control, no se cumple con la contraprestación, y el aporte se cae o queda sin la contraprestación”, indicaron. Por último, expresaron como cuarto criterio “subsidiar al consumidor y no a las empresas”. “Hay que identificar a los clientes en situación de vulnerabilidad y otorgar recursos en base a esa necesidad”.
Martín Gill: “Tiene que ser un estímulo para el empleo”
El secretario de Obras Públicas nacional y candidato a diputado por el Frente de Todos, Martín Gill, hizo mención a los cambios en el Gobierno nacional, a través de la firma de un decreto presidencial para que algunos programas cuenten con capacitación y se cumpla con la contraprestación por parte de los destinarios.
En ese marco, dijo que los planes tienen que ser concebidos como “puentes” y dio su apoyo a la decisión del Presidente “en transformar los planes sociales con programas con base laboral”.
“Es darles un estímulo al empleo, un puente de acceso al trabajo, más que un subsidio. Cuando terminó el Gobierno de Cristina Fernández había 350 programas sociales y durante la gestión de (Mauricio) Macri se elevó a un millón de planes, concentrados en algunas ciudades. Por eso planteamos que el desafío está plasmado en el decreto del Presidente. Es articular con los ministerios, con un proceso de reactivación en el que están los distintos sectores, el turismo, la obra pública, la construcción”, dijo.
“Esto pensando en articular con el sector privado, con las cámaras, como puede ser la construcción, con los sindicatos y, sobre esto, estamos trabajando en una mesa. Es momento de capacitarlos. Por ejemplo, vamos a realizar esto en la construcción para que tengan sus certificados. La idea es darles elementos para ponerlos en el trabajo, registrarlos y capacitarlos. De esta forma, reciben un plan y el empresario debe completar el valor del salario por ley”, explicó Gill.
En ese sentido, describió que es un programa similar al PPP provincial, aunque con mejoras porque se completa el ingreso al beneficiario con el aporte que realiza el empresario sobre el valor del salario por ley. Además, el sector privado tendrá quitas en las cargas patronales, en el primera etapa y, luego, reducciones de hasta el 95 por ciento.
“De esta manera, se permite un puente a través del plan social con una solución de emergencia y temporal, con un concepto de que no sea un subsidio al desempleo, sino un estímulo en la generación de ese empleo”, enfatizó.
Quinteros: “No pueden estar en manos de punteros políticos”
Juan Pablo Quinteros, candidato a senador por Encuentro Vecinal Córdoba, hizo una distinción entre aquellos beneficiarios que estarían en condiciones de prestar algún tipo de contraprestación y entre quienes por el rol familiar que ocupan o por su condición requieren de esa asistencia, aunque aclaró que deberían darse estos programas de ayuda sin intermediarios.
Respecto de aquellas personas que reciben planes sociales y que sí podrían brindar una contraprestación, Quinteros dijo que se debería, primero, identificarse la demanda laboral en las empresas, junto con una “clara participación de las administraciones municipales en conocer los perfiles de los beneficiarios”.
“Es necesario que la gente aprenda lo que tenga que aprender, con ganas y un docente que lo acompañe. Todo este proceso no se realiza de un día para el otro y requiere la colaboración de las instituciones educativas terciarias y universitarias trabajando articuladamente con los gobiernos locales”, sumó. Aunque remarcó que hay grupos que no podrán realizar una prestación y que deberían estar asistidos sin intermediarios.
“Estas personas que, por edad o algún impedimento físico o familiar no puedan trabajar, como en el caso de los discapacitados, madres, padres de niños con discapacidad que se ven imposibilitados de ser parte de la sociedad económicamente activa, deben seguir recibiendo planes sociales en forma directa por el Estado, pero no por intermedio de personas jurídicas que están en manos de punteros políticos. Tal es el caso de Milagro Sala, en Jujuy, con un Estado que se retiró de la administración y gestión de fondos y lo delegó a terceros”, dijo.
También insistió en que los planes deben servir para “afrontar situaciones particulares” y que “no deberían generar nunca una dependencia de determinadas personas del Estado ni un obstáculo para la creación de empleo registrado”.
Vilches: “Proponen un parche porque perdieron las elecciones”
Para la candidata a senadora por el Frente de Izquierda de los trabajadores, Laura Vilches, es preciso hablar de asistencia temporal, con la entrega de una IFE de 50 mil peros, pero que se acompañe con un cambio en la jornada laboral: menos horas diarias para que estas sean repartidas y se generen nuevos puestos de trabajo.
“Muchas de las personas que tienen planes sociales trabajan, hacen changas, pero están en la informalidad laboral y no llegan a cubrir un salario básico. Por eso hablamos de una asistencia estatal que debería ser una medida temporal, en la que se les garantice un ingreso mínimo a quien no tiene otro medio de subsistencia, como es un IFE de 50 mil pesos, que sea ingreso de emergencia”, dijo.
Advirtió, además, que la propuesta de programas sociales del Gobierno nacional son salidas en las que “se les garantiza a las empresas más manos de obra barata y que no generan empleo”.
“Es un parche demagógico porque perdieron las elecciones. Tampoco obliga a las empresas a hacer los aportes patronales, sino que las cubre el Estado. Es una forma de subsidio indirecto para los que se vienen enriqueciendo desde hace años. Por eso, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores proponemos una salida de fondo al problema de más de 2 millones de trabajadores desocupadxs: reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días, y garantizando que nadie cobre menos del costo de la canasta básica familiar”, dijo.
Gordillo: “El asistencialismo es una forma extorsiva de hacer política”
María Eugenia Gordillo, candidata a senadora por Libertad Avanza, expresó que es hora de transformar el “Estado asistencialista y paternalista” y que es necesario “recuperar la cultura del trabajo”. “Hay que transformar al actual Estado que te brinda y te cuida en uno que potencie el progreso individual de los ciudadanos porque el gasto social asistencialista creció formidablemente desde 2002 y, a su vez, aumentó el gasto público. Se trata del déficit del Estado que gasta más de lo que recauda”, aseguró.
Para Gordillo, es preciso transparentar el acceso a los planes sociales, exigir que los beneficiarios cumplan una contraprestación y subsidiar a las empresas para que generen empleo. “El asistencialismo, mediante planes sociales, se convirtió en una forma extorsiva de hacer política y que, lejos de ayudar, perjudica a los que menos tienen. Cuando se otorga plata sin condiciones, el mensaje que se está dando es que se puede vivir sin trabajar. El plan incondicionado, sin contraprestación alguna es indigno, lleva a la persona a la dependencia económica de un puntero político restándole libertades”, aseguró.
“Somos conscientes que en la Argentina, con un 50 por ciento de pobres, los planes sociales, al menos, aseguran la comida del sector más vulnerable de la sociedad y ellos no pueden pagar los platos rotos de años y años de políticas empobrecedoras –agregó-. El ajuste del Estado debe empezar necesariamente por la clase política, con la ética de la Emergencia”.
Spaccesi: “Tiene que haber por parte del beneficiario una devolución a la sociedad”
Agustín Spaccesi, candidato a senador por Republicanos (dentro de Unión Popular Federal), planteó una unificación de los programas sociales, además de una temporalidad.
“Hay casos puntuales, como personas discapacitadas o que reciben una pensión social, pero en general estos programas deben tener un tiempo. Y lo segundo que nos parece importante es que deben dar una contraprestación efectiva en el sector privado o público”, dijo Spaccesi.
También expresó que esta contraprestación tendría que estar acompañada con formación a los beneficiarios de los programas sociales. “Tiene que existir una devolución de estas personas a la sociedad, al Estado que lo está ayudando y que haya también una capacitación para ayudarlas en el mercado laboral. Tiene que haber estudio, que terminen la primaria, la secundaria, un oficio que necesiten para que tengan herramientas”, indicó Spaccesi.
Vinculó el tema, además, con una reforma laboral: “Es necesaria una resolución integral que permita a las pequeñas y medianas empresas generar empleo y que los beneficios puedan integrarse al mercado laboral”.
“Estos planes municipales, provinciales y nacionales tienen que vincularse porque unos acceden, otros lo hacen desde una organización y otros ni acceden. Es necesario un padrón único y una entrega directa desde la Nación sin intermediarios”, resumió.
