La pobreza es un indicador de deterioro social persistente en nuestro país. En los últimos años, el mercado de trabajo sólo generó empleos de baja productividad, y la inflación golpea cada vez más fuerte a los trabajadores no alcanzados por las regulaciones laborales.
El asistencialismo aporta apenas paliativos y está mal organizado. Es urgente accionar en reformas que alienten a ordenar el gasto del Estado e incentiven la creación de empleos en el sector productivo de mayor calidad.
El miércoles, el Indec dio a conocer los datos de pobreza e indigencia para el primer semestre de 2022. La cantidad de personas pobres en el país es de 36,5%. El dato implica una disminución de 0,8 puntos respecto de finales de 2021. No obstante, más de un tercio de la población continúa siendo pobre.
En el mismo período, la cantidad de personas en estado de indigencia –que no alcanzan a suplir sus necesidades alimentarias– aumentó 0,4 puntos. Aunque nos hayamos (mal) acostumbrado a este tipo de niveles, la magra situación social de Argentina requiere de profundas transformaciones para que mejore, en serio, la situación.
Ingresos bajos y deteriorados por la inflación
En los últimos años, la pobreza tocó pisos de 25% en 2017, y desde allí en adelante nunca más volvió a esos valores. Primero, la crisis cambiaria de 2018 y 2019 llevó la pobreza al orden del 35%. Luego, el confinamiento estricto decretado tras la pandemia volvió a subir la medición en torno del 45%.
A partir de allí, al ir recuperándose la actividad, se da un leve descenso de la pobreza en 2021 y la primera parte de 2022, pero los niveles siguen permaneciendo altos.
Uno de los principales factores explicativos del aumento de la pobreza es el crecimiento sostenido de la inflación. Pero junto con el aumento generalizado de los precios, existe una alta informalidad laboral. La concurrencia de estos dos elementos lleva a que la pobreza alcance niveles muy altos.
Es que el trabajador informal carece de poder e instancias formales de negociación salarial, como paritarias, que sí están garantizadas en empleos registrados.
Desde 2018, la variación de los salarios informales ha sido por debajo de la evolución de los precios de las canastas de bienes que determinan la indigencia y la pobreza. Así, entre junio de 2018 y junio de 2022, el salario informal se incrementó en promedio un 2,9% cada mes, contra un 3,5% de la canasta básica.
Esos números arrojan una pérdida de poder adquisitivo mes a mes del 0,6% y acumulan en todo el período un 25%. Es decir que desapareció un cuarto de los ingresos de los informales sólo por efecto de la inflación.
No se genera empleo de calidad
A esta situación se debe sumar que del millón de empleos generados en el último año, casi la totalidad (un 86%) corresponde a puestos no registrados, los cuales son candidatos a engrosar las filas de la pobreza.
El fenómeno de la informalidad se explica, en parte, por el entorno hostil para la inversión; es decir, un empresariado condicionado por la falta de previsibilidad y los altos costos laborales. Y en parte por una población con un bajo nivel educativo: más del 50% de las personas pobres no alcanzó la educación secundaria, lo cual limita sus posibilidades de conseguir un empleo en blanco.
Hay que ir más allá del asistencialismo
La principal respuesta que provino de la clase política ante el problema de la pobreza fueron sólo paliativos. Un asistencialismo rudimentario y discrecional, que parece estar más enfocado en lo electoral que en lo social.
Como prueba de ello, el gasto social consolidado de los tres niveles de gobierno ha venido aumentando constantemente en los últimos 20 años, al punto de que si se repartiera de manera directa entre cada familia pobre, se lograría erradicar la pobreza por completo.
Esto lleva a la conclusión de que se está gastando mal y que no es cuestión de incrementar el gasto, sino de reordenarlo. Pero hay que hacerlo sin perder el foco del problema principal, ya que la asistencia social debe ser un dispositivo cuidadosamente pensado para casos de extrema necesidad, y además temporal, mientras dure esa necesidad.
El actual contexto de combinación de alta informalidad con alta inflación no se resuelve atacando los síntomas, sino que hay que ir hacia los fundamentos de la pobreza. Para detener el deterioro social, resulta imprescindible bajar la inflación. Pero para lograrlo y a la vez generar condiciones propicias para la inversión y el crecimiento hay que abordar con urgencia un ordenamiento integral del sector público.
Sólo con un Estado financieramente equilibrado, que provea instituciones que den competitividad y previsibilidad, y con mejoras en la infraestructura y servicios a la población, se avanzará genuinamente hacia la creación de empleos de calidad y la consecuente disminución de la pobreza.
* Economista de Idesa
