Las cuentas públicas cayeron en déficit en julio por la fuerte concentración de los intereses de la deuda y así se interrumpió una serie de seis meses con resultados positivos.
El sostenimiento del superávit fiscal es el pilar fundamental de la política de Javier Milei, que mes a mes avanza sobre nuevos recortes para consolidar este balance.
De hecho, en el Boletín Oficial de este lunes se publicó la reestructuración general de Ministerio de Economía que incluye la eliminación y absorción de distintas dependencias y organismos públicos.
Pese a la pretensión del gobierno, es una constante que en julio de cada año las cuentas queden en rojo por efecto de la concentración del pago de intereses de deuda, que en 2025 ascendieron a U$S 4.200 millones.
Así, durante el séptimo mes del año Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.749.386 millones, pero que se transformó en déficit de $ 168.515 millones, tras el pago de intereses por $1.917.901 millones.
De acuerdo a los datos que informó el Ministerio de Economía, en julio los ingresos totales tuvieron un alza interanual de 2,8%, mientras que el gasto primario tuvo una caída de 1,3%. Esto significa que hubo una mejora real (ajustada por inflación) del superávit primario de 41%, mientras que el gasto descendió 7%.
De esta forma, el superávit primario acumulado a julio de este año es del orden de 1,1% del PIB, por debajo del 1,35% que se había registrado en el mismo período del año pasado. En tanto, el superávit fiscal total sería de 0,3% del PIB. Los intereses de deuda que se pagaron fueron equivalentes a 0,8% del PIB.
De los números oficiales surge que las cuentas públicas no están holgadas y en caso de convertirse en los proyectos de aumento de jubilaciones, restitución de moratoria, y Emergencia en Discapacidad el gasto aumentaría 1,7% delo PBI. De esta forma, el gobierno entraría en déficit y estaría obligado a emitir o colocar más deuda, en momentos en que los mercados aún permanecen cerrados. En las últimas horas, un juez federal dictaminó que el veto sobre la ley de Emergencia en Discapacidad (con gasto entre $ 0,22 y 0,42% del PIB) es inválido. Ahora el gobierno apelará esa medida para evitar cumplir con la norma.
Cabe recordar que el gobierno se autoimpuso una meta de superávit primario de 1,6% del PIB en el acuerdo con el FMI para intentar convencer a los mercados que mantendrá bajo control el gasto público y que así obtendrá los recursos necesarios para hacer frente al pago de la deuda. De esta forma se intenta una baja del riesgo país para refinanciar los vencimientos de capital, lo cual, por el momento, está lejos de ocurrir.
Bloquear cualquier proyecto de aumento del gasto por parte del Congreso es fundamental para el programa económico de Milei, y esa es una de las razones por las cuales hace una fuerte apuesta a las elecciones parlamentarias de octubre.
