En una decisión con la que busca ponerse al frente del tema y acelerar el debate en el Congreso, el presidente Javier Milei firmará la semana próxima un decreto para iniciar el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas. El anuncio, formulado por el vocero Manuel Adorni, generó expectativa y algunos reparos entre los bloques de la oposición.
El decreto declarará a Aerolíneas como “sujeta a privatización” según el artículo 9 de la Ley 23.696, sancionada en el menemismo, que establece que “la declaración de ‘sujeta a privatización’ la realizará el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso”. Es decir que, luego del decreto, la decisión debe ser refrendada por el Parlamento.
Según la norma a la que recurrirá Milei, lo que se hace con el decreto es darle “trámite parlamentario de preferencia” a los proyectos de ley. “De esta manera, se acelera la definición sobre el futuro de la compañía”, explicó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y uno de los impulsores de la privatización.
Con el decreto, la Casa Rosada busca imprimirle celeridad al debate que comenzó el último miércoles en las comisiones de Transporte y de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde expusieron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta (el presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, también estaba citado pero no asistió).
“Es el Congreso el que debe validar esta iniciativa. Apelamos a la responsabilidad de los legisladores que representan a las provincias que necesitan estas mejoras, tanto en los servicios como en los costos”, especificó Mogetta en declaraciones a Todo Noticias.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Transporte, Pamela Verasay (UCR), explicó que “el anuncio del decreto no altera el trabajo que se viene realizando en el plenario de comisiones. El PEN dispuso el envío de la norma en el marco de la Ley 23.696 de Reforma del Estado y al efecto de sumar su intención de declarar sujeta a privatización a Aerolíneas a los proyectos que están en tratamiento”.
El sector del radicalismo más proclive a acompañar la privatización interpretó el decreto como una señal de “ratificar la clara voluntad del Ejecutivo de privatizar”, lo cual consideraron “importante y esclarecedor”. Es que Milei no envió ningún proyecto al Congreso: los dos que hay en tratamiento pertenecen al PRO, con Hernán Lombardi a la cabeza; y a Juan Manuel López de la Coalición Cívica.
El hecho mereció una chicana de López. “El FOMO que le dio a Milei que avance un proyecto de la Coalición Cívica para privatizar Aerolíneas...”, ironizó el “lilito” tras el anuncio de Adorni, refiriéndose a la patología que se conoce como “miedo a perderse algo”.
El diputado y ex juez Fernando Carbajal, el único radical que habló en el debate y avisó que no acompañará una privatización “a libro cerrado”, admitió que “si quieren privatizar se comienza con un decreto”, pero advirtió que “en el decreto también tienen que decir para qué, cómo y qué se va a privatizar”.
También hubo escepticismo en Encuentro Federal, el bloque de Miguel Pichetto. “Con los antecedentes argentinos, ¿qué empresario compraría Aerolíneas Argentinas sin una ley robusta del Congreso que avale la venta y las condiciones comerciales? ¿Cuánto pagaría? El que tiene el capital para adquirir una aerolínea no va a arriesgarse a terminar litigando en tribunales argentinos”, pronosticó Oscar Agost Carreño.
La posición del bloque de Pichetto será clave a la hora de los votos. En el plenario de comisiones, un miembro de ese espacio, Nicolás Massot, le preguntó a Mogetta cuál será la modalidad y el procedimiento de la privatización, y el funcionario contestó que todas las opciones están abiertas. Massot reclama que esas precisiones queden plasmadas en la ley.
El debate en Diputados iba a retomarse el próximo martes, pero como la Cámara tiene previsto sesionar ese día, el plenario deberá reprogramarse. A las próximas reuniones se convocará a invitados. Unión por la Patria, que está en contra de la privatización, anticipó que pedirá la presencia de los sindicalistas aeronáuticos, que están en tensión con el Gobierno.
Al anunciar el decreto, Adorni sostuvo que “Aerolíneas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal”.
El funcionario reiteró uno de los principales argumentos del Gobierno: que desde su reestatización, en 2008, “los aportes del Estado nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8.000 millones de dólares”. “¿Por qué los argentinos que no viajaron nunca en su vida deben cubrir esta atrocidad?”, se preguntó.
La diputada de Unión por la Patria y exdirectora nacional de Migraciones Florencia Carignano salió a contrarrestar ese dato: “Dicen que el Estado aportó 8.000 millones de dólares a la empresa, que es la cifra total desde su reestatización en 2008, es decir a lo largo de 15 años. Lo que no te cuentan es que solo en 2023 Aerolíneas generó 8.000 millones de dólares de impacto positivo en la economía”.
Desde el mismo bloque también criticó el anuncio el economista Itai Hagman. “Salen a intentar instalar un tema diciendo que la semana que viene van a mandar un decreto que igual tiene que tratar el Congreso y que no le va a mejorar la vida a nadie”, lamentó.
