En el marco de la investigación por el escándalo de los seguros contratados durante la gestión de Alberto Fernández, el juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes del expresidente, también de su amigo el broker Héctor Martínez Sosa como de su esposa, la ex secretaria del jefe de Estado María Marta Cantero. Dentro de la resolución se incluyó además un extenso listado de aseguradoras que intervinieron en la maniobra bajo investigación que se enfoca en los contratos de distintos organismos del Estado con Nación Seguros SA.
Dentro del expediente, se investiga la posible existencia de una organización delictiva que “habría operado en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA; como así también a la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
Además, se ordenó el levantamiento del secreto bancario de los principales imputados, entre ellos el de Fernández, Martínez Sosa, su empresa y Cantero, quien también fue secretaria de Alberto. Otras 30 personas físicas y jurídicas están bajo investigación.
La causa investiga las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Alberto Fernández impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa “Nación Seguros SA.
Dentro de los aspectos centrales que la Justicia cuestiona, está el hecho de que ese decreto habilitaba la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones. Además de esto, se planteó que la decisión tomada por Alberto Fernández vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas. Luego, se estableció la posibilidad de dar participación a otras aseguradoras en forma de coaseguro.
Es en esta última etapa que “gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contaron con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas) entre los que se encuentran, entre otros, Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello”.
Para ello, se usaron las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía S.A.; TG Broker S.A.; Bachellier S.A.; Castello Mercuri S.A. y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. “Se les abonaron comisiones que conforme lo denunciado, serían superiores a las de mercado y/o habrían sido designados por las respectivas reparticiones públicas mediante un irregular o inexistente o direccionado proceso de selección”, afirma la resolución.
Según la investigación, estas cinco firmas “se ubican en la cúpula entre los intermediarios que mayores comisiones percibieron desde el año 2020 hasta la elaboración del estudio”. Se trata de Bachellier, en el primer puesto, Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, en el segundo. Le sigue, Castello Mercuri, a continuación se detalla a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y en el quinto lugar, TG Broker.
De acuerdo a lo indicado, en conjunto las cinco acumulan $ 2.782.170.946 en comisiones de Nación Seguros durante el período en cuestión, sobre $ 3.453.302.777 pesos del total de productores, representando más del 80%.
Por ello, el juez decidió ampliar la ventana de tiempo en la que se habrían cometido las presuntas irregularidades bajo investigación. Ahora, se abarca toda la presidencia de Fernández porque se determinó la existencia de “dichas intermediaciones entre ambas partes contratantes con anterioridad al dictado del mencionado decreto”.
Con información de Clarín
