La Legislatura de Córdoba será este martes la caja de resonancia de los últimos hechos políticos y judiciales de la semana. Por un lado, el PJ pedirá el repudio para el radical Rodrigo De Loredo por el video publicado con Inteligencia Artificial que involucró al gobernador Martín Llaryora; y por otro, la oposición insistirá con la renuncia y el juicio político al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
Se tratará de la última sesión ordinaria antes del receso invernal de dos semanas, por lo que se espera que en el debate la oposición descargue la batería de proyectos presentados tras la detención el viernes pasado del titular de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, acusado como jefe de una presunta asociación ilícita, junto con otros seis policías y civiles involucrados.
El bloque de Hacemos Unidos por Córdoba está decidido a abrir el debate y defender la posición del oficialismo acerca que en “Córdoba se investiga” y no hay intromisión del Poder Ejecutivo, al tiempo de salir a bancar al ministro Quinteros en su gestión en Seguridad.
Aunque abrir el micrófono al arco opositor no significará que el PJ apruebe sobre tablas los pedidos de renuncia y juicio político.
“Por qué no vamos a debatir, está trabajando la Justicia”, dijo un legislador justicialista. Y lo mismo repitió un hombre de la mesa chica del gabinete provincial al afirmar que Quinteros tiene “banca” y que el Ejecutivo no enviará por estas horas un proyecto relacionado con la Policía. “Institucionalmente funcionó todo correctamente”, aseguraron desde el Centro Cívico.
En la oposición hay varias propuestas que van en la misma línea: pedir la renuncia de Quinteros, citarlo a la Legislatura provincial o intervenir la fuerza policial. La UCR irá un poco más allá y solicitará el juicio político.
“Vamos a insistir hasta que se vaya Quinteros”
El presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, recordó que el juecismo fue el primer espacio político que pidió la dimisión de Quinteros.
“Vamos a seguir insistiendo en que Quinteros se vaya y ponga a alguien que sepa de un tema, como la seguridad que es una cuestión acuciante para todos los cordobeses”, dijo Nostrala.
En los fundamentos del proyecto, el juecismo expresó: “Este nuevo escándalo, en el que se involucra al director de la Policía Caminera, es un hecho de suma gravedad institucional, el que debe responder el ministro de Seguridad ya que es la máxima autoridad del área y responsable de su designación, acción y conducción”.
“Es imperioso que el gobernador le exija al ministro Juan Pablo Quinteros se aparte de su cargo. El gobernador debe asumir su responsabilidad sin miedos. Sin especulaciones políticas... Recuerde que debe escuchar, que es un simple ciudadano, que hoy está investido de gobernador por el voto de los ciudadanos de la provincia de Córdoba”, dijeron.
Alejandra Ferrero: Hay impericia
Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, también presentó el pedido de renuncia de Quinteros. Además, el bloque de la UCR solicitó el pase a retiro del titular de la Policía de la Provincia de Córdoba, el comisario General Héctor Gutiérrez, “en virtud de la impericia manifiesta, ante las detenciones de diversos jefes policiales imputados por graves delitos”.
Y un tercer proyecto en el que la UCR promueve el juicio político contra el ministro de Seguridad por “encontrarse incurso en las causales de mal desempeño e indignidad en el ejercicio de sus funciones”.
Entre los fundamentos, los legisladores opositores aseguraron: “La inseguridad en Córdoba es absolutamente peligrosa y cada día se incrementa más, evidenciando la incapacidad manifiesta del ministro para resolver los gravísimos problemas de delincuencia, narcotráfico, y hasta corrupción policial, en la provincia. No tuvo la idoneidad necesaria para llevar a cabo un plan de seguridad efectivo y contundente”.
También cuestionaron que se dieron ascensos a los policías detenidos “sin haber contemplado la totalidad de la información”.
Hernández Maqueda: “Hay que poner freno a la impunidad”
Entre los opositores, el liberal Gregorio Hernández Maqueda solicitará que se trate sobre tablas un proyecto de su autoría que establece el pedido para que el ministro Quinteros se presente a comparecer “para brindar precisiones respecto al estado y transparencia de las fuerzas de seguridad provinciales, y en especial la implicancia de altos mandos en hechos delictivos y la responsabilidad del Ministerio en las causas”.
Aunque advirtió que su proyecto apunta al pedido de juicio político contra Quinteros, pero que también denunciará al fiscal que entiende en la causa, Guillermo González, por “la violación al principio de separación de poderes”.
“El Legislativo no tiene competencia para solicitar la renuncia de un ministro, ya que esa es una facultad exclusiva del titular del Ejecutivo. Un legislador solo puede pedir el juicio político a un ministro, eso es lo que corresponde. Por eso vamos a insistir en que, después de 24 años, al fin se constituyan las salas y así poner un poco de freno a la impunidad y falta de control de la gestión ejecutiva. “, expresó el legislador.
Rossi pidió triple control
También el radical disidente Dante Rossi reclamará la intervención de la fuerza policial y que sea la Unicameral la que le dé aval a cada nombramiento de jefes de la Policía.
“Hay que avanzar hacia un triple control de las fuerzas de seguridad, con participación del Poder Legislativo, organismos independientes y la ciudadanía”, insistió Rossi.
El libertario Agustín Spaccesi es otro de los legisladores que se expresó sobre la detención del jefe de la Policía Caminera. “Exigimos una purga real, no maquillaje. Queremos una policía al servicio de la ley, no del lucro y la impunidad. Y le recordamos al oficialismo: el silencio también es complicidad”, dijo.
El video de De Loredo: “Es un accionar deshonesto”
El oficialismo no le dejará pasar al diputado De Loredo el video en el que simuló un discurso del gobernador Llaryora, por lo que los legisladores justicialistas Facundo Torres y Leonardo Limia presentaron proyectos en repudio a la publicación del radical.
“El accionar del diputado constituye una acción vil, planificada, deshonesta y peligrosa que daña no sólo a la persona del gobernador sino a la calidad institucional de la República. No hay tecnología ni estrategia electoral que justifique una injuria. No hay libertad de expresión que ampare una mentira premeditada”, fundamentó Limia.
