La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó la decisión de la jueza Marta Yañez de elevar parcialmente a juicio la causa por la tragedia del submarino ARA San Juan, que se hundió hace siete años con sus 44 tripulantes a bordo, a más de 900 metros de profundidad.
El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos y lo afrontarán los cuatro marinos que se encuentran procesados: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento (máximo cargo operativo en la Armada); el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.
A todos ellos, la jueza Yañez los procesó por considerarlos responsables de los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte”, según publicó La Nación.
Al margen del juicio, proseguirán las actuaciones en la etapa de instrucción en el resto de los investigados. En su momento se había dictado la falta de mérito de los marinos Eduardo Luis Malchiodi, Jorge Andrés Sulla y José Alberto Marti Garro. Los familiares de las víctimas, en tanto, reclaman que se avance sobre las responsabilidades políticas.
Tagliapietra: “No alcanza”
“No nos alcanza, estamos lejos aún en nuestra búsqueda de verdad y la justicia, a casi siete años de su desaparición y casi seis del hallazgo de sus restos”, señaló el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos y abogado en representación de varios de los familiares de las víctimas.
Agregó al medio porteño que la investigación se extienda al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Armada en el momento de la tragedia, almirante Marcelo Srur.
Los restos del submarino fueron hallados el 16 de noviembre de 2018, tras un año de búsqueda, a unos 505 kilómetros del litoral marítimo; en línea perpendicular con la costa de la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
La elevación parcial a juicio se decidió pese a que no fue posible realizar una pericia submarina naval, que la Cámara Federal había ordenado en noviembre de 2020. Para ello se enviaron requerimientos a reparticiones oficiales de nuestro país y del exterior.
En la resolución judicial se menciona que “las únicas potencias que contaban con expertos en la materia eran Países Bajos, Portugal, Estados Unidos, Egipto e India”, aunque se presentaron obstáculos que impidieron concretar los estudios.
Ante los reclamos de los familiares, la Cámara determinó en su nueva resolución que cuando se encomendó la realización de la pericia submarinista-naval “destacamos que no era una diligencia indispensable para construir el grado de certeza que se requería para que la causa avanzara hacia sus etapas definitorias”.
Los jueces consideraron, así, que en este estado de la instrucción se encuentra suficientemente probado que el submarino San Juan no reunía las condiciones de alistamiento requeridas para una navegación como la que fue ordenada y ello justifica el reproche penal”.
