Cuando hace una semana el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció por la red social X que el Poder Ejecutivo convocaría a sesiones extraordinarias hasta el 27 de diciembre, el plan ya parecía de difícil concreción: quedaban solo dos semanas hábiles completas y una tercera interrumpida por la celebración de Navidad, para debatir temas tan álgidos como la reforma electoral.
A una semana de ese anuncio, no solo no se publicó en el Boletín Oficial el decreto de convocatoria, sino que el Gobierno ya admite que se empantanaron los acuerdos con los bloques dialoguistas y que, a esta altura, es casi un hecho que no abrirá el Congreso en diciembre.
“Hasta hoy no tenemos acuerdos que nos indiquen un temario para tratar en extraordinarias. Todos conocen cuál es nuestra situación parlamentaria, saben que somos una minoría. Dependemos de preestablecer acuerdos para tratarlos en el Congreso en extraordinarias”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a CNN Radio.
Aunque no lo descartó directamente, Francos admitió, desde Casa Rosada, que la convocatoria está complicada: “Hoy diría que todavía no los tenemos (los acuerdos). En diciembre hasta ahora no convocaríamos. En esta situación de ahora no convocaríamos”.
De esa manera, el jefe de Gabinete explicitó que el Gobierno tiene una verdadera intención de avanzar con el temario y no abrir debates testimoniales, como se especuló en un momento. Ante el riesgo de cerrar un buen año parlamentario con un traspié, la decisión sería desistir de abrir los recintos.
La intención del Gobierno
Adorni dio a conocer el llamado a extraordinarias el miércoles pasado, horas después de que Martín Menem fuera reelecto como presidente de la Cámara de Diputados. En la Rosada aguardaban entonces el resultado de la sesión preparatoria para no dar un paso el falso.
El vocero presidencial había detallado que la convocatoria incluiría como temas principales la reforma electoral, que elimina las PASO y los aportes públicos de campaña; y la reforma política, que endurece los requisitos para la conformación y vigencia de los partidos.
También proponían tratar la ley de juicio en ausencia, aplicable a la investigación por el atentado a la AMIA; la “Ley Antimafias” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para el combate de organizaciones criminales; una autorización formal para que Javier Milei pueda salir del país; y una “reforma en los fueros de la política” a raíz del escándalo del senador detenido Edgardo Kueider.
La reforma electoral y política eran, de antemano, un objetivo ambicioso por el escaso tiempo disponible para el debate y la falta de acuerdos con los bloques dialoguistas. El oficialismo nunca contó con apoyo del PRO ni de la UCR para derogar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. De hecho, la idea ya había naufragado en la Ley Bases.
Por otra parte, la reforma en los fueros pareció más una declaración de intenciones, ya que no ingresó al Congreso ningún proyecto. El Senado sesionará este jueves y definirá si suspende o expulsa al senador entrerriano detenido en Paraguay por portar 200.000 dólares sin declarar. La sesión ya fue convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Las extraordinarias también se complicaron porque diputados de la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, como también Unión por la Patria, reclamaban la incorporación del Presupuesto 2025, que quedó trunco luego de que la Casa Rosada cerrara las negociaciones con gobernadores.
Otro factor que dificulta las sesiones en diciembre es un viaje diplomático de una comitiva de diputados a China. El evento ya se había suspendido una vez porque coincidió con la sesión por el veto a la movilidad jubilatoria. La delegación es encabezada por la libertaria Juliana Santillán.
Con las extraordinarias casi descartadas para lo que resta del año, el Congreso recién retomaría la actividad en febrero, si el Gobierno decide insistir con el temario, o bien directamente en marzo cuando se inaugure un nuevo período de ordinarias, el segundo de la gestión de Javier Milei.
En Diputados, Martín Menem ordenó a los empleados tomarse todo el mes de enero de vacaciones y solo habilitó guardias mínimas de 10 a 17, con lo cual abortó la posibilidad de que haya actividad en ese período. En la Cámara baja se siente el agotamiento por el nivel de actividad que hubo desde enero con la Ley Bases.
