La polémica y la discusión están servidas en el inicio de un año electoral. Comenzaron a llegar los cedulones del Impuesto Inmobiliario Urbano Provincial, con aumentos que en algunos casos superan ampliamente el 172,5% que la administración del gobernador Martín Llaryora puso como tope para el incremento. La oposición local encontró un terreno fértil para sembrar cizaña. La campaña electoral ya está en marcha en Córdoba.
En el Congreso nacional se comenzó a debatir este martes en comisión si se suspenden las Paso (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) nacionales.
No es un dato menor, ya que la posible suspensión de las primarias, previstas por ley para el primer domingo de agosto, demoraría el arranque de la campaña para las elecciones legislativas de octubre.
En Córdoba, la dirigencia política no se sentó a esperar lo que se resuelva en el Congreso: ya arrancaron con la campaña.
El sábado pasado, en Deán Funes, en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Martín Llaryora expuso con claridad el plan electoral del PJ cordobés: diferenciarse de gobierno libertario nacional y apostar a su gestión provincial.
La oposición provincial, que en los últimos tiempos no brinda señales de unidad, ahora coincidió en salir a cuestionar el incremento de los impuestos provinciales.
Mientras en su mensaje oficial el gobernador Llaryora aseguró que Córdoba es una de las provincias con menor carga impositiva, sus principales opositores arrancaron la embestida contra la suba de los impuestos provinciales.
“En el medio de un feroz y salvaje impuestazo del Gobierno provincial, Llaryora les dice a los cordobeses que somos la provincia con menor presión fiscal sin ponerse colorado. La cara es de mármol”, disparó De Loredo, en sus redes sociales, desde el mismo palco de invitados, en el momento que el mandatario provincial brindaba su discurso en el norte provincial.
Unas horas antes, en una entrevista con Voz y voto, Luis Juez fue más allá en la crítica contra la gestión llaryorista, apuntando al lejano 2027.
“El gobernador Llaryora metió un impuestazo a los cordobeses para sostener un esquema de corrupción. Capaz que al presidente Milei le interese terminar con la corrupción en Córdoba y tener un gobernador más austero”, justificó el senador nacional, cuando se lo consultó sobre los motivos por los cuales el presidente Javier Milei debería apoyar su prematuro lanzamiento como candidato a gobernador.
Esta discusión amenaza con no ser sólo una tormenta de verano. Los legisladores opositores llevaran el tema en la sesión en este miércoles, que se pronostica será más caliente que “el calorón” climático del lunes.
De Loredo volvió a hablar este martes, antes de embarcarse a Capital Federal, en un vuelo que compartió con Juez. El propio diputado radical dejó constancia de ese encuentro casual, con una foto en sus redes sociales.
“El aumento del Inmobiliario Urbano es confiscatorio e impagable. Literalmente va a fundir a muchos comercios”, arremetió De Loredo, quien agregó un dato que no pasó inadvertido en el Centro Cívico.
“Mientras el Gobierno nacional tuvo que reducir de 18 ministerios a 8, el gobernador aumentó y mantiene una cartera de 14 ministros y 10 agencias. Mientras en el Gobierno nacional tuvo que reducir el empleo público en 37 mil empleados, el gobernador pasó a planta permanente a 5.000 empleados”, dijo el radical.
Desde la gestión llaryoristas salieron a desmentir esa cifra, sobre la supuesta incorporación de agentes públicos al Estado provincial.
“El Gobierno de Córdoba desmiente categóricamente las afirmaciones falsas difundidas en distintos medios de comunicación por el diputado nacional Rodrigo De Loredo, quien sostiene que la actual gestión ha incorporado a 5.000 empleados a planta permanente”, arrancó diciendo un comunicado oficial de la Casa de Gobierno, desmintiendo la cifra brindada por el diputado radical.
El inusual comunicado oficial (generalmente, a las desmentidas las hacen funcionarios o legisladores oficialistas) nada dijo sobre las otras afirmaciones de De Loredo, por ejemplo, en cuanto a que “en algunos casos, el aumento del Inmobiliario Urbano superaba el 1.000%”.
En el Centro Cívico están atentos a la reacción social por los aumentos. Fuentes oficiales aseguran que “se respetará” el tope del 172,5% de aumento que se anunció.
Las mismas fuentes oficiales agregaron: “La gente está pagando más que el año pasado la cuota única. Si hubiera malestar no lo harían”, argumentó una voz llaryorista.
Desde el Gobierno provincial aseguran que en cuanto al Inmobiliario Urbano sólo el 1% (alrededor de 18 mil casos), el aumento superó el tope previsto. “Son casos que se analizarán”, dijeron desde el Centro Cívico.
Aunque, en medio de las críticas, hubo un intento de corrección. La Provincia anunció que en el caso del Inmobiliario Rural, se podrá pagar en cuotas, sin interés, lo que supere el mencionado tope de incremento.
Parece una reacción anticipada por una presunta reacción del campo, un sector muy escuchado por el gobernador.
Dirigentes de las entidades agropecuarias les habrían anticipado a funcionarios llaryoristas que podría haber una “fuerte reacción” del sector agropecuario, si el incremento del Inmobiliario Rural excede el tope. Una realidad que se conocerá en los próximos días.
Contexto
Los aumentos en los nuevos cedulones llegan en un contexto, que seguramente la oposición provincial buscará sacarle una tajada: desde la Casa Rosada le reclaman a los gobernadores que reduzcan la presión impositiva.
El propio Llaryora brindó una respuesta a ese reclamo del ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los funcionarios libertarios con los cuales mejor se lleva: la Nación abandonó a las provincias.
Este será otro de los ejes de la campaña legislativa en Córdoba, que el gobernador remarcó en su discurso del sábado pasado en Deán Funes. El Gobierno nacional dejó de enviar fondos para la Caja de Jubilaciones, para el transporte urbano, educación y salud.
Llaryora mostró una de las cartas con las cuales intentará acorralar en la campaña a los dos principales opositores locales: les sugirió a Juez y a De Loredo, que por su relación cercana con el gobierno libertario, le reclamen esos fondos que no llegan (y parece que no llegarán) a Córdoba.
Ambos opositores no respondieron al desafío que les planteó el gobernador. De Loredo y Juez apuestan a llevar agua para su molino, cuando el aumento de los impuestos impacte en los bolsillos y la economía de los cordobeses.
