Con alguna preocupación, industrias cordobesas de perfil exportador comienzan a advertir lo que consideran una demora del Estado en pago de los créditos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), junto con reintegros de exportación. No les ocurre a todas, pero sí a varias.
Si bien son dos cosas distintas, en el juego de caja de las empresas, están atadas al alto valor del dinero en el mercado financiero, junto con lo que consideran una mayor presión de los costos en pesos para funcionar.
La situación, según pudo conocer La Voz en contacto con ejecutivos y dueños de Pyme de Córdoba, es variada, es decir, no todas las empresas afrontan las mismas complicaciones.
“A nosotros hace casi 60 días que no nos pagan y nos está matando el cash flow. Aparentemente está todo Ok para que nos paguen pero lo concreto es que no aparece la plata”, indicó el gerente de una empresa que envía productos a mercados de Latinoamérica.
En realidad, a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei los períodos de pago se fueron achicando. Antes, llegaban a 180 días, un plazo demoledor. La diferencia quizás estaba en que el cash flow (flujo de caja: el dinero que entra y sale de una empresa) inflacionario daba para aguantar el ciclo.
“Es parte de la motosierra: no se le paga a nadie”, disparó, crítico, un asesor jurídico-contable, con un ojo puesto en la política. “Nosotros, cero problemas”, reconoció por otro lado el presidente de una importante industria local.
El de reintegros es un régimen que permite la restitución total o parcial de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos internos por la mercadería de exportación para consumo a título oneroso o por los servicios que se hubieran prestado con relación a esa mercadería, dice el régimen.
Los pagos se realizan mediante transferencia hacia la CBU de una cuenta habilitada en una entidad bancaria autorizada por el BCRA y declarada ante el organismo recaudador por el exportador.
Como se sabe, el Gobierno dispuso desactivar la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), y crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), con movimientos en las estructuras de personal, sobre todo a nivel jerárquico.
Esas modificaciones internas, entienden en el empresariado, podrían motivar demoras y para las Pyme, las cifras en cuestión no son chicas. Algunas aguardan devoluciones por $150 o $200 millones de pesos.
Distintas experiencias
“El reintegro del IVA relacionado a las exportaciones, son expedientes que se analizan y se van autorizando a medida que hay caja”, explicó el contador de una alimentaria cordobesa. “Sobre estos, empresas que son exportadoras habituales, que ya tienen lubricadas y agilizadas las presentaciones, 60 días es un plazo excelente”, agregó.
Un gran dilema de los últimos meses pasó por si, con la inflación precedente y las demoras, al IVA había que tomarlo como un “costo” al momento de formar un precio ya que los plazos para recuperarlo se estiraban demasiado.
Es decir, a modo de ejemplo, una empresa compraba en el mercado interno insumos para fabricar un producto de exportación. Pagaba ese IVA para después reclamarlo, pero la espera de la devolución se hacía tan larga que prefería meterlo en el precio de algo que debería salir al mundo sin IVA.
En la actualidad, algunos precios de productos de exportación se fijan con una parte de ese IVA (ejemplo, la mitad) aunque estén exentos del tributo. Es una forma de “aguantar” la espera pero al mismo tiempo no quedar afuera de los mercados externos.
En parte se cumple también la aseveración del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de que en la economía van a faltar pesos y no dólares. Con las cuentas para el pago de las obligaciones de fin de año (como los aguinaldos al personal) a la vista, las empresas necesitan flujo. Parte de ese flujo depende de lo que deben cobrar de la exAfip.
Cambio en bienes personales
Por otra parte, la primera quincena de noviembre terminó una novedad significativa en el impuesto a los Bienes Personales correspondiente a este año que alcanzará a quienes tengan patrimonios que al 31 de diciembre próximo estén valuados en más de $293 millones.
Las cifras surgen de aplicar el método de actualización previsto por ley, que consiste en incrementar los montos vigentes en igual porcentaje que la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a octubre.
La actualización del mínimo no imponible superará ampliamente a la inflación, aumentando de $100 millones en 2023 a $292,9 millones.
Martín Caranta, socio de Lisicki, Litvin & Asociados, destacó que esta actualización puede generar la necesidad de que algunos contribuyentes recalculen sus anticipos.
“El contribuyente deberá evaluar si el impuesto proyectado, basado en la nueva actualización y su situación patrimonial, hace que los anticipos calculados sobre el impuesto 2023 resulten excesivos”, señala. En ese caso, sería conveniente solicitar la reducción de los importes.
