En medio de los reclamos de algunos sectores del campo, y de comerciantes y empresas pequeña por la suba de los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural, la discusión también tendrá repercusión en la Legislatura. El legislador opositor Gregorio Hernández Maqueda (Mejor Futuro) presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Finanzas de la provincia, Guillermo Acosta.
El legislador opositor, quien se alejó de la Coalición Cívico que lidera Elisa Carrió para crear su propio bloque (Mejor Futuro) en la Legislatura, en los últimos tiempos se mostró muy cerca del presidente Javier Milei, acusó al ministro Acosta de generar una “excesiva presión fiscal” a los cordobeses.
“Uno de los principales reclamos que se viene gestando desde hace tiempo entre los cordobeses y los argentinos es el de la excesiva presión impositiva que sufrimos. En ese sentido, el tamaño del Estado es criticado porque el gasto público exorbitante e ineficiente es de casi imposible financiamiento sin asfixiar a los contribuyentes mediante la extracción coactiva de dinero por la creación y percepción de tributos. Los tributos son prestaciones patrimoniales, habitualmente dinerarias, exigidas por el Estado en ejercicio de su poder de imperio y en virtud de una ley, destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad”, escribió el legislador opositor contra uno de los ministros más cercanos al gobernador Llaryora.
Acosta fue secretario de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, durante los cuatro años de la gestión como intendente capitalino, de actual gobernador. Esto marca la cercaría el funcionario con Llaryora.
Desde el Gobierno provincial aseguran que tanto en el Inmobiliario Urbano como en el Rural, el tope de aumento para el corriente año es una suba del 172,5%. Algunos sectores del campo, como la Sociedad Rural de Río Cuarto, y otras organizaciones ruralistas del norte provincial, aseguran que el impuesto para el sector agropecuario superó largamente ese tope. Desde la Provincia lo desmienten y aseguran que si hay errores, “se corregirán”.
En este contexto, Hernández Maqueda, uno de los legisladores más críticos de la gestión llaryorista presentó este pedido de juicio político contra el responsable de las finanzas provinciales.
“Frente a la demanda expresada desde diferentes sectores, el Ministerio de Economía ha decidido días atrás prorrogar el vencimiento del Impuesto Inmobiliario. Esta decisión no hace más que reconocer el error y admitir la responsabilidad del daño que han provocado a gran cantidad de cordobeses. Sin embargo, a pesar de ello, el ministro no desiste en su idea de ahogar a familias, comercios, productores y profesionales con semejante incremento y, en ese sentido, ha perdido la confianza del pueblo”, explicó Hernández Maqueda en sus fundamentos.
Único camino
Por último, el legislador provincial que en los últimos meses defiende la gestión nacional libertaria, aseguró que el juicio político al ministro Acosta es el único camino que le quedó para corregir, lo que calificó de “impuestazo”.
“Hasta aquí queda claro que se han agotado todo tipo de instancias posibles: reclamos populares, denuncias del sector privado productivo, citaciones de comparecencia al ministro, intento de derogación por ley, propuestas de reforma impositiva. Aquí entra indefectiblemente la idea de responsabilidad política de los actos del ministro, que a su vez se torna inseparable de la noción de control. La responsabilidad política está limitada a determinados funcionarios que han sido designados representantes de la soberanía popular para el ejercicio de altas funciones de gobierno, sea su nombramiento de origen electoral o no. Republicanismo e irresponsabilidad son términos que se autoexcluyen, y lo mismo ocurre con la noción de control, que es inmanente a aquél, como quedó dicho”, concluyó Hernández Maqueda su larga fundamentación para pedir el juicio político al responsable de la finanzas provinciales.
El pedido del legislador opositor seguramente generará un fuerte debate en la Legislatura, pero el oficialismo se ha encargado de contener todas las embestidas opositores, en la mayoría de los casos, al contar con el apoyo de algunos legisladores que no integran el bloque oficialista. De allí, que es muy poco probable que el pedido de Hernández Maqueda prospere en el parlamento cordobés.
