Con apoyo de casi todo el arco político, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto consensuado para fortalecer la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe a través de la creación de medio centenar de cargos judiciales, la mayoría con asiento en la ciudad de Rosario.
La iniciativa recibió 214 votos afirmativos y solo cuatro abstenciones, del Frente de Izquierda. El debate fue presenciado por el gobernador Omar Perotti, quien por la mañana del martes estuvo en Córdoba junto a sus pares Juan Schiaretti (Córdoba) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) y luego se trasladó al Congreso.
“En momentos de muchas tensiones y diferencias, rescato que todos los legisladores de mi provincia, de todos los sectores políticos, presentaron un proyecto común. Eso es un hecho saliente de la política nacional. Ojalá el Senado acompañe con la misma celeridad que tuvo Diputados”, destacó Perotti.
En conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que la ley “fortalecerá una estructura de Justicia Federal raquítica, que prácticamente no ha tenido cambios en los últimos 40 años”, y por otra parte consideró que “contar con más fuerzas federales es imprescindible” para combatir la narcocriminalidad.
El proyecto fue presentado en mayo de 2022 con la firma de todos los diputados por Santa Fe, pero no había encontrado lugar en la agenda hasta que el drama de violencia y narcotráfico en Rosario tomó mayor estado público por la balacera contra el supermercado de la familia de Leonel Messi.
“La narcocriminalidad que se da en nuestra provincia no tiene demasiados antecedentes. Según la Procunar, se tramita en Santa Fe el 20% de las causas de droga de todo el país. La violencia urbana tiene niveles inusitados en ese distrito y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional”, describió el diputado Roberto Mirabella, alineado a Perotti.
Por su parte, el santafesino Federico Angelini (PRO), que aspira a ser gobernador de la provincia de la mano de Patricia Bullrich, cuestionó el papel del Gobierno nacional: “Priorizan los derechos de los delincuentes por sobre los derechos de todos los argentinos y rosarinos”.
“El 10 de diciembre de 2023, a todos los responsables que nos llevaron a esta situación se les acaba la joda y la impunidad”, prometió Angelini en clave electoral.
En tanto, la exintendenta de Rosario Mónica Fein, del Partido Socialista, relató su experiencia: “Golpeamos muchos puertas, que estuvieron cerradas porque era más fácil pensar que el narcotráfico estaba circunscripto a una ciudad o una provincia, o acusar a un partido, que asumir que era un problema nacional y regional”.
A su turno, el camporista Marcos Cleri apuntó contra dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, que viajó a Rosario para respaldar al intendente Pablo Javkin. “Con la inseguridad no se especula, se trabaja todos los días para vencer el crimen organizado. No hay que hacer turismo electoral para que con el dolor de los que vivimos y sufrimos en Rosario alguno trate de caranchear alguna presencia en los medios de comunicación o algún voto”, advirtió.
Al finalizar el debate, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, llamó a “cambiar el eje” de la discusión y abordar el tema del lavado de dinero, y en particular el rol de las SAS (Sociedad por Acciones Simplificada), un tipo societario creado durante la gestión de Mauricio Macri que funcionaría como vehículo para cometer ese delito.
Martínez citó una investigación judicial que reveló que “una trama de casi 40 SAS permitió lavar casi 1.200 millones de pesos por parte de la banda de Los Monos”, y anunció que trabajarán en una ley para transparentar ese sistema.
El proyecto aprobado
El proyecto que ahora tratará el Senado viabiliza el sistema acusatorio previsto en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que pone la investigación en cabeza del Ministerio Público Fiscal y apunta a simplificar y agilizar los juicios. El Código, aprobado en 2014, comenzó a implementarse primero en Salta y Jujuy, y las siguientes provincias son Santa Fe y Mendoza.
El texto avalado en Diputados crea 50 nuevos cargos judiciales (36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial). Según el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de esta medida será de 1.106 millones de pesos anuales, aproximadamente.
Se crean en la provincia 27 cargos de fiscal federal penal, de los cuales se asentarán 15 en Rosario, 7 en Santa Fe y uno por cada una de las siguientes ciudades: Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (provincia de Buenos Aires).
También se crean en esas ciudades 9 cargos de defensor público oficial, 6 de juez penal federal con funciones de garantía, 6 de juez penal federal con funciones de revisión y 2 de juez penal federal con funciones de ejecución.
Los efectos de la ley no se verán de inmediato; una vez que sea sancionada, comenzará el proceso para cubrir las vacantes generadas, donde intervienen el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado.
En el Senado
Mientras tanto, en el Senado hay expectativa por una posible sesión esta semana, en la que podrían destrabarse tres pliegos judiciales para tribunales de Rosario. Hay dos pedidos de sesión especial impulsados por la oposición para abordar ese tema: uno del nuevo bloque Unidad Federal para este miércoles, y otro para el jueves, presentado por Juntos por el Cambio.
Por eso, el Frente de Todos convocó para este miércoles a una reunión de Labor Parlamentaria (la primera en nueve meses) y no se descarta un acuerdo para unificar sesiones con un temario acordado.
Para la provincia de Santa Fe hay tres vacantes judiciales: dos en la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Rosario (los candidatos son Eduardo Daniel Rodrígues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario) y una en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nro.1 de la misma ciudad (el postulante es Gastón Alberto Salmain).
