La Asociación de Clínicas, Hospitales y Sanatorios Privados de Córdoba (Aclisa) presentó un amparo en la Justicia federal contra el Estado nacional impugnando por inconstitucional el DNU 841/2022 que en diciembre estipuló el pago por parte de las empresas privadas de un bono de 24 mil pesos para sus empleados.
El Gobierno nacional había anunciado que al bono lo percibirían los trabajadores que a diciembre no superaran los tres salarios mínimos vital y móvil (quienes percibían menos de 185.859 mil pesos netos, sin contar el medio aguinaldo).
Amparo con cuestionamientos
Contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU), Aclisa presentó un amparo que recayó en el Juzgado Federal N° 1, en medio de la fuerte controversia desatada con Ricardo Bustos Fierro, a quien la Cámara Federal de Apelaciones le suspendió la firma digital.
La entidad sin fines de lucro busca impugnar por inconstitucional el DNU al solicitar al juzgado ordenar la inaplicabilidad, fundado en el accionar presuntamente arbitrario e ilegal del Estado que “lesiona el principio de seguridad jurídica, la garantía constitucional del debido proceso sustancial y el derecho constitucional de propiedad, materializado en la arbitraria y compulsiva manda”.
Al respecto, el presidente de Aclisa, indicó que el Ejecutivo no tiene facultades para legislar en las paritarias, salarios y propiedad privada y consideró que el DNU “tiene su génesis en cuestiones ajenas a las descriptas en el propio texto, muy probablemente cuestiones políticas y relacionadas con la impericia del propio Estado en materia económica”.
En duros términos, resaltó que el Gobierno decretó el pago del bono por parte de los privados “sin hacer el mínimo análisis de su legalidad u oportunidad” en un contexto de “emergencia y crisis reinante en el sector, que además nos alcanza de lleno a los ciudadanos y a los profesionales médicos”.
“Los causantes directos son los propios gobernantes que dictan normas demagógicas. Actúan con impericia y negligencia (…), conduciendo sostenida y sistemáticamente el país al abismo convirtiendo la ‘emergencia’ en un estilo de vida para los argentinos”, recalcó.
“En casos como el presente, en el que se patentiza que las dificultades y la emergencia son creadas por la negligencia o impericia de los gobernantes o del Estado, que conduce al país a una situación de caos económico. Luego, ellos o sus sucesores (para el caso, da igual) deben recurrir a la reglamentación de la emergencia para poner remedio a una economía dislocada y a cargo del sector privado”, insistió.
Inflación y problemas sectoriales
En varios fragmentos del amparo, reiteró que las clínicas (el 85 por ciento de los ingresos de las cerca de 50 entidades nucleadas en Aclisa provienen de la atención de afiliados de Pami y Apross) no están en condiciones de afrontar el pago del bono (que no fue entregado, según explicó) en un complejo contexto inflacionario en sí y sectorial (precios de la aparatología), sumado a problemas con los pagos que realizan los Estados a las clínicas por las prestaciones.
“Más allá del contexto económico que atraviesa el país, el sector de la salud en sí mismo se encuentra muy castigado y vapuleado, con una inflación muy superior a la denominada ‘Índice de Precios al Consumidor’, fundamentalmente por tratarse la mayoría de los insumos o equipamiento del tipo ‘dolarizados’”, se señaló en el amparo.
Los precios, se agregó, “se ven muy afectados con la subida excesiva del dólar producida en los últimos tiempos y por los elevados aumentos de servicios y el constante aumento de salarios, que en ningún caso han tenido el acompañamiento de los financiadores quienes no solo no acompañan la inflación sino que tampoco trasladan los mayores ingresos que ellos obtienen al precio que pagan por las prestaciones”.
“El Estado no ha aumentado ni por asomo el pago de las prestaciones en relación al aumento de precios, ni al de los sueldos, ni otro valor de referencia, sobre todo el Estado provincial, que retacea y dilata pagos, no expone de manera clara las reglas de trabajo y abruma a los prestadores con impuestos locales”, denunció.
Escuti también resaltó que la gran mayoría de los prestadores, entre ellos Aclisa, no puede afrontar el pago de impuestos, contribuciones y aportes, lo que les generó “una deuda millonaria”, que agrega otro “condimento” a la situación del sector.
La situación de las clínicas
Por otro lado, alertó sobre el riesgo de provocar una reducción de prestaciones con medidas como el otorgamiento de un bono. “El fundamento de la adopción de medidas extraordinarias radica en la necesidad de bien común de preservar a la comunidad misma y su sistema político, (pero) debe tenerse especialmente en cuenta la situación del sector (de salud privado), cuyo financiador es el Estado y es éste el primer garante de la sanidad o salud de sus habitantes”, expuso.
“Medidas como estas (por el bono) tienden al cierre de instituciones, camas de terapia, camas de internación, respiradores, guardias, quirófanos, trasplantes, etc.”, advirtió.
Las clínicas y sanatorios privados de la provincia de Córdoba advierten que están al borde del colapso, ya que quedan apenas 93 clínicas en todo el territorio, cuando en 2000 había 405.
“Estamos al borde del abismo, la situación es terminal”, dijo Escuti a La Voz recientemente. Tanto Aclisa como Caescor, la otra cámara del sector, le entregaron un petitorio al gobernador Juan Schiaretti advirtiendo la situación de emergencia.
A través del amparo, Aclisa pidió la suspensión del decreto. En uno de los últimos fallos dictados por Bustos Fierro, corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que dictaminara si correspondía la competencia federal. Será el subrogante de Bustos Fierro, el juez de Bell Ville, Sergio Pinto, quien deberá resolver sobre el caso.
