Uno de los principales problemas de los argentinos es que no aspiramos a ser empleadores. Nadie –o pocos– sueñan con tener su propia empresa, contratar mucha gente, abrir sucursales, tener presencia en toda la provincia, el país o hasta el mundo.
Primero queríamos ser astronautas o bomberos; después, médicos; ahora, la gran mayoría quisiera tener un empleo público. Se asimila a la seguridad absoluta: nadie te echa y ni en pandemia te recortaron el sueldo. Los más jóvenes aspiran a ser youtubers, como mucho. Pero nadie se imagina siendo patrón.
Los datos lo demuestran: en Argentina hay apenas 12 empresas cada mil habitantes. En Chile, la ecuación es de 50; en Brasil, 25, y en Europa, 72.
Razones históricas
¿Por qué? Hay varias razones.
Una, que tiene muchos años, es que ser patrón en la Argentina está asociado a ser “garca”; a ese personaje que si, puede pasar al cuarto a otro, lo hace. El “modelo ideal” de familia es el papá en la oficina y mamá ama de casa, al estilo Mafalda.
Es más, en la célebre tira Mafalda, Manolito es el hijo de don Manolo, un inmigrante gallego dueño del almacén del barrio. Manolito tiene que ayudar a su papá y está caracterizado como materialista, obsesionado con el dinero. Es el “capitalista” de la cuadra, y eso está mal. Sueña con tener una cadena de supermercados y ese no es un sueño legítimo, como lo es tener muchos hijos o conseguir la paz en el mundo. ¿Por qué no?
La Iglesia católica ha contribuido mucho en esta mirada y su ensalzamiento de la “opción por los pobres”, sin atacar las razones de fondo que hacen que un país reproduzca pobreza.
Además, nuestra legislación, nuestros sindicatos y nuestra Justicia conspiran contra la creación de empresas. Desde la burocracia que supone conseguir la habilitación de un comercio hasta la cantidad de impuestos y tasas que debe pagar el interesado. Y como si eso no fuera suficiente, tomar y despedir a un empleado te puede llevar puesta la empresa.
Es notorio el caso de la gaseosa Manaos: un trabajador con seis años de antigüedad le hizo juicio a la empresa, lo ganó y la Justicia mendocina fijó en más de $ 1.500 millones la indemnización. La Corte revisó el fallo y lo bajó a $ 800 millones. ¿Qué empresa mediana podría pagar eso?
La consecuencia de todo ese andamiaje no es sólo que no crece el empleo privado desde hace más de 15 años, sino que tener un trabajo de calidad es toda una rareza. La Argentina tiene 6,3 millones de trabajadores en blanco, pero 14 millones que se acomodaron como pudieron: monotributistas, asalariados en negro, independientes. Hay apenas 400 mil autónomos, que podrían asimilarse a los empleadores.
¿Dónde van a trabajar las nuevas generaciones? ¿Dónde van a trabajar nuestros hijos? Más allá de en qué tareas o en qué áreas, ¿habrá empleadores suficientes? ¿Podrán ser nuestros hijos los empleadores del futuro?
Dar incentivos correctos
Para que eso suceda, hay que pensar en los incentivos correctos. Está claro que si la economía no arranca una ley laboral más flexible, no moverá la aguja y no se crearán más puestos de trabajo. Pero no habrá una micro sana y robusta sin que primero se ordene la macro.
Los norteamericanos tienen, en promedio, 12 trabajos en su vida activa y hay una especie de regla no escrita que dice que cada cinco años, si no ascendiste, tenés que cambiar. Algunos dirán que en una economía próspera eso es posible, pero acá el fenómeno es otro y no tiene que ver con la prosperidad ni con el estancamiento: en el mundo de la informalidad, la rotación es altísima, pero quien encuentra un trabajo formal es capaz de anclarse ahí de por vida, por la sencilla razón de que nadie quiere renunciar a los beneficios de la formalidad.
Hay que hacer que esos beneficios sean más alcanzables por todos. Nuestra economía es de baja productividad, de vuelo corto, escala chiquita. Producimos poco, con escasa inversión tecnológica. Las empresas pagan altos impuestos por lo que producen, pagan impuestos por contratar un trabajador y tienen una serie de costos ocultos que previsionar, porque el mundo laboral siempre es un riesgo. Todo eso pasa a precio también.
La reforma laboral que ahora discutirá Diputados apunta a dar mayor previsibilidad a quien contrata, a que no se le vaya la vida en un despido y que la industria del juicio que amañan jueces, peritos y abogados deje de esquilmar a quien da empleo. Sólo quien pagó alguna vez una 931 sabe la hazaña que es poder hacerlo en tiempo y forma, todos los meses.
Hay que bajar costos laborales para que las empresas sean competitivas en serio y que alguna vez en este bendito país se puedan pagar mejores salarios. Que no sea el Estado el gran empleador, sino que las nuevas generaciones, tan reacias a las ataduras, sueñen con ser empleadores.
La ley no alcanza –no baja cargas sociales a los empleos actuales, por ejemplo– y seguramente hay que revisar el tema de las licencias médicas por enfermedad inculpable, ya que castiga al enfermo de buena fe, por ejemplo, aunque es un paso en el sentido correcto. Crear empresas y dar trabajo a otros debería ser una aspiración loable, digna del aplauso colectivo.
