“Esto recién está empezando”, señaló un operador judicial al comentar a La Voz lo que está sucediendo en la investigación de la “causa Bomberos” que, a partir de su “expediente madre”, comienza a generar numerosas líneas que cada día tienen más que ver con diversas áreas de la Municipalidad de Córdoba.
La habilitación de locales comerciales y grandes superficies a cargo de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia no es sino la “primera pata” en el caso de las presuntas maniobras dolosas que implicaban el supuesto cobro de dádivas o extorsiones a particulares.
La segunda pata tiene que ver con el trámite que pasaba por Habilitación de Negocios e incluía a un funcionario de esa área de la comuna capitalina.
En eso quedó fuertemente involucrado Leandro Rodríguez, un inspector que habilitaba negocios, y sobre quien el fiscal sospecha presunto cobro de coimas.
Rodríguez fue allanado y detenido este jueves por orden del fiscal que instruye esta megacausa, Guillermo González. El procedimiento se ejecutó en el domicilio del inspector, en el barrio cerrado “La Cercanía”, en Mendiolaza (departamento Colón).
Los efectivos de Delitos Económicos y Antiterrorismo de la Policía se constituyeron en esa vivienda de amplias dimensiones, dos plantas y estilo “suntuoso”, según refirieron. Se encontraron algunos elementos que indican un muy buen pasar del inspector de negocios, entre ellos relojes de primera marca.
Vinculado supuestamente con la asociación ilícita que habrían liderado el exjefe de Policía Gustavo Folli Pedetta y el exjefe de Bomberos Sergio Sosa, Rodríguez quedó imputado como presunto miembro de ese agrupamiento delictivo y por falsificación de documento público.
La vinculación de este inspector municipal tiene que ver con presuntas irregularidades en la inspección y habilitación de “establecimientos comerciales de grandes dimensiones y de rubros sensibles que son catalogados por la repartición como de riesgo ‘alto’”, como supermercados y concesionarias de autos, según el comunicado de la fiscalía.
Dos nuevas líneas, dos detenidos
También este jueves se ejecutaron otros 25 allanamientos en diversos puntos de la ciudad de Córdoba y localidades vecinas, destacándose otros dos barrios cerrados de empleados municipales que no tenían pedido de detención, como el club de campo Los Tordos (en Falda del Carmen) y Tejas del Sur 2.
Los requerimientos de González tienen que ver con el “expediente madre” de Bomberos, pero ahora los pesquisas ingresaron en dos grandes líneas investigativas “fuertes” que tienen que ver exclusivamente con la Municipalidad: el otorgamiento de licencias de conducir “truchas” y Espectáculos Públicos, que controla el negocio de “la noche” o la inspección de boliches y locales nocturnos.
Por eso, se lanzaron allanamientos en dependencias municipales del Palacio 6 de Julio, como Habilitación de Negocios y Espectáculos Públicos, como así también en dependencias satélite, como el CPC de Villa El Libertador, CPC 13 (Chalet San Felipe) y en el Centro de Capacitación de Transporte y Tránsito, estas vinculadas con las licencias de tránsito.
Entre esos 25 procedimientos también se intervinieron 11 domicilios particulares relacionados con las dos nuevas líneas investigativas que están en proceso de inicio.
Cinco de esos domicilios pertenecen a empleados que otorgan carnés de conductor y los seis restantes de Espectáculos Públicos. Algunos de ellos, se difundió en un comunicado de la fiscalía, serían delegados gremiales. Otros, siendo pareja ambos municipales, sufrieron el allanamiento de la casa donde conviven.
No había orden de detención para ninguno de ellos, pero al ser sorprendidos en flagrancia, fueron detenidos dos de esos inspectores por tenencia ilegal de armas de fuego en sus casas: a Rodrigo Sebastián Olmos lo privaron de la libertad por tener un revólver calibre 22 y una escopeta recortada calibre 12; a Guillermo Borrás, lo detuvieron al hallarle un revólver calibre 22. Esta causa, fue derivada a la fiscalía de Jorgelina Gutiez.
El “expediente madre”
La “causa madre” o el “expediente madre” tiene que ver con las primeras actuaciones que se iniciaron con habilitaciones de Bomberos.
Corría el primer semestre de 2022 y un comisario que estuvo como director de Bomberos por dos semanas (Guillermo Giraudo) recibió un sobre cerrado en su despacho. En su interior había 17 fotocopias de certificados de inspección de locales.
El funcionario policial pronto comenzó a distinguir la intención del anónimo y las irregularidades que contenía.
Todas las certificaciones pertenecían a diferentes sucursales de locales de un supermercado. Todas esas planillas habían sido firmadas el mismo día, el 15 de abril de 2022. Pero, lo más curioso es que las “firmaba” el mismo Giraudo, con sello y firma truchos.
La denuncia por los locales de supermercados de la razón social Cyre SA (Cordiez) y locales de otras empresas acompañaba observaciones del jefe interino de Bomberos en las que indicaba la falta de correspondencia entre lo que indicaba el certificado con la realidad física de los locales. Se apuntaban las condiciones de seguridad que no se contemplaban y se estaban dando como aprobadas.
Evidentemente, dentro de la dependencia había “inspectores” que estaban aprobando locales con “vista gorda” y sin conocimiento de la conducción de la fuerza de seguridad, según la sospecha.
Luego de esto, era necesario que alguien de la Municipalidad de Córdoba habilitara el local.
En eso se cree que estaba involucrado el inspector Leandro Rodríguez, que está imputado como integrante de la misma asociación ilícita de los Bomberos y por falsificar documentos públicos.
El problema para algunos fue que, al ingresar la investigación a la “segunda pata” de las habilitaciones, se entró a la Municipalidad y comenzaron a descubrirse irregularidades en otras áreas del Palacio 6 de Julio y sus dependencias en el resto de la ciudad de Córdoba.
Lo que se viene
Cada vez que es consultado, González dice que hay más líneas investigativas relacionadas con el “expediente madre”. Ahora, el fiscal instructor de las investigaciones iniciadas en 2022 señala que esas “vetas” en la instrucción llegan a 20.
Lo más llamativo es lo que se dice de las últimas dos -las licencias de conductor y la habilitación de boliches-: recién están comenzando a ver de qué se trata.
Por el momento, cuando se refieren a lo que ya se llama “megacausa”, se habla de un “monstruo” de dimensiones cuyos contornos todavía no se distinguen con claridad.
Lo que se anticipa es que, a partir de los allanamientos de este jueves, surgirá abundante prueba que muy probablemente arroje nuevos imputados y nuevos detenidos, ahora en las dependencias de la Municipalidad de Córdoba. Hay teléfonos celulares secuestrados que “arden” y se presume que tienen chats de WhatsApp muy comprometedores.
¿Quiénes pueden estar involucrados, a partir de la tipología de los hechos que se investigan?
A nadie escapa que el delito de cohecho tiene dos extremos: quien paga y quien recibe la dádiva. A no ser que hayan sido extorsionados, está claro que si hay imputados y detenidos en esta causa también pueden ser comerciantes y empresarios.
Pero hay más. Mientras el fiscal González destaca la colaboración de las máximas autoridades del Palacio 6 de Julio (las que se fueron y las actuales), otros investigadores de la causa se preguntan si se toparán con algún jerárquico o funcionario de carrera manchado en esta trama de corrupción.
