Desde hace dos meses, La Voz del Interior mantiene una disputa institucional con la Legislatura de Córdoba para acceder a un dato básico: cuántas personas tienen contratos en ese cuerpo. El pedido, amparado por la Ley de Acceso a la Información Pública, no fue atendido en tiempo y forma, lo que obligó al diario a judicializar el reclamo.
Finalmente, el Poder Legislativo publicó una lista (parcial, y sin varios elementos informativos), que prometió ampliar.
“La misión de un medio de comunicación no es confrontar. Es informar, interpretar los hechos, denunciar irregularidades y analizarlas”, afirmó el director periodístico de La Voz, Carlos Jornet en el programa Voz y Voto, donde, además, explicó por qué el diario decidió acudir a la Justicia para obtener un dato que debería ser público sin tanto rodeo: la nómina de contratados del Poder Legislativo.
Según Jornet, todo comenzó tras el escándalo protagonizado por el legislador radical Guillermo Kraisman, que motivó al medio pedir formalmente el listado de personas que trabajan en la Unicameral.
“El primer paso fue el habitual: pedir los datos a la oficina de prensa. Pero empezamos a notar dilaciones y excusas. Vimos que no se quería entregar la información”, explicó Jornet. El diario decidió entonces canalizar el reclamo por la vía formal, amparándose en la ley provincial sancionada en 1999, durante la reforma del Estado impulsada por el propio oficialismo de entonces.
“No estábamos pidiendo nada de la vida privada de nadie, era una pregunta básica: ¿cuántas personas trabajan en la Legislatura?”, remarcó Jornet.
Pese a eso, comenzaron a circular versiones desde el entorno legislativo que acusaban al diario de buscar datos sensibles o vulnerar la intimidad de los empleados, aclaró el director periodístico.
“Se decía que pedíamos números de teléfono, domicilios, salarios. Todo falso. Lo único que pedimos fue saber quiénes son, a quién están asignados y qué función cumplen”, detalló.
El antecedente de un fallo judicial sobre el Suoem –que cuestionaba la publicación del salario de un empleado municipal– generó ruido, pero el pedido actual ni siquiera incluye esa información.
La ley establece un plazo de 10 días hábiles para responder los pedidos de acceso a la información. La Legislatura no cumplió. Fue entonces que La Voz alertó que, si no se cumplía con lo previsto, iba a acudir a la Justicia. Lo hizo, con pesar, porque -como explicó Jornet- “los tiempos judiciales no son los tiempos del periodismo”.
En ese contexto, el diario propuso una audiencia de conciliación con autoridades del Poder Legislativo. “Planteamos la instancia para aclarar todo, porque se estaban diciendo cosas que no eran ciertas”, dijo Jornet. En esa audiencia, dejó en claro lo obvio: “Una lista de personal es un Excel. Hay que apretar un botón y mandarla por mail. Ni siquiera imprimirla”.
Negativa del Estado
La negativa del Estado provincial a entregar ese listado no sólo contravino el espíritu de la ley, sino que pareció poner en evidencia una cultura institucional de opacidad que no se corresponde con lo que Córdoba dice, o decía ser.
“Esta provincia suele presumir de tener una calidad institucional superior al promedio, y muchos la perciben así desde afuera. Por eso es tan importante este caso. Se trata simplemente de los medios haciendo lo que tienen que hacer, y exigiendo que el poder público también lo haga”, reflexionó el director periodístico.
Para Jornet, el eje central no es el enfrentamiento con una institución, sino el ejercicio efectivo del derecho a la información pública. “Creemos en la transparencia activa. La información pública tiene que estar a disposición de la ciudadanía, que debería poder consultarla con un celular, desde su casa”, afirmó.
En ese sentido, cuestionó que se hayan exigido requisitos que no están contemplados en la normativa. “Nos decían que teníamos que ingresar el pedido por el Cidi, hacerlo en papel o de forma digital. Pero la ley es clara: lo que se busca es que el acceso sea amplio y sencillo. Cualquier ciudadano puede pedir esa información. Si está publicada, que le indiquen dónde. Y si no está, que se la den”.
Aunque el proceso judicial aún no concluyó y el Gobierno aún no entregó toda la información solicitada, Jornet considera que el mensaje quedó claro. “Creemos que se ha logrado un resultado importante: que la gente entienda que hay información pública, y que debe estar disponible con transparencia real, no parcial”, dijo.
El diario ahora espera que la Legislatura actualice mensualmente esa información, de manera que se pueda comparar la evolución en el tiempo. “Queremos saber cuántos contratados hay hoy, y cuántos habrá el mes que viene. Tan simple como eso”, cerró.
