El gobernador Martín Llaryora y su antecesor, Juan Schiaretti, aún no emitieron palabra sobre la prisión domiciliaria de Cristina Fernández, efecto derivado de la ratificación de la condena por corrupción decidida por la Corte Suprema de Justicia. Esos silencios no pasaron inadvertidos y desataron una catarata de interpretaciones dentro y fuera del PJ cordobés.
Quien no dudó en ocupar ese vacío fue Natalia de la Sota. En una jugada política calculada, cuestionó con dureza el fallo de la Corte que dejó a la expresidenta fuera del tablero electoral, apenas un mes antes de la oficialización de las listas para los comicios provinciales de Buenos Aires, donde CFK aspiraba a una banca como legisladora.
La postura histórica de Schiaretti es conocida. “Los dirigentes deben callarse cuando habla la Justicia”, ha repetido una y otra vez. Sin embargo, en esta ocasión el presidente del peronismo cordobés ni siquiera repitió su habitual máxima. Y eso también dice algo.
Llaryora, por su parte, eligió el mutismo como estrategia. Ordenó a su equipo de comunicación evitar todo contacto con la prensa “hasta que baje la espuma”.
Pero según confió un funcionario provincial en la intimidad, el silencio del gobernador tiene otra razón: en privado, coincide con Natalia de la Sota. Cree que la Corte se extralimitó. Que no debió intervenir en un año electoral, y menos aún dejar fuera de competencia a una expresidenta a sólo semanas de que venza el plazo para presentar candidaturas.
Desde el oficialismo, reconocen que ambos líderes podrían pagar un costo político por su silencio. “En Córdoba, el kirchnerismo es mala palabra. Pero meter presa a una expresidenta peronista no le cae bien a ningún peronista”, lanzó sin rodeos un exfuncionario de peso.
Mientras tanto, la diputada Gabriela Estévez y el legislador provincial Federico Alesandri redoblaron la presión pública sobre Schiaretti, a quien reclaman una definición como presidente del PJ cordobés.
Prunotto y Brandán, un dúo “compacorreligionario”
Con las elecciones legislativas del 26 de octubre en el horizonte, el gobernador Llaryora ordenó a sus funcionarios que salgan a “caminar el territorio”. En ese marco, el jueves pasado se celebró en Colonia Tirolesa una cumbre del oficialismo del departamento Colón, uno de los bastiones electorales más amplios de la provincia.
El encuentro fue encabezado por las dos figuras que hoy disputan el liderazgo de ese territorio: la vicegobernadora Myrian Prunotto, radical de origen, y el ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, Gustavo Brandán, uno de los primeros intendentes que se alineó con Llaryora en su etapa de proyección provincial.
Las 400 personas presentes, invitadas por el intendente anfitrión Juan Domingo Panichelli, escucharon con cierta sorpresa el saludo inaugural de Prunotto: “Bienvenidos, queridos compacorreligionarios”. Una frase que, aunque simpática, cargaba un guiño político evidente: en la reunión había peronistas, pero también muchos radicales que se sumaron al cordobesismo.
Prunotto y Brandán se mostraron sonrientes y en aparente plena sintonía política. Sin embargo, sobran los comentarios de que ambos protagonizan una competencia silenciosa por el liderazgo en el departamento Colón, donde Llaryora ganó en 2023 por un margen muy ajustado.
Prunotto representa la apuesta extrapartidaria más audaz del PJ cordobés. El ministro, la lealtad de primera hora. Y aunque la tensión aún no se manifiesta en público, ambos aspiran a ser la referencia política única del oficialismo en ese departamento.
En sus discursos, tanto Prunotto como Brandán repitieron el mantra que baja desde el Centro Cívico, dirigido a los intendentes. “No se aburguesen. Salgan a mostrar las obras que la Provincia hace en sus municipios”.
Revés y furcio de la intendenta de Mendiolaza
La intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, sufrió el jueves un revés judicial que sacudió la política local. La jueza electoral Marta Vidal rechazó su pedido para declarar nulo el proceso de recolección de 1.535 firmas que exigen su revocatoria como jefa municipal del PRO.
Así, el referéndum popular sigue su curso y es una amenaza concreta para la intendenta.
Pero no fue sólo el revés judicial lo que generó ruido. Fue también un furcio que cometió la macrista. Entre los fundamentos presentados por los asesores letrados de Arning –cuatro en total–, uno llamó especialmente la atención. Argumentaron que una de las firmas era inválida porque había sido hecha por “una persona con capacidad legal restringida, por padecer severos retrasos mentales y ceguera bilateral”. El documento incluía incluso el nombre del vecino aludido.
La jueza Vidal fue terminante. “Resulta inadmisible lo referido a electores con capacidades diferentes. Que una persona ciega no pueda firmar o votar no tiene el menor sustento”, escribió en su dictamen la magistrada.
Cuando esto se conoció en Mendiolaza, se alimentaron las críticas contra la intendenta, ya que la persona aludida es muy querida en la ciudad.
Desde el Centro Cívico, observan de cerca este proceso. Niegan cualquier intervención directa, aunque no ocultan preocupación. “Nosotros no promovemos revocatorias. Tiene que tratarse de algo muy grave. En Mendiolaza hay un problema de gestión, sí, pero eso se resuelve en las urnas, en la próxima elección municipal”, señaló un funcionario llaryorista con peso político, aunque no integra el gabinete provincial.
