“Cometimos el pecado de ser blandos y negociar con los piqueteros”, es una definición que se le atribuye a Mauricio Macri, ya en el llano y haciendo una autocrítica sobre las políticas sociales que aplicó su gestión presidencial (2015-2019).
El expresidente se habría referido de este modo -en privado- a las medidas que implementó quien fue durante los cuatro años de su mandato la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Ahora que estalló el escándalo por el manejo de los planes sociales por parte de algunas organizaciones piqueteras es necesario hacer un análisis sobre los motivos que llevaron a que estas agrupaciones se hayan apoderado en gran parte de las cajas de la asistencia social del Estado nacional.
Se trata de un proceso que atravesó las gestiones kirchneristas, pero también la macrista. El presidente Javier Milei pasó la motosierra por el gasto social, quitándoles injerencia a los piqueteros en los programas asistenciales para desocupados.
Además, la gestión libertaria impulsó la causa judicial que está en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Gerardo Pollicita, que involucra a 28 dirigentes piqueteros.
El principio
Los piqueteros habían comenzado a tener mayor injerencia durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), cuando se llegó la 270 mil beneficiarios, divididos en dos programas: el Salario Social Complementario y el Hacemos Futuro.
En el año 2016, durante el primer año de la gestión macrista, tres de las organizaciones piqueteras más numerosas, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie fundaron el tridente de San Cayetano, luego de una multitudinaria movilización al santuario del “patrono del pan y el trabajo”, ubicado a unos 500 kilómetros de Capital Federal.
Unos meses después ampliaron la organización, con la creación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), con la participación de más agrupaciones, con mucha influencia de Juan Grabois, ya convertido en un interlocutor privilegiado de Stanley, la macrista ministra de Desarrollo Social.
Esa buena relación se transformó en un mayor protagonismo de las organizaciones sociales en la ejecución de los programas para desocupados.
Los piqueteros exigían directamente un salario social, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, para más de tres millones de desocupados.
La negociación con el macrismo fue brindarles una contraprestación o tareas de formación para los beneficiarios de los planes sociales, que llegaron a los 760 mil en los cuatro años de gestión de Macri.
Los piqueteros comenzaron a conformar “cooperativas de trabajo” en las cuales los beneficiarios cumplían las contraprestaciones que exigían los planes estatales.
Con la llegada de Alberto Fernández al poder, impulsado y acompañado por Cristina Kirchner en el segundo escalón de la fórmula, la asistencia para los desocupados tuvo otro capítulo de auge.
En el año 2020, Alberto Fernández decidió unificar el Salario Social Complementario y el Hacemos Futuro por el cuestionado Potenciar Trabajo, que la gestión de Javier Milei eliminó en febrero pasado.
Esta iniciativa fue impulsada por los propios piqueteros oficialistas que integran la Utep, la mayoría de los cuales pasaron a integrar distintas secretarías en el Ministerio de Desarrollo Social que en el inicio de la gestión de los Fernández condujo el dirigente massista Daniel Arroyo, un dirigente con experiencia en el área social.
Uno de los referentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, un dirigente que arrancó militando en la izquierda, pero luego se convirtió en peronista, saltó del otro lado del mostrador y se convirtió en el influyente secretario de Economía Social de la cartera nacional.
Durante la gestión albertista, el Potenciar Trabajo volvió a pegar un salto en cuanto a su número: llegó hasta los 1,3 millones de beneficiarios.
Los beneficiarios del Potenciar Trabajo cobraban la mitad de un salario mínimo vital y móvil, que equivalía a 78 mil pesos mensuales a diciembre pasado, que nunca se actualizó durante este Gobierno libertario.
Durante el gobierno anterior, los piqueteros quedaron divididos en dos bloques bien definidos: los oficialistas, que administraron miles de millones de pesos destinados a los programas sociales; y las organizaciones de izquierda, que crearon el bloque de Unidad Piquetera, liderado por el Polo Obrero.
Las agrupaciones más cercanas a la Casa Rosada tenían los recursos para armar cooperativas de trabajo, que contenían a los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
Mientras que las organizaciones de izquierda, que llegaron a administrar alrededor de 200 mil planes, les brindaban a sus beneficiarios tareas en comedores comunitarios, que en gran medida también eran financiados por el Gobierno nacional.
Es cierto que las organizaciones piqueteras no tenían la potestad de dar altas o bajas a los planes sociales, pero los beneficiarios debían demostrar ante el Ministerio de Desarrollo Social que cumplían alguna tarea, que precisamente realizaban en las cooperativas que administraban los piqueteros.
¿Aporte voluntario?
En este contexto, comenzó a crecer la versión que las agrupaciones de izquierda les cobraban a los beneficiarios un 2% de sus ingresos (alrededor de 1.500 pesos) para que participara en las movilizaciones.
Esto fue admitido por algunos referentes de izquierda, quienes argumentaron que el aporte era “voluntario”, para financiar la estructura de las movilizaciones callejeras.
“Nuestra agrupación no tiene el financiamiento que tienen otras del Estado nacional. Los aportes que recibimos son del Partido Obrero, como agrupación política, lo que ponemos los dirigentes y lo que pueden aportar los militantes. Es un aporte voluntario, no hay nada raro”, le dijo a La Voz, el año pasado, Gabriel Solano, diputado porteño.
Esta situación se convirtió en una causa judicial con más de 100 mil denuncias que habilitó el gobierno de Milei, quien permitió que las denuncias fueran anónimas, pero aportando datos concretos.
Esas denuncias son la columna vertebral de la causa que instruye el juez Sebastián Casanello, que generó allanamientos y decomiso de millones de pesos y dólares, en domicilios de dirigentes piqueteros, la mayoría de agrupaciones de izquierda.
Desde su arribo a la Casa Rosada, el presidente Milei aplicó la motosierra en los planes sociales que heredó de la gestión albertista-kirchnerista.
La primera medida de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue eliminar la exigencia de contraprestación para cobrar lo que era el Plan Potenciar Trabajo, que se dividió en dos: Volver al Trabajo, para personas de hasta 50 años, con chances de conseguir un trabajo, y Acompañamiento Social, para más de 50 años, casi un subsidio para aquellas personas con muchas posibilidades de volver a tener un trabajo en blanco.
Ahora, el Gobierno nacional impulsa estas denuncias contra piqueteros, especialmente los de izquierda, que responden que se trata de “persecución política”.
