La nueva ley bases propuesta por el gobierno de Javier Milei busca derogar la moratoria previsional que rige desde los primeros meses de 2023, cuando Alberto Fernández presidía la Nación. Esto se da en un contexto donde el sistema de moratorias previsionales viene generando un intenso debate sobre su viabilidad futura y justicia distributiva.
Si bien originalmente diseñadas para permitir a personas sin los suficientes años de aportes acceder a una jubilación, estas moratorias están ahora bajo la lupa por su impacto en la sostenibilidad financiera del sistema previsional y su efecto en la equidad entre los beneficiarios, porque se entregan beneficios en iguales condiciones a las personas que se esforzaron por cumplir con las normas y llegar a los años de servicios requeridos y aquellas que no.
¿Qué son las moratorias previsionales?
Las moratorias previsionales se introdujeron en 2005 como una solución temporal para quienes no cumplían con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse. A través de ellas, las personas podían simular aportes como autónomos, completando así los años necesarios para acceder a la jubilación al alcanzar la edad mínima de retiro, 60 años para mujeres y 65 para hombres. Este mecanismo se financió inicialmente con deudas por aportes no ingresados que se pagaban en cuotas descontadas del mismo haber jubilatorio.
Si bien tenían un buen objetivo, que es dar cobertura a los adultos mayores que no llegaban con los años de aportes y posiblemente quedarían sin ingresos al llegar a la vejez, el mecanismo de implementación a través de las moratorias es cuestionado al no tratarse de una buena práctica en materia previsional. Permitir el acceso a un beneficio contributivo a través de una simulación es algo que sólo se hace en Argentina. En los países mejor organizados a quienes llegan a la edad de retiro sin aportes suficientes para acceder a una jubilación contributiva se les otorga un beneficio no contributivo. Con esta lógica, en 2016, se creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam). Una de las diferencias principales es que la Puam no da derecho a pensión. A pesar de su creación, en Argentina se siguió extendiendo la mala práctica de otorgar moratorias.
Moratorias: problemas de equidad y sostenibilidad
El uso masivo de las moratorias ha llevado a un desequilibrio financiero considerable dentro del sistema previsional. El principal problema es la doble cobertura, donde los beneficiarios acumulan tanto su jubilación como la pensión por sobrevivencia de un cónyuge fallecido. Esto no sólo desestabiliza financieramente el sistema, sino que también plantea cuestiones de equidad, ya que no todos los jubilados reciben beneficios de la misma magnitud.
De acuerdo al Boletín Estadístico de Seguridad Social, el 20% de los jubilados y pensionados en el sistema previsional nacional, que suman 5,8 millones, reciben más de un beneficio, y aproximadamente el 80% de estos obtuvo la doble cobertura gracias a las moratorias. Es decir, 1 de cada 5 beneficiarios recibe doble beneficio, y la mayoría gracias a las moratorias, transformándose en un claro factor de desestabilización financiera e inequidad de todo el sistema. Estos números subrayan la magnitud de la problemática y la urgencia de abordar una reforma previsional consistente y de largo plazo.
¿Está bien eliminar las moratorias?
Frente a esta situación, el gobierno ha propuesto eliminar las moratorias, argumentando que distorsionan el propósito del sistema previsional. Como está en vigencia aún la Puam, las personas que necesitan cobertura, pueden utilizarla. Es un beneficio que representa el 80% de una jubilación mínima y se actualiza acorde a la movilidad.
Una propuesta complementaria es eliminar el requisito de 30 años de aportes y permitir que los beneficiarios de la Puam continúen trabajando.
La normativa propuesta sugiere que, al alcanzar la edad de retiro, se determine el monto inicial de la jubilación basado en los aportes realizados, incluso si son menos de 30 años. Si este monto supera la Puam, el individuo recibiría una jubilación correspondiente a sus aportes; si es inferior, se le asignaría la Puam. Así, todos los aportes, incluso los parciales, tendrían un valor tangible para la jubilación. Además, se debería eliminar la restricción que impide a los beneficiarios de la Puam trabajar, permitiéndoles aumentar sus ingresos y mantener su actividad laboral.
(*) Equipo Idesa
