La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó la detención y traslado a la Capital Federal para tomarle indagatoria, de Jorge Daniel González, expresidente de Enersa, en el marco de la causa por el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada Securitas.
González, quien también presidiera el directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) entre agosto de 2014 hasta marzo de 2017, fue capturado en Paraná en un operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional el sábado pasado en el barrio privado Puerto Barrancas, donde reside el exfuncionario.
En el allanamiento se secuestraron 270.974 dólares, 12.000 euros, casi 700.000 pesos, dispositivos electrónicos, documentación contable, teléfonos celulares, computadoras y claves de acceso a billeteras virtuales.
También se incautó material vinculado a Enersa, Securitas, Segar Seguridad, Tornell SA y documentación relativa a los empresarios Gustavo y Claudio Tortul, ya procesados en la misma causa.
La investigación, conocida como “Causa Securitas”, comenzó en 2020 tras una autodenuncia de la filial argentina de la empresa de seguridad.
Una auditoría interna realizada en 2019 reveló que desde al menos 2013 se habrían realizado pagos ilegales a funcionarios públicos en distintas provincias, con el objetivo de ganar licitaciones o cobrar contratos demorados con organismos estatales.
Entre las empresas involucradas aparece Enersa, distribuidora eléctrica clave en Entre Ríos, donde González fue titular entre 2017 y 2021. Precisamente, renunció a Epec para ir a Enersa.
Pagos indebidos
Volviendo a la causa judicial, la denuncia de Securitas —formalizada en febrero de 2020— fue presentada en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
Allí, la empresa admitió haber realizado pagos indebidos para mantener contratos con entes estatales. Según la documentación analizada, entre finales de 2016 y comienzos de 2019, la empresa habría pagado sobornos a funcionarios de Enersa a través de un supuesto proveedor fantasma: Tornell SA. Esta firma era en realidad una empresa vinculada a los hermanos Tortul, que facturaba servicios inexistentes a Securitas para obtener el dinero con el cual se financiaban las coimas.
El expediente tiene como imputados a Gustavo y Claudio Tortul, con procesamiento confirmado por la Cámara Federal de San Martín el 4 de diciembre de 2023. Se los acusa de asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.
La presunta operatoria consistía en obtener fondos simulando contrataciones con Tornell SA, y luego entregarlos en efectivo a funcionarios de empresas públicas, entre ellas Enersa.
Con el avance de la investigación, la jueza Arroyo Salgado ordenó la detención de González y un extenso operativo de requisa, secuestro y registro de su domicilio. El procedimiento incluyó el secuestro de todo tipo de documentación física y digital, además del relevamiento e inventariado audiovisual de los objetos encontrados.
El exfuncionario prestaría indagatoria en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro. En caso de negarse a brindar las claves de sus dispositivos electrónicos, se autorizó incluso su desbloqueo compulsivo mediante el uso de la fuerza mínima indispensable, si se tratara de mecanismos biométricos.
Fuerte operativo
El exsenador y exsecretario general de la Gobernación entrerriana Edgardo Kueider y Jorge González están siendo investigados por supuestas maniobras de corrupción por Arroyo Salgado.
El operativo del sábado pasado en Paraná fue autorizado con habilitación de día y hora inhábil y contempló todos los recaudos procesales: desde la preservación del pudor durante las requisas, hasta el registro fotográfico de los elementos secuestrados.
La orden judicial instruyó que se tomen fichas dactiloscópicas, fotografías de frente y perfil, y se recaben los antecedentes penales del detenido, junto con un informe socioambiental y médico-legista.
El caso vuelve a poner en foco la relación entre contratistas privados y organismos públicos, y abre interrogantes sobre el control de la transparencia en las empresas estatales.
La inclusión de Jorge González suma un nuevo capítulo a una causa que ya involucra a exsenadores, empresarios y altos funcionarios del sector energético.
Por último, Enersa –la empresa que González presidió– es considerada estratégica para Entre Ríos: presta servicio de distribución en gran parte de la provincia y actúa como transportista para cooperativas eléctricas.
Fue constituida como sociedad anónima hace dos décadas y, según el gobierno provincial, ha sido superavitaria desde entonces. Sin embargo, esta imagen de eficiencia contrasta ahora con las sospechas de corrupción que la alcanzan en el marco de la investigación por el pago de sobornos para asegurar contratos con empresas privadas.
Con la declaración indagatoria y nuevos elementos en manos de la Justicia, se espera que la causa avance hacia mayores responsabilidades políticas y empresariales en los próximos meses.
