Tres de las empresas implicadas o mencionadas en la causa de los cuadernos K tienen entre manos, para empezar a ejecutar, obras viales por unos 3.535 millones de dólares; y hay preocupación en el Gobierno sobre el futuro del financiamiento del programa de Participación Público-Privada (PPP).
Funcionarios del Gobierno abocados a estos proyectos respondieron ante la consulta de este diario que las obras ya adjudicadas “van a seguir adelante”, dado que las compañías no deben pagar por lo que hicieron “sus empleados”, pero reconocieron preocupación respecto a que puedan surgir complicaciones con el financiamiento.
Al menos cuatro de los primeros seis proyectos viales fueron adjudicados a empresas que están mencionadas en una causa que podría afectar seriamente al perfil crediticio de cada una de ellas, en el país y en el exterior.
A la hora de analizar a sus clientes para darles un crédito, los bancos realizan una evaluación integral. Una de las etapas más importantes del análisis es el compliance: buscan todos los antecedentes jurídicos o implicaciones penales que puedan tener.
En caso de hallar riesgos potenciales de no repago, el banco rechaza y es muy difícil que las empresas logren el financiamiento porque pueden arrastrar al banco.
Lo único que les da tranquilidad a las fuentes del Gobierno consultadas por La Voz es que todas las compañías y Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ganaron licitaciones de PPP ya cuentan con el compromiso firmado de los bancos de que el dinero estará.
Sin ese compromiso, las firmas no habrían podido participar de la licitación. La única posibilidad, explican en el Gobierno, es que los bancos rompan ese compromiso, lo que llevaría a la paralización de las obras y a un juicio millonario entre privados.
En medio del escándalo, el Central subió al 31 por ciento los encajes, por lo que las entidades nacionales tienen menos capacidad prestable. Y el aumento del riesgo país encareció el precio que las empresas deberían pagar por un préstamo en el exterior.
Corredores
El 20 de julio, el Gobierno le adjudicó el Corredor Vial A al consorcio integrado por Paolini, Vial Agro e INC, las que administrarán 706 kilómetros de rutas nacionales en Buenos Aires. Estas obras tienen un plazo de ejecución de cuatro años y un presupuesto de 1.002 millones de dólares.
El empresario Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, en su declaración como “imputado arrepentido” mencionó a Vial Agro. Pero la Justicia aún no citó a sus responsables.
El Corredor Vial C está a cargo de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles, la que administrará 778 kilómetros de la ruta nacional 7 en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, con un presupuesto estimado de 801 millones de dólares.
Esa firma también fue mencionada por Wagner como una de las que formaban una cartelización de las obras con aval del gobierno kirchnerista, al que se le otorgaban coimas. El mendocino José Cartellone, presidente de la compañía, rechazó las acusaciones.
Los corredores viales E y F fueron adjudicados al consorcio integrado por las compañías Helport, Panedile, Eleprint y Copasa, las que ofertaron obras por 1.010 millones de dólares para el primero y 722 millones para el segundo.
En su web, Helport se define como “la empresa constructora de Corporación América”, el grupo liderado por Eduardo Eurnekian, cuyo sobrino y principal heredero Hugo Eurnekian se presentó de manera voluntaria ante el juez Claudio Bonadio para confesar que Corporación América realizó pagos a Roberto Baratta.
