En la última reunión del gabinete provincial, el gobernador Juan Schiaretti compartió con sus ministro una preocupación: el deterioro de la situación social que produce la inflación. De allí, la decisión de incrementar las partidas para el asistencialismo.
El lunes pasado, el mandatario provincial encabezó una reunión de gabinete, la primera desde el último recambio de ministros, que se produjo el 20 de septiembre pasado.
Fue el debut de la ministra de Justicia, Laura Echenique, ya que los otros tres funcionarios que juraron ya encabezaban otras carteras: Julián López (Gobierno y Seguridad); Laura Jure (Economía Familiar) y Facundo Torres (Empleo).
Las reuniones de gabinete son esporádicas. Schiaretti prefiere hablar directamente con los ministro los temas de cada área de la gestión.
En esta oportunidad, el gobernador eligió hablar con sus 17 ministros y hubo un tema central: el impacto de la inflación en los más vulnerables.
En ese sentido, Schiaretti instruyó a los ministros que tienen que ver con el área social; Juan Carlos Massei (Desarrollo Social); los mencionados Facundo Torres y Laura Jure para que aumenten las partidas para asistir a los más necesitados.
No está resuelto el monto de la inversión, pero la decisión es actualizar los planes sociales provinciales.
El ministro Massei explicó que el incremento del presupuesto social tiene que ver directamente con el impacto de la inflación.
“La actualización de los montos de los programas sociales se hace periódicamente, conforme a la situación económica que atraviesa el país, por el impacto de la inflación”, argumentó el responsable de la cartera social.
Otras fuentes oficiales se preocuparon en aclarar que, como explicó Massei, el aumento del asistencialismo está relacionado con la inflación, descartando que tenga que ver con una cuestión electoral, por el inminente arranque de la campaña.
La asistencia más directa que brinda el Gobierno provincial es la tarjeta social. Son 45 mil beneficiarios que reciben 8.000 pesos mensuales, sólo para la compra de alimentos.
Se trata de una inversión de 360 millones de pesos mensuales. No está definido de cuánto será el aumento, pero este aporte podría llegar a los 10 mil pesos.
Si finalmente la suba es de 2.000 pesos por beneficiario, se inyectarán 90 millones de pesos mensuales más para la compra de alimentos.
En Córdoba también está el programa nacional Alimentar que es más amplio: llega a 180 mil beneficiarios, con un subsidio promedio de 10 mil pesos, de acuerdo a la cantidad de hijos.
Este plan nacional tuvo un cambio, que para el Centro Cívico fue negativo: ya no se entrega el dinero a través de la tarjeta Alimentar, con la cual sólo se podían comprar alimentos.
Ahora la asistencia alimentaria pasó a formar parte de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que son fondos de libre disponibilidad.
“Es cierto que son recursos que siguen llegando a los más pobres, pero ahora no hay garantía de que se destine sólo a la compra de alimentos”, argumentó un schiarettista.
En la Provincia también hay expectativas por el bono de 45 mil pesos que el Gobierno nacional entregará entre noviembre y diciembre a personas que no tienen ninguna asistencia del Estado.
Se sabe que este bono será mucho más restrictivo que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que llegó a casi 700 mil cordobeses.
En este caso, el bono de 45 mil pesos (en dos cuotas de 22.500 pesos), cuya inscripción a través de la Anses comienza mañana, podría llegar entre 100 y 150 mil cordobeses.
Impacto en la clase media
En la reunión del gabinete también se coincidió que hay otro sector que es impactado por la inflación: la clase media baja, que está quedando por debajo de la línea de la pobreza.
Los planes de empleos provinciales son los que más llegan a este sector social. La idea es fortalecer esta política que apunta al empleo, que globalmente demanda una inversión mensual de 500 millones de pesos.
Hay cinco programas de empleo vigentes: Plan Primer Paso (PPP), con 15 mil beneficiarios. El Pila (programa de Inserción Laboral para adultos, de más de 25 años): 6.000 becas. Por Mí, destinado a mujeres mayores de 25 años, con 8.000 beneficiarias. El TIP (programa de inserción laboral para profesionales): 3.000 beneficiarios, y el PIL, inserción laboral, con capacitación, que llega a más de 2.000 personas, en sus distintas modalidades (turismo; tecnología, metalúrgicos; agro y comercio exterior).
Son más de 25 mil personas que acceden a estos programas, que ahora están a cargo de Facundo Torres, exministro de Gobierno.
