El Gobierno nacional activó la investigación que inicio meses atrás por un presunto acuerdo empresario para fijar los precios de la medicina prepaga, pero no habrá baja en los valores de las cuotas ni limitaciones para futuros aumentos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el miércoles que “la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó a un conjunto de empresas de medicina prepaga, a la confederación que las agrupa y la persona que la presidía, por haber hallado indicios múltiples de un acuerdo colusivo”.
Pero esta decisión corresponde al proceso que se inició en abril de este año y no modifica el escenario actual que le permite a las compañías determinar libremente el costo de su prestación.
Producto de la desregulación del sector, las cuotas aumentaron en once meses de 2024 más de 190% contra una inflación acumulada de 112%, según se desprende de datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Las firmas involucradas podrían ser multadas por una inconducta que ya se produjo, pero no hay ninguna acción complementaria que limite su facultad de definir cuanto cobrar.
La reacción del gobierno se produjo luego que el informe de inflación del Indec reveló que el rubro salud creció muy por encima del índice general por el ajuste en las cuotas de la medicina prepaga.
El organismo precisó que el rubro “salud” tuvo un incremento de 2,9% en octubre, medio punto sobre el 2,4% del Indice de Precios al Consumidor IPC). Ese aumento se compone de un alza de 1,73% en medicamentos y 4,5% en las cuotas de las prepagas. Cabe recordar que en la medición de octubre los gastos en salud habían crecido 3,6% (contra inflación general de 2,7%), con un alza en prepagas de 6%.
Desde las empresas aducen que esta recomposición se debe al atraso en las mensualidades que se había acumulado en los últimos años. Por otro lado, afirman que es necesaria para la recuperación de las prestaciones y la actualización del equipamiento.
El proceso
En abril, la Secretaría de Industria y Comercio junto a la CNDC obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes a diciembre y actualizarlos por el IPC. Desde junio se los liberaba de toda restricción. Incluso se forzó a las empresas a devolver lo que habían cobrado por sobre la inflación entre diciembre y abril.
Esta devolución no estuvo exenta de complicaciones para los usuarios de prepagas ya que en muchos casos tuvo que obtenerse a través de fallos judiciales. A su vez, se realizó en cuotas y descontando de las facturas pagadas en los meses siguientes.
Ahora, a partir de la notificación, las personas jurídicas y humanas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la acusación.
La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles ―y que de considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más― para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos.
Según señalaron desde Comercio a este medio, “en caso de que la prueba producida resulte suficiente para desvirtuar la imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones”.
En caso contrario, la secretaría y la CNDC “podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido”.
Cabe recordar que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar a multas.
La norma clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas.
“Los acuerdos de precios constituyen una de las conductas más graves de la normativa de defensa de la competencia. En esta nueva Argentina ya no hay lugar para este tipo de prácticas, para este tipo de avivadas”, remarcó Adorni.
Las empresas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la imputación son: Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios.
La decisión alcanza también la Unión Argentina de Salud (UAS); y a Claudio Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y del entonces presidente de la UAS.
