Lejos de apaciguarse, la tensión por la situación financiera de las empresas de medicina prepaga –e inclusive de las obras sociales– se mantiene: las compañías siguen con costos por encima de sus ingresos y los afiliados continuarán viendo aumentos todos los meses de 2025 por encima de la inflación.
Se trata de un status quo difícil de cambiar, a partir de la premisa económica del “no hay plata”, sostenida por el gobierno de Javier Milei, con la principal bandera de gestión a cargo de su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
El funcionario, como se sabe, después de liberar los precios acusó a un lote de grandes prestadores de actuar bajo el formato de “cartelización” y motorizó una denuncia judicial contra ellos concretada en diciembre pasado.
Pero Caputo y el oficialismo en general tampoco alientan medidas que podrían quitarle presión a la caldera que es la salud privada, como la devolución de impuestos, el pago de deudas históricas y una reforma laboral que modernice los convenios del sector en general.
Es decir, la política también tiene mucho por hacer para cambiar este cuadro. Algún paso dio recientemente, al postergar las ejecuciones por deudas fiscales pero faltan otros.
Prepagas en la tormenta
En Córdoba, la combinación de todo esto, está haciendo mella en las prepagas “locales”. No son muchas pero sí importantes para el sistema y para los pacientes.
Una, por ejemplo, identificada con un conocido centro de atención de la salud, subió 87% el valor de la cuota de uno de sus planes para personas ancianas entre junio y diciembre pasado, y ya anunció que esa escalera ascendente continuará en este 2025.
En términos nominales, la cuota que en junio costaba $ 220.000 en diciembre llegó a $ 412.000, para una sola persona. Es decir: 87% más. Aunque el costo de la salud no reconoce de territorialidades, en Córdoba, exige un esfuerzo significativo de parte de los afiliados/clientes.
Es un mercado diferente a, por ejemplo, Capital Federal, la “cuna” de las financiadoras de salud, donde residen el 45,5% de los afiliados de todo el país.
“Las prepagas, después de abril, volvieron para atrás sus precios y empezaron a ajustar dos o tres puntos por encima de la inflación de cada mes, eso fue permitiéndoles recuperar el retraso”, explica Jorge Colina, economista jefe de la consultora Idesa, a La Voz.
Con estas actualizaciones, las empresas terminaron 2024 con sus ingresos un 10% abajo respecto de diciembre de 2019, menciona Colina. Ese año se produjo el recambio político que derivó en la llegada al gobierno peronista que a poco de andar congeló los precios para mitigar el impacto de la pandemia y también contener la inflación, algo que a la luz del número final del año 2023 (211,4%), no consiguió.
El “ecosistema” integrado por las financiadoras con los prestadores se prepara en Córdoba para recorrer un año difícil. “Aquellas prepagas que cuentan con una integración vertical, con su propia estructura prestacional, de alguna manera puede distribuir las pérdidas”, razonó el director comercial de un establecimiento que pidió reserva.
“En cambio, las grandes prepagas sin estructura propia, la verdad que están complicadas”, agregó, en parte por la pérdida de afiliados que se produjo más que nada el año pasado y luego se estabilizó, pese a lo cual todavía se mantiene un goteo de renuncias.
Un caso conocido en ese sentido fue el de Medicus que según datos de mercado habría perdido 25 mil afiliados, sobre 200 mil que acumula en su cartera, aunque desde la empresa afirman que fueron solamente siete mil las cuentas que se dieron de baja.
“La caída de un 10 por ciento en la recaudación, es grave para cualquiera”, agregó la fuente consultada por este medio. Otra “grande”, con casi 530 mil afiliados, habría resignado el 15% de su cuenta total de clientes.
En la vereda de las clínicas
Por el lado de los prestadores, en un reciente informe, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento (Cedim), afirma que el sistema privado de salud “logra sobrevivir porque desarrolló habilidades para estabilizar la ecuación de los resultados monetarios de caja”, pero tiene “claramente comprometida la sustentabilidad por el lado de los resultados económicos”.
El cierre de la emergencia sanitaria iniciada en 2002, postergó la exigibilidad de las deudas impositivas a las instituciones de la salud, pero “finalizada la emergencia, las deudas impositivas se hacen exigibles y quedó al desnudo la endeblez patrimonial de muchas instituciones privadas de salud”, indicaron esas entidades.
Unas 5.000 instituciones de salud de capital privado adeudaban impuestos y cargas sociales, por ello el 27 de diciembre Caputo les tiró una soga e impidió los embargos judiciales hasta el 31 de julio de 2025. ¿Y después? Se verá. Tiene que tallar la política.
Esa fecha de mitad de año no es casual: el Gobierno espera que para entonces se note una recuperación de la actividad económica que también derrame en el sistema de salud, con crecimiento del PIB en torno de +5 puntos.
Como el sector define, el santo grial de la ecuación de caja es la ocupación de la capacidad instalada. Adecra y Cedim remarcan que entre el 70% y el 80% de los gastos operativos de un centro de salud son costos fijos, imposibles de cortar cuando se tiene menos trabajo.
Los salarios de profesionales, enfermeras, personal de apoyo, más el equipamiento de alta tecnología, e insumos, entre otros, integran esa larga lista. Que la economía se estabilice y crezca es el oxígeno para que ese paciente respire, entienden las entidades, algo en lo cual coinciden con Caputo.
Pero hay aspectos, como el de la deuda, donde el Gobierno podría hacer más. Uno son los créditos de IVA no computables que terminan siendo costos para las empresas por la exención que se otorga a las obras sociales y la alícuota reducida a prepagas.
En este tramo que va hasta julio, un anhelo del sistema sería poder avanzar en la compensación de esas obligaciones, intercambio que ya ha sido objeto de análisis e inclusive de proyectos de ley que jamás salieron de los escritorios.
El año pasado, dos diputados de Unión por la Patria (Pablo Yedlin y María Luisa Montoto) presentaron una iniciativa en esa línea.
Asimismo, al parlamento se le pide cambios en la legislación laboral, alineados con la ley Bases. La medicina privada se rige por convenios colectivos negociados en 1975, nunca adaptados a cambios como por ejemplo el impacto tecnológico. Ello incluiría la posibilidad de avanzar, además, a convenios por empresa o grupos de empresas.
Otro reclamo es que las provincias y municipios ordenen su carga tributaria para con las clínicas, sanatorios, hospitales privados y prestadores en general, ya que cobran Ingresos Brutos, Sellos y tasas de diversa índole.
Todo suma, cuando el dinero es un bien escaso.
