El legislador oficialista e integrante del Movimiento Evita Córdoba, Carlos Mariano Lorenzo, presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto en el que establece el rechazo a la decisión del Gobierno nacional de recortar las ayudas para los denominados “barrios populares”.
“El Gobierno nacional está recortando los fondos de las políticas públicas más consensuadas y significativas de los últimos años, gestionadas por los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Hoy el presidente Javier Milei quiere que los sectores más humildes vivan en las peores condiciones”, aseguró el legislador que integra el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba.
Lorenzo aseguró que desde 2016, cuando se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y se reconocieron 6.467 barrios populares en todo el país con deficiencias en servicios y urbanización, se trabajó en una tarea de mejoramiento. “Con la sanción de la ley 27.453 se creó el Fondo Nacional de Integración Urbana (Fisu), destinado a financiar obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de millones de personas que viven en condiciones materiales de altísimo riesgo social y ambiental”, explicó.
“Este recurso desplegado durante años a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana fue gestionado de forma transparente y democrática -agregó-. Posibilitando la realización de obras que incluyen mejoras habitacionales, equipamientos comunitarios y espacios públicos en cientos municipios de todo el país. Por lo que repudiamos el accionar del Gobierno nacional que, a través de un decreto, termina con el financiamiento que permite la urbanización de los barrios populares”.
“Esta es una política pública que al mismo tiempo que mejoró las condiciones materiales del hábitat, aportó a la generación de empleo e incluso las economías locales y populares. Incorporó a jóvenes profesionales en equipos técnicos interdisciplinarios y articuló el trabajo de gobiernos provinciales, municipales, iglesias, cooperativas, organizaciones sociales, cámaras empresariales, colegios de profesionales y universidades”, aseguró.
Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares de 2024, se estimó que en Córdoba más de 25.000 familias residen en 177 barrios populares, donde el acceso a servicios básicos es limitado. El 75,71% de las familias tiene una conexión irregular a la red eléctrica; el 88,70% carece de conexión regular al agua corriente; y el 71,75% dispone únicamente de desagüe a través de pozos ciegos.
