Por estos días, hay un denominador común que une al presidente Alberto Fernández y al gobernador Juan Schiaretti: la ansiedad por conocer a través de encuestas el impacto del escándalo del llamado vacunagate.
Tanto en la Casa Rosada como en el Centro Cívico tienen datos de sondeos propios.
Esos números son un secreto de Estado. Pero los indicios marcan que no habría buenas noticias para ningún gobernante. Ni siquiera para los opositores.
El malhumor social es generalizado, sin bien los oficialismos son los más preocupados.
En Córdoba, los schiarettistas se esmeran en aclarar que no se puede comparar lo que sucedió con el vacunatorio VIP, que había armado el ahora exministro de Salud de la Nación Ginés González García, con la difusión de los funcionarios provinciales e intendentes que se inmunizaron bajo la difusa categoría de “personal estratégico prioritario”.
De todos modos, parece haber un ánimo generalizado que surge de la mayoría de las encuestas: la gran porción de ciudadanos, más allá de los convencidos de una y de otra orilla de la grieta, considera que la clase política tuvo y tendrá privilegios a la hora de recibir las vacunas.
Toda generalización es injusta, pero los sondeos reflejan este malestar social.
Urnas en el horizonte
Es un clima inquietante para cualquier gobernante cuando en el horizonte cercano aparecen las urnas. Dirigentes de todo color partidario admiten que es una situación inédita. No se trata de un beneficio para un acomodo o un plan asistencial. En pandemia, la vacuna contra el Covid puede ser un límite entre la vida y la muerte. Entonces, el impacto político puede ser devastador.
De allí la preocupación de los oficialismos nacional y provincial, más allá de que la magnitud del escándalo sea diferente.
En el caso de Córdoba, hasta los intendentes de cualquier pequeña localidad inmunizados antes que sus gobernados hoy sienten el temblor del descrédito.
En el Centro Cívico tampoco disimulan un temor: que el Gobierno nacional decida “socializar” los costos políticos del vacunagate haciendo públicos los nombres de todos los vacunados en el país.
¿Por qué el temor? En Córdoba, como en todas las provincias, habría muchos más privilegiados que los que se conocieron, que se adelantaron en la fila para vacunarse.
Extrañamente, también sobrevuela una cuota de optimismo entre funcionarios nacionales y schiarettistas: creen que la sociedad tiene memoria corta. Y que si el Gobierno nacional cumple con su promesa de conseguir una gran cantidad de vacunas en los próximos 60 días, el malestar social pasará antes de votar. Un pronóstico que hoy parece poco realista.
En medio de la tormenta de cuestionamientos por el manejo de las vacunas, nadie quiere hablar de elecciones. Pero las secuelas del escándalo amenazan con tener impacto en las urnas.
Impacto en Córdoba
También figura en el análisis electoral la condena contra el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero, que puede tener repercusión en Córdoba.
El fallo contra el empresario santacruceño, aún no firme, es inquietante para la vicepresidenta Cristina Fernández, involucrada en otras causas judiciales junto con Báez.
La dura condena contra el empresario amigo de Néstor Kirchner profundizó la embestida del cristinismo contra el Poder Judicial.
Alberto Fernández ya apuntó contra los jueces y fiscales por las causas que se abrieron por las vacunas VIP.
Este enfrentamiento del Gobierno nacional con la Justicia tiene un efecto político directo en Córdoba: Schiaretti se mantendrá distante de la Casa Rosada.
Los schiarettistas insisten en que, para el PJ cordobés, el Poder Judicial y el campo son un límite de cara a un eventual acuerdo con el Frente de Todos.
En un escenario tan complicado, ninguna definición política es definitiva, pero schiarettistas, albertistas y cristinistas cordobeses reconocen que asoma como inevitable que haya listas separadas para las próximas elecciones legislativas.
No sería la primera vez que esto ocurra en Córdoba. Pero hay una diferencia respecto de anteriores comicios nacionales. Ahora no se trata de una posible disputa entre el PJ cordobés y el kirchnerismo. Esta vez hay una división en el oficialismo provincial.
Una porción del peronismo local, el espacio que encabeza el senador Carlos Caserio, está alineado con la Casa Rosada.
La dimensión de esta división está por verse. Y no hay coincidencia en los pronósticos.
Para los schiarettistas, es un “pequeño grupo”, mientras que los albertistas están convencidos de que disputarán “voto a voto” la banca de senador con la lista del gobernador.
Este análisis parte de la base de que los peronistas cordobeses reconocen que en la provincia es casi imposible ganarle a Juntos por el Cambio si la alianza opositora mantiene la unidad.
La pulseada entre peronistas sería por el segundo lugar; es decir, por una banca en el Senado.
No obstante, todo es inestable en este contexto de pandemia. De allí la ansiedad y el temor por las encuestas.
