Cuando a principios de 2024 se repartieron las comisiones en la Cámara de Diputados, el oficialismo se quedó con la presidencia de Libertad de Expresión, habitualmente reservada a la oposición por ser receptiva de denuncias. El objetivo de La Libertad Avanza estaba claro: mantener la comisión lo más cerrada posible y alejada de debates sensibles. Pero ante los últimos acontecimientos, crece la presión de distintos bloques políticos para reabrirla.
La comisión está en manos de la diputada Emilia Orozco, la artífice del reciente triunfo electoral de La Libertad Avanza en Salta capital. El año pasado se reunió tres veces: la última fue en septiembre del año pasado. Este martes, diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica presentaron una nota para exhortar a Orozco a que convoque “de manera urgente” al cuerpo.
La misiva fue firmada por el socialista Esteban Paulón, el cordobés de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, Carolina Gaillard de Unión por la Patria, y Mónica Frade de la Coalición Cívica. Exigen a Orozco que cite a la comisión para “garantizar el normal funcionamiento de la misma y diagramar una agenda acorde a la crítica situación que atraviesan la libertad de prensa y de expresión y el libre ejercicio de la actividad periodística en la Argentina, frente al ataque sistemático a los trabajadores de prensa por parte del gobierno de Javier Milei”.
Entre esos ataques mencionan el “hostigamiento y estigmatización” a comunicadores por parte del presidente, quien adoptó como nuevo slogan que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas” y hasta denunció penalmente a tres de ellos, Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad, por supuestas calumnias e injurias.
También enumeran la “persecución judicial” a periodistas “críticos”, la “represión policial” a trabajadores de prensa y reporteros gráficos durante las protestas semanales de jubilados (en la última fue detenido un fotógrafo, Tomás Cuesta), y medidas tendientes a “restringir” la libertad de prensa.
La última de estas medidas, advirtió la oposición, tiene que ver con las nuevas condiciones fijadas por el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, para la acreditación y cobertura de actividades en Casa de Gobierno, “atribuyéndose una discrecionalidad inusitada para decidir qué medios periodísticos y profesionales de la comunicación se encuentran habilitados a acceder a la cobertura”.
Nuevas disposiciones para conferencias
La resolución 1319/25, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, fija un sistema discrecional de puntos para acceder a las acreditaciones, obliga a los postulantes a firmar una declaración jurada, y restringe la circulación dentro de la Casa Rosada y la toma de imágenes o videos en “espacios no autorizados”.
También vigila la conducta bajo amenaza de revocación de la acreditación, restringe las preguntas que pueden hacerse en las conferencias de prensa, limita la cantidad de profesionales por medio de comunicación y hasta regula la forma en que deben vestirse los acreditados.
“Frente a este estado de situación, habiendo transcurrido casi tres meses desde el inicio del año legislativo y ocho meses desde la última convocatoria a reunión de comisión en la que se visibilizó esta problemática, resulta alarmante la inactividad de la Comisión de Libertad de Expresión”, alertaron los diputados firmantes de la nota.
Para los legisladores, “la ausencia de reuniones, posicionamientos públicos y una agenda legislativa que ponga en tratamiento las solicitudes e iniciativas presentadas por los diputados en torno a la problemática debilita los mecanismos democráticos”.
Por su parte, el cordobés Pablo Carro, que preside la Comisión de Comunicaciones e Informática, encabezó un proyecto para repudiar la “sistemática campaña de descrédito, intimidación y persecución de la actividad periodística” por parte de Milei y su equipo de comunicación, “utilizando la investidura y recursos públicos contra columnistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación”.
Además, el texto (que fue acompañado por el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez) rechaza las presentaciones judiciales del presidente contra Pagni, Canosa y Lijalad, “a través de las cuales se pretende manipular la legislación vigente sobre calumnias e injurias ante la opinión pública, en una nueva escalada de incitaciones al descrédito y al odio”.
En tanto, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) salió a exigir la renuncia de Orozco a la presidencia de Libertad de Expresión. “Su silencio frente a estos hechos (tanto la represión como el hostigamiento a periodistas desde las más altas esferas del poder) y su inacción sistemática deslegitiman por completo su rol”, denunció el “lilito” días atrás.
