El juez federal Sebastián Casanello rechazó este viernes un pedido para anular la causa que investiga supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, un caso que se inició tras la filtración de audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaba un presunto esquema de sobornos que beneficiaría a la secretaria general de la presidencia Karina Milei.
La solicitud de nulidad había sido presentada por la defensa de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.
Su abogado, Martín Magram, argumentó que los audios que originaron la denuncia eran ilegales y que se había violado el derecho a la defensa de sus clientes.
Sin embargo, el juez Casanello, en sintonía con la opinión previa del fiscal Franco Picardi, consideró el argumento de la defensa como un “sofisma” y rechazó el planteo por razones tanto de forma como de fondo.
Los argumentos de Casanello
Formalmente, el magistrado señaló que la defensa presentó el pedido “a ciegas” mientras la causa estaba bajo secreto de sumario, por lo que no podía alegar un perjuicio concreto, requisito indispensable para declarar una nulidad.
Según Casanello, la estrategia de la defensa consistió en atribuir a las grabaciones el carácter de “prueba única”, lo cual es falso, para luego denunciar su ilegalidad y así intentar “hacer caer todo lo actuado”.
En cuanto al fondo del asunto, el juez validó el inicio de la investigación, que partió de una denuncia basada en información periodística.
Sobre la legalidad de los audios, Casanello se apoyó en una amplia jurisprudencia que establece que la grabación de una conversación realizada por uno de los participantes es lícita.
El fallo recuerda que al conversar con otra persona se asume el riesgo de que esta pueda retransmitir lo que escuchó.
El juez diferenció la actuación de un particular de la de un funcionario público.
Explicó que las garantías constitucionales, como la prohibición de obligar a alguien a declarar contra sí mismo, son límites para los funcionarios, no para los particulares que documentan un posible delito.
Así, los audios aportados por particulares se consideran “prueba documental” y su valor será ponderado junto al resto de las evidencias recabadas.
Finalmente, Casanello resaltó la “gravedad de las maniobras corruptas” que se investigan y la obligación del Estado Argentino de indagar estos fenómenos que, según describió, “socavan la democracia”.
