El bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba aprobó este miércoles en la Unicameral el paquete económico para 2024, elaborado por consenso entre la administración del gobernador Juan Schiaretti y el equipo del gobernador entrante, Martín Llaryora. Además del Presupuesto General 2024, se votó la ley Impositiva Anual y el Código Tributario.
El PJ tuvo el apoyo de los legisladores de Identidad Peronista, de los cuatro parlamentarios del PRO y de Orlando Arduh (Córdoba Auténtica) en general. Sin embargo, en particular Identidad Peronista (Mariana Caserio y Miguel Maldonado) no acompañó un artículo polémico: el 63, que habilita al Ejecutivo provincial a subir dos puntos porcentuales los aportes personales de todos los empleados públicos a la Caja de Jubilaciones. Hoy ese aporte es del 4% y podrá saltar al 6% si Llaryora así lo define.
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) también advirtió sobre la reducción salarial que supone ese artículo. Y de hecho, en la sesión no estuvieron presentes los legisladores de origen gremial José Pihen (SEP) y Sara García.
También en un comunicado firmado por el SEP, Uepc, Judiciales, Legislativos, Suoem y Luz y Fuerza, entre otros sindicatos, se cuestionó este artículo.
“El Presupuesto 2024 que sanciona la Legislatura Provincial faculta en unos de los artículos al Poder Ejecutivo a incrementar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores comprendidos en la Ley de Jubilaciones vigente, hasta en un 2%. Y establece que dicha facultad podrá ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2025. De hacerse efectiva dicha facultad, implicaría lisa y llanamente la rebaja de los haberes de los activos y una disminución en el cálculo del haber inicial de todos los jubilados provinciales. Frente a esta decisión totalmente inconsulta, los gremios que representamos a los aportantes y beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba expresamos nuestro total rechazo a la medida, Y como es evidente que la facultad sólo podría ser ejercida por el gobernador electo Martín Llaryora, le solicitamos no hacerla efectiva a fin de evitar lo que sería un inevitable conflicto”, expresaron.
Por otra parte, se trata del primer presupuesto provincial que otorga al Ejecutivo la potestad de subir el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural hasta el límite de la movilidad salarial que mide el Indec. Es decir, que a lo largo del año ese tributo puede aumentar en varias oportunidades. El presupuesto que también aprobó este miércoles el peronismo cordobés en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba incluye la misma indexación de la contribución a los Inmuebles.
El paquete económico provincial se aprobó por 49 votos positivos y hubo 12 legisladores que se opusieron.
Datos gruesos
El Presupuesto 2024 prevé gastos totales de la Administración General por un total de $ 4,2 billones, lo que representará un incremento de casi el 87% en términos nominales respecto de lo proyectado para el ejercicio 2023.
De este total presupuestado para el año próximo, $ 3,5 billones se destinarán a gastos operativos (incluidos salarios y jubilaciones), mientras que $ 721,3 mil millones irán a erogaciones de capital.
Entre los fundamentos expresados por legisladores oficialistas, se destacó que el cálculo “le otorga prioridad al gasto de carácter social” y la “continuidad en la ejecución de obras”.
Este debate del Presupuesto 2024 comenzó pasadas las 19 y concluyó cerca de la medianoche. Más de una decena de parlamentarios se anotaron como expositores.
“Son unos cínicos porque meten este paquete de proyectos y quieren dar otro mensaje al homenajear a Sonia Torres. Se sacan también fotos con Estela de Carlotto, pero les importa muy poco la democracia... Este es un paquetazo en contra de los trabajadores. ¡27 leyes quieren modificar!”, cuestionó Luciana Echevarría.
“Con este presupuesto, perdimos en asistencia $ 63 mil millones; en educación, 480 mi millones; en ciencia y tecnología perdemos. Lo que hicieron es desfinanciar los sectores más importantes”, expresó el radical Cossar. “Es una irresponsabilidad aprobar esto”, sumó su par Daniela Gudiño. Luego, el también radical Dante Rossi redobló críticas y recalcó que el Presupuesto es “un dibujo”.
Desde el radicalismo, además, Elisa Caffaratti apuntó contra la falta de normalización de la Universidad Provincial de Córdoba, y con el hecho de que se usa el Presupuesto para modificar otras leyes que nada tienen que ver con el cálculo de ingresos y gastos. “Este Presupuesto es una estocada al bolsillo de los cordobeses, pero también es una afrenta a nivel institucional”, dijo la radical, que cuestionó el aumento de gastos reservados
“Todos los años el PJ hace lo mismo, pero esta vez de manera brutal con el paquete presupuestario. Son unos ajustadores”, dijo Noelia Agüero, legisladora de la izquierda.
La parlamentaria Cecilia Irazuzta (bloque Independiente) hizo una detallada comparación de las partidas más estratégicas del presupuesto y tuvo una de las intervenciones más críticas. “En educación, por ejemplo, observamos un ajuste en términos reales de lo que destinan a cada uno de los programas del Ministerio. La Ley 10.863, de Emergencia de la Infraestructura de Establecimientos Educativos, que apuraron para su sanción a fines del año pasado, recibió $ 2.019 millones para el 2023 y sólo $ 534 millones para el 2024″, denunció.
El cierre de la discusión estuvo en manos del oficialista Leonardo Limia, quien reivindicó la planificación para la próxima gestión de acuerdo con los lineamientos que marcó la gestión Schiaretti durante 12 años.
Recalcó la necesidad de mantener el superávit operativo para continuar el plan de obras. “Hay que continuar con la política de la obra pública que nos permitió invertir más de U$S 8 mil millones en los últimos años y que también nos permitirá realizar una inversión social de más de $ 300 mil millones”, indicó el legislador.
Tras su exposición en el recinto, Limia dialogó con los medios y amplió las modificaciones sobre los impuestos. “Preocupa algunos digan que van a estar atados a la inflación. No, eso es lo que hay que dejar aclarado e ir a lo que dice concretamente la ley que acabamos de aprobar. El Impuesto Inmobiliario Urbano mantiene la base imponible el año 2020 y se actualiza por el Índice de Precios de los Salarios, o sea, de acuerdo a cómo crece el salario se va actualizando. El Rural también mantiene la base de 2020 y se actualiza de acuerdo al Índice de Precios general del sector europeo”, aseguró.
En esta jornada de alta tensión en la Unicameral, el oficialismo optó por no responder las fuertes críticas opositoras al Presupuesto 2024 sino fundamentar los proyectos. Después de ese largo debate, continuaba el tratamiento de los dos temas más polémicos de la sesión: la nueva ley del Tribunal de Cuentas y la modificación del Código Electoral.
