Con discurso y acciones que buscan alinearse a los preceptos de austeridad y menor presión impositiva del gobierno del presidente Javier Milei, la administración que lidera el gobernador Martín Llaryora presentará hoy en la Legislatura el Presupuesto provincial del año próximo, que contempla las previsiones de gastos e ingresos para 2026.
De acuerdo a la información a la que accedió La Voz, el proyecto tendrá un doble gesto político: subas con topes por inflación y rebajas para el 41% de los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Urbano.
El ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, será el encargado de presentar este mediodía el proyecto en la Legislatura.
Los borradores del Presupuesto a los que tuvo acceso este medio llevan un título ambicioso: “Plan de reducción de impuestos 2026”.
Días atrás, Llaryora había calificado de “histórico” el contenido de su plan de gestión en cuanto a la reducción de tributos.
Según los datos que se oficializarán hoy, el Inmobiliario Urbano –que abarca un universo de 1.196.000 cuentas– no tendrá subas superiores al 29%, cifra que coincide con la inflación estimada para este año.
Aunque el dato más fuerte es que casi la mitad de los contribuyentes, un 41% (alrededor de 500 mil) verá reducciones nominales de hasta el 25% respecto de lo pagado en 2025. Si se considera la inflación acumulada, esa baja real treparía hasta el 54%, según precisaron fuentes oficiales.
En tanto, un 11 por ciento –unos 150 mil contribuyentes– pagará el mismo monto nominal que este año, lo que en términos reales implicará una reducción del 29%, si se considera la inflación.
Mientras que otros 250 mil contribuyentes (el 21%) tendrán actualizaciones que acompañarán la inflación, por lo que, descontada esta variable, no registrarán aumentos.
Finalmente, unos 310 mil contribuyentes tendrán subas inferiores al 29%, de modo que abonarán menos que en 2025.
Para acceder a los beneficios, será condición esencial ser contribuyente cumplidor y estar al día con el pago del Inmobiliario Urbano.
Según las estimaciones oficiales, este “plan de reducción” implicará un costo fiscal de 200 mil millones de pesos.
Sector agropecuario
El año pasado, el aumento del Inmobiliario Rural encendió la polémica y generó fuertes reclamos del sector agropecuario. Esta vez, el Gobierno provincial busca calmar las aguas: el tope de incremento será también del 29%, y se promete que el 98% de lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario, encargado de financiar obras de infraestructura en el sector rural.
A ello se suma un descuento adicional del 5% para los productores que trabajan sus propios campos. Se mantendrán, además, los beneficios del 30% para contribuyentes cumplidores y los estímulos por Buenas Prácticas Agropecuarias.
El alivio impositivo al campo, según cálculos oficiales, tendrá un costo fiscal cercano a los 250 mil millones de pesos.
Ingresos Brutos
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el más importante para las arcas provinciales, ya que concentra junto al Impuesto a los Sellos el 80% de la recaudación provincial, también tendrá descuentos.
En el nuevo Presupuesto, la gestión llaryorista proyecta una rebaja para los pequeños comerciantes: pasará de 3,5 a 2,5 puntos para el 64% de los comercios, cuyos ingresos anuales sean inferiores a los 88.100.000 pesos.
El paquete económico incluye además una Ley de Promoción Industrial, que establecerá Ingresos Brutos cero para las empresas que facturen menos de 3.200 millones de pesos, a cambio de invertir al menos el 1,2% de sus ingresos. A ello se sumará una Ley de Igualdad Territorial, que prevé desgravaciones de hasta el 100% para quienes inviertan en el noroeste y el sur-sur provincial.
La Provincia se compromete a destinar el 5% de la recaudación de Ingresos Brutos –unos 154 mil millones de pesos– a este programa de desarrollo regional para el norte y el sur.
Según las fuentes oficiales, el total de la rebaja en Ingresos Brutos implicará un costo fiscal de 450 mil millones de pesos. En cuanto al impuesto a los Automotores, como en todos los años anteriores, se actualizará conforme el valor de venta de los vehículos.
Se utiliza, como en la mayoría de los distritos, la “tabla” de Acara, la cámara que agrupa a los concesionarios de todo el país.
Más allá de los fríos números, Llaryora busca imprimirle al Presupuesto una impronta política distinta. A diferencia del año pasado, los funcionarios remarcan la decisión del gobernador de priorizar la “inversión social” por encima de las grandes obras, aquellas que fueron el emblema de su gestión durante los dos primeros años de mandato.
