El gobernador Martín Llaryora decidió avanzar en dos frentes sobre el sistema previsional provincial. Este miércoles, se tratará el Presupuesto 2026 y quedará aprobada la potestad del Ejecutivo para subir hasta cuatro puntos porcentuales los aportes previsionales de los empleados públicos. El miércoles 30, en tanto, el oficialismo llevará al recinto su intento de ponerle un tope a las jubilaciones más altas que paga la deficitaria Caja cordobesa.
Hay un proyecto presentado por el legislador socialista aliado al oficialismo Matías Chamorro para “topear” las jubilaciones de más de $ 2,5 millones, pero no está claro que sea ese el proyecto que finalmente se trate.
El Gobierno básicamente está midiendo reacciones: comenzaron las conversaciones con la oposición, se evalúa la unidad del frente gremial –habría perdedores y ganadores entre los jubilados– y también se iniciaron consultas informales a la Justicia.
Ese parece ser el frente más adverso para Llaryora. Hace un año la Legislatura de Santa Fe votó un tope similar, que el gobierno de Maximiliano Pullaro no llegó a aplicar por impedimento judicial. En 2008, Juan Schiaretti también intentó fijar un tope que fue rápidamente cuestionado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Ahora se pretende atemperar el impacto con un título de deuda que garantice el pago a futuro del capital y los intereses.
Primer paso
Este miércoles sí quedará aprobada la facultad del Ejecutivo para subir hasta cuatro puntos los aportes previsionales de los aportantes a la Caja. En el presupuesto vigente ya existe esa potestad de subir hasta dos puntos porcentuales extra, pero Llaryora no usó esa facultad. Todo indica que en 2026 sí la usará, aunque de manera focalizada.
Se aplicará la suba de cuatro puntos a los agrupamientos de los activos con mayores sueldos, que coinciden con los de los pasivos con mayores haberes. Los sectores de bancarios, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, autoridades del Poder Ejecutivo, municipales de la ciudad de Córdoba y empleados de Epec son los que casi con seguridad quedarían afectados por la suba de aportes. Hasta ahora no hubo freno judicial para una medida similar, que a principios de la administración Llaryora aplicó dos puntos extras.
En el Gobierno aseguran que los empleados públicos de menores ingresos no tendrán suba de aportes. Esto incluye a los docentes –a excepción de los directivos–, a los policías, al personal de la salud y al escalafón general. Tanto en activos como en pasivos, esa es la mayoría que el Panal asegura que pretende preservar de los mayores aportes y también favorecer en el pago de las jubilaciones: entre esos pasivos están los más de 50 mil que perciben el bono bimestral por tener haberes de menos de $ 1,3 millones.
Segundo objetivo
En paralelo comenzará a discutirse en la Legislatura el proyecto presentado por el legislador Chamorro. Esa propuesta apunta a declarar la Emergencia Previsional y ponerles un tope de 2,5 millones de pesos a las jubilaciones máximas que paga la Caja durante ese período. El excedente sería abonado mediante Títulos de Cancelación Previsional transferibles, que pagarán los intereses que detemine la tasa pasiva del Banco Central.
La propuesta también prevé compensaciones para quienes cobran menos de $2,5 millones. Sería un adicional no remunerativo para compensar la deducción del aporte personal y asegurar que esos jubilados alcancen o recuperen el 82% móvil.
En el equipo de Llaryora aseguran que el objetivo oficial es aplicar un tope de $ 3 millones. Y garantizar subas en la mínima, pero también en los haberes de la mayoría de los jubilados, además de eliminar las quitas por doble haber.
También recalcan que el objetivo de los cambios no apunta exclusivamente a reducir el déficit, sino a achicar las enormes diferencias existentes entre los jubilados cordobeses: subir la base y bajar la punta de la pirámide. Aseguran que el tope afectaría a menos del 10 por ciento de los jubilados y la mejora alcanzaría a más de 60 por ciento.
