El 10 de diciembre pasado, Martín Llaryora cumplió su sueño, que comenzó a alimentar cuando cursaba el secundario en el instituto técnico Ipem 50 Emilio Olmos, de San Francisco: ser gobernador .
Aunque el contexto en el cual llegó no fue el soñado, y menos el esperado: una profunda crisis económica nacional, y conflictos locales, luego de 24 años de gestiones peronistas.
No obstante, las dificultades y los desafíos parecen ser una constante en el inicio de cada gestión llaryorista. En 2007, heredó una gestión municipal en crisis en su San Francisco natal. En 2019, asumió como intendente de Córdoba, la primera gestión peronista en esta era democrática, con un municipio endeudado y con una fuerte injerencia del poderoso gremio de los municipales (Suoem).
Ahora, Llaryora cumplió días pasado su primer mes en el Centro Cívico. A diferencia de las asunciones anteriores, esta vez no puede hablar de su antecesor. Heredó la administración de su socio político y principal mentor, Juan Schiaretti, que dejó el poder con una alta imagen positiva y con el sello de ser un “gran gestor”.
El nuevo gobernador transitó este primer mes de gestión atravesado por la tensión con los gremios estatales, cierta distancia con el Gobierno nacional, y tratando de darle forma a su pregonado partido cordobés, su político espacio provincial al que pretende engrosar con dirigentes opositores: radicales y del PRO.
Esta vez, Llaryora no puede escudarse de la herencia recibida. Aunque él habla de “otro gobierno”, para la mayoría es la continuidad de la exitosa sociedad política que sellaron José Manuel de la Sota y Schiaretti.
A las cosas
Quienes conocen bien a Llaryora no se sorprendieron con su fuerte postura con los estatales, que generó esta situación de tensión.
Nunca ocurrió en la historia reciente de Córdoba. A 18 días de la asunción del nuevo gobernador, el 28 de diciembre pasado, los gremios del sector público impulsaron un “paro activo”, para reclamar por el aumento de los aportes personales.
Durante la campaña provincial, en privado, el entonces candidato oficialista admitía que no recibiría la Córdoba de los memes que Schiaretti mostró en la campaña presidencial, cuando fue candidato nacional.
Una deuda de casi 2.300 millones de dólares, un déficit preocupante en la Caja de Jubilaciones (en parte, por los incumplimientos del Gobierno nacional), y en la obra social estatal (Apross), más una paritaria firmada por Schiaretti –en otro contexto económico– fueron cuestiones que lo obligó a tomar medidas antipáticas desde el arranque.
El nuevo gobernador no habla de ajuste. Prefiere la palabra “equilibrio”. “Lo peor que nos podría pasar sería no poder pagar los salarios. Y para no llegar a eso hay que tomar medidas desde el principio”, suele justificar el sucesor de Schiaretti.
Llaryora impulsó una suba de los aportes de los empleados públicos para alimentar las alicaídas arcas de la Caja y de la Apross.
Más allá de los argumentos atendibles del Centro Cívico, en la práctica, la suba de los aportes significó un recorte de más del 4% en los salarios públicos.
Hay una posibilidad latente de un incremento de otros dos puntos, que le habilita al gobernador la ley sancionada por la Legislatura, en su última sesión del año.
El nuevo mandatario provincial también apuntó contra los contratados, que en algunos casos tienen hasta 10 años de antigüedad.
No se renovaron 1.300 contratos que vencieron el 31 de diciembre pasado, pero para los gremios estatales fue una bomba, porque la renovación en masa, habitualmente era automática.
Ahora Llaryora intenta imponer otra palabra que genera escozor entre los estatales: “productividad”, sobre todo, en el área de salud. Y próximamente en educación.
Poco acostumbrados a los controles, y sobre todo, de gestiones peronistas, los gremios reaccionaron con vehemencia y promete volver a las calles, luego del receso veraniego.
La tensión se trasladará en los próximos días por la discusión paritaria, una negociación que parece con pronóstico reservado.
La política
Además de la gestión, Llaryora también piensa en consolidar su estructura política. Siendo candidato oficialista, puso en marcha lo que denomina el partido cordobés, que no es otra cosa que ampliar la base política de la coalición provincial que hegemoniza el PJ.
El nuevo mandatario sumó a varios dirigentes radicales y del PRO a su gestión, pero por ahora, son más acuerdos personales, que partidarios.
A la vicegobernadora, la radical Myrian Prunotto, el gobernador sumó a ministros extrapartidarios a su gabinete, como los macristas Pedro Dellarossa (Industria) y Darío Capitani (Agencia Córdoba Turismo); y el exjuecista Juan Pablo Quinteros en Seguridad.
Hay más dirigentes en cargos en un segundo escalón de la gestión. Aunque, hasta el momento, esas incorporaciones de extrapartidarios no le dio al oficialismo la anhelada mayoría propia en la Legislatura.
Llaryora sigue trabajando para sumar voluntades en el parlamento cordobés. Aunque como quedó demostrado en la ajustada votación por el aumento de los aportes a los empleados públicos, la Legislatura está lejos de ser la “escribanía” que fue durante las gestiones delasotista y schiarettista.
No obstante, el nuevo gobernador no se tomó vacaciones en la gestión ni en la política. Seguirá insistiendo por sumar al peronista disidente Federico Alesandri a la bancada oficialista.
También sigue hablando con legisladores del PRO. Llaryora aspira a tener una mayoría propia cuando se abra el próximo período legislativo.
Encuentro “protocolar” con la vice
En este primer mes de gestión, el gobernador Martín Llaryora se mostró distante de la Casa Rosada. Dice que apoya la gobernabilidad, pero también les hace algunos cuestionamientos a las medidas que tomó el presidente Javier Milei, sobre todo al plan económico.
Más allá de esta postura, el nuevo gobernador se reunió este viernes con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien el viernes llegó a Córdoba, en una visita casi personal.
“Fue una reunión pedida por la vicepresidenta y el gobernador fue casi por una cuestión protocolar, pero la charla fue buena”, dijo una fuente provincial.
Llaryora fue al encuentro que se realizó en Villa Allende, en una vivienda particular del abogado Emilio Viramonte, amigo de la vicepresidenta, acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el viceintendente Javier Pretto.
Llaryora planteó cuestiones que viene sosteniendo de manera pública: respaldo a la gobernabilidad, pero se diferenció de algunas medidas que impulsa el Gobierno nacional, como por ejemplo, reponer las retenciones a algunas economías regionales.
Según una fuente que participó del encuentro, Llaryora planteó que está de acuerdo con la estrategia del Gobierno nacional de buscar un equilibrio fiscal. Aunque advirtió que eso no se debe hacer a costa del sector productivo.
“Si la economía se paraliza, será peor el remedio que la enfermedad”, es lo que Llaryora también le planteó al Presidente, en diciembre, en la reunión con todos los gobernadores.
Por su parte, la vicepresidenta explicó algunas de las medidas que impulsa la gestión libertaria. Villarruel también planteó que el Gobierno nacional necesita de respaldo político para sancionar leyes en el Congreso.
