La Legislatura de Córdoba analiza un proyecto de ley que busca saldar una deuda histórica del sistema tributario provincial: dejar de cobrar el Impuesto Inmobiliario a quienes han sido usurpados u ocupados de manera ilegal de sus propiedades.
La iniciativa, impulsada por Walter Nostrala, Viviana Martoccia y Daniel Juez, propone incorporar una nueva causal de exención al Código Tributario Provincial (Ley 6.006), específicamente para los casos de “desapoderamiento involuntario”; es decir, cuando una persona pierde el control de su inmueble por medios ajenos a su voluntad.
La modificación central está en el artículo 196, donde se incorpora el inciso 14 que exime del pago a “los inmuebles cuyos responsables y contribuyentes hayan sido involuntariamente desapoderados transitoria o permanentemente de los mismos”.
El texto establece también el procedimiento administrativo para acceder a esta exención. Será obligatorio presentar una declaración jurada electrónica a través del CIDI, donde el contribuyente deberá identificar el bien, acreditar su titularidad y manifestar, bajo juramento, que fue desapoderado. Además, podrá adjuntar denuncias penales, demandas judiciales u otra documentación relevante.
El régimen prevé que, una vez presentada la declaración jurada, la Dirección General de Rentas tendrá un plazo de 60 días hábiles para verificar la situación. Si no lo hace en ese período, la exención se consolida automáticamente.
En caso de duda, “la resolución deberá siempre estar a favor del solicitante”, establece el artículo 197 ter del proyecto.
Salida drástica
Además, el proyecto contempla una salida drástica: que el propietario opte por el “abandono expreso y voluntario” del inmueble, lo que implica desistir de recuperarlo y cederlo al Estado, conforme al Código Civil y Comercial.
El fundamento de la propuesta es contundente. En palabras del texto: “Nada justifica que el titular de un bien inmueble, que se encuentre privado del uso y disposición del mismo por un tercero, deba soportar la carga tributaria mediante el pago de un impuesto”.
El proyecto refleja una situación cada vez más común en Córdoba. Según cifras judiciales citadas, entre 2018 y 2020 se iniciaron más de 1500 causas civiles por conflictos posesorios. En paralelo, una nota de La Voz de marzo de 2024 advertía que las detenciones por usurpaciones crecieron un 155% en un año.
“Este proyecto tiene por objeto eximir temporalmente o permanentemente a los titulares/responsables de la obligación tributaria del Impuesto Inmobiliario Provincial en los casos de desapoderamiento involuntario”, resume el texto.
La medida apunta también contra el doble castigo que sufren los propietarios: deben iniciar acciones judiciales para recuperar sus bienes –proceso lento y costoso– mientras, por otro lado, Rentas les inicia juicios por el cobro del impuesto.
“Esto demuestra un Estado feroz y rápido para recaudar, pero lento a la hora de hacer justicia”, advierte el proyecto.
Por último, se incluyen sanciones para quienes falseen datos: multas de hasta 10 veces el valor del impuesto anual más acciones civiles y penales.
