El debate por una rediscusión tributaria en Córdoba generó también que desde la bancada de legisladores del PRO en la Unicameral se presentara un proyecto que buscará sumar gravámenes al juego en la provincia, y una baja en los aportes al Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
El legislador opositor Ignacio Sala (PRO), con apoyo de su compañera de bancada Patricia Botta, presentó un proyecto en la Legislatura de Córdoba para modificar dos normas clave: la 10.724, que introdujo modificaciones al Código Tributario Provincial; y la 11.016, que detalla la Impositiva Anual 2025.
Mediante la normativa 10.724, la Provincia creó en 2021 (en el gobierno de Juan Schiaretti) un fondo solidario para cubrir los desequilibrios de la Caja de Jubilaciones de la Provincia que estaba integrado por el aporte obligatorio que debían realizar las entidades financieras. Fondos que siguió instrumentando la actual administración de Martín Llaryora.
Ese aporte se corresponde con un porcentaje adicionado a la alícuota de Ingresos Brutos (que los bancos trasladan a los clientes).
Según los fundamentos de la propuesta del legislador Sala, actualmente, el aporte —que en 2023 era del 28,57%— se elevó en 2024 al 80%, lo que implicó que “las alícuotas por servicios de la banca minorista pasaran al 9% de la recaudación”.
“Asimismo, se sumaron como obligados al pago de ese 9% sobre el bruto a los servicios de cobro de pagos digitales, comúnmente conocidos como PSP. Es decir que se encuentran alcanzados todos los pagos que los cordobeses realizan con billeteras digitales”, aseguró el parlamentario opositor, que insistió que este porcentaje debe disminuir.
Según los fundamentos del proyecto, “surge del Presupuesto que hubo un aumento de más del 1.000% interanual en la recaudación, que pasó de $ 17.838 millones en 2023 a $ 182.957 millones en 2024”, por lo que afirmaron desde el PRO que también se dio un alto costo tributario que terminó por perjudicar a los cordobeses.
“El costo impositivo local altera las tasas nominales que las empresas ofrecen, castigando de modo directo a la clase media, que es la que más solicita créditos de consumo para afrontar arreglos domésticos, abrir un pequeño comercio o atender una necesidad de salud”, expresó Sala.
Además, advirtió sobre los efectos en la provincia de la economía digital. “La inclusión de la actividad PSP entre los obligados llevó a Córdoba a ser la provincia con la alícuota más alta para la actividad, una medida que castiga la expansión de los pagos digitales y el comercio electrónico junto con los créditos, obligando a todos los ciudadanos a pagar de más para solventar a la Caja de Jubilaciones de la Provincia”, insistió.
¿Qué propone el proyecto?
La idea principal del proyecto apunta a reducir el aporte solidario al 28,57%, vigente hasta diciembre de 2023, disminuyendo así la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Además de eliminar como sujetos obligados a los servicios de informática y PSP, más conocidos como pagos digitales.
Y sumar la incorporación al sector del juego, incluyendo a los casinos, tragamonedas y también las apuestas on line.
Según se explica en el proyecto, la idea central es “distribuir la carga de manera más justa”.
“Consideramos que el ingreso significativo que generan las actividades de juego puede contribuir en forma más justa y equitativa con el fondo solidario, compensando el impacto negativo que el juego produce, en lugar de gravar herramientas que facilitan la vida diaria y el desarrollo económico local”, expresó el legislador.
Según Sala, “la creación del fondo tenía carácter transitorio para cubrir los desequilibrios del sistema previsional provincial que a enero ascendía a $ 33.000 millones, por lo que no sería necesario para mantener el esquema actual”. Y aseguró que “al Estado nacional comprometerse a transferir $60.000 millones a Córdoba para cubrir el déficit previsional mediante el convenio firmado en mayo de 2025”, este punto podría ser modificado.
El legislador advirtió, además, que el retiro de Mercado Libre de las oficinas en Córdoba debido a los altos costos en las tasas, según la misma empresa, “es el comienzo del problema”.
“El Banco Central autorizó el cobro diferenciado por provincias según sus alícuotas, por lo que podemos esperar que en breve los ciudadanos cordobeses paguemos más que el resto de argentinos, en todas las plataformas y entidades financieras”, alertó.
