Nucleados bajo el gremio de ATE, un grupo de empleados de Anisacate, a 45 kilómetros de la Capital, realizaron una asamblea en la sede municipal.
La intendenta Natalia Contini (Juntos Podemos) fue hasta la puerta de ingreso y dialogó con quienes protestaban a la vera de ruta 5, reportaron medios locales.
Contini decretó la emergencia económica en el municipio “ante el quebranto de las cuentas”. En ese sentido la jefa municipal culpó a la gestión anterior de Ramón Zalazar (PJ) de haber pasado a planta permanente a su “planta política” además de “tener empleos en negro” y haber realizado nuevos contratos irregulares en los últimos meses de su prolongada gestión de 30 años.
Horas después, el exintendente Zalazar salió al cruce, argumentando que “en todo pase de gobierno hay una deuda flotante”, y manifestó que hay “mucho dinero en acreencias”, es decir, en deudas por cobrar de la municipalidad.
Por lo pronto, con la nueva gestión no se renovaron contratos, se dejaron sin efectividad los decretos de pase a planta permanente y se realizó una auditoría con escribano público para analizar las cuentas del municipio del valle de Paravachasca.
“Solo nos dijeron que estábamos desvinculados y que nos iba a llegar la notificación a la casa”, manifestó uno de los trabajadores al medio Mi Valle.
Todos los nuevos contratos no se renovaron, incluso “cinco de planta política que se designaron por decreto ni tampoco los 26 nombrados en planta permanente como jefes de áreas”, explicaron desde el municipio.
