El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió este lunes a la Justicia que declare la “inconstitucionalidad” del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y reclamó una medida cautelar que “suspenda” su aplicación “hasta que se resuelva el fondo de la cuestión”.
La denuncia de la diputada porteña por el MST Celeste Fierro y la abogada apoderada de ese partido, Mariana Chiacchio, recayó en el juzgado federal de María Servini.
El MST pidió una “acción declarativa de inconstitucionalidad (...) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que anunció Bullrich porque, dijo, “lesiona derechos y garantías de carácter constitucional”.
Así, solicitó “el dictado de una medida cautelar urgente para que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de aplicar en las protestas callejeras tal protocolo” y se “suspenda” su aplicación.
Entre los fundamentos, se esgrimió que el protocolo “amenaza derechos políticos” y se consideró que “penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”.
También advirtió que es una “restricción al normal desenvolvimiento partidario” y que la aplicación del protocolo implicaría “la persecución hacia los grupos opositores, usando la fuerza represiva estatal, criminalizando el accionar legítimo de quienes usamos la manifestación en el espacio público como un canal democrático de expresión”.
Añadió que “los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación son fundamentales para que los individuos y los grupos de individuos participen en los asuntos públicos”.
Además, alertó que “criminalizar la protesta” es un “grave peligro democrático” y que “la represión, criminalización, espionaje y persecución a las personas y organizaciones que se movilicen en el espacio público, sean partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, centros de estudiantes o vecinos/as por parte del PEN (...) contraría el núcleo del sistema democrático vigente”.
Fierro y el dirigente Alejandro Bodart dijeron que “es urgente que la justicia dicte una medida cautelar suspensiva e invalide ese engendro represivo e inconstitucional. La ministra de Seguridad dice ‘fuera de la ley nada’, pero con su resolución pretende atropellar la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que garantizan los derechos democráticos de reunión, petición a las autoridades y libertad de expresión”.
