La causa por la “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba no para de sumar capítulos y de poner en jaque a los integrantes del Poder Legislativo provincial. Sobre todo, de los integrantes del bloque de Hacemos por Córdoba, desde donde salió el contrato que hoy es el centro de las miradas.
La situación comenzó el pasado jueves 16, cuando el dirigente peronista Guillermo Kraisman intentó cobrar el primer sueldo de Virginia Martínez, la supuesta empleada de la Legislatura que, dice, no haber pisado nunca la Unicameral.
Kraisman terminó preso por esa acción, y desde entonces se iniciaron una causa judicial, cruces de declaraciones y hasta un pedido de información de La Voz para saber cuántos contratados tiene la Legislatura de Córdoba.
1) La detención de Kraisman
El jueves 16 de enero, Kraisman, junto a Luciana Castro, fue hasta la sucursal del Banco de Córdoba (de avenida 24 de Septiembre al 100, en barrio General Paz de la Capital) e intentó retirar $ 1.000.000 de una cuenta a nombre de Virginia Martínez.
Kraisman tenía en su poder un DNI que no era de la titular de esa cuenta.
Fue entonces que la cajera del banco sospechó y al constatar la firma y el DNI presentado detectó “varias incongruencias serias” (se conoció luego que el documento estaba vencido).
La empleada bancaria puso en conocimiento la situación a sus superiores y se alertó al personal policial del banco, que demoró a Castro y a Kraisman.
Ese mismo día, ambas personas fueron llevadas al Establecimiento Penitenciario N° 9 de Córdoba (la alcaidía) acusado de presunta tentativa de estafa, según dispuso en aquel momento el fiscal de feria Andrés Godoy.
2) La conexión con la Legislatura
Horas después de que el caso trascendiera a la opinión pública, se conoció que Martínez había sido empleada de la Legislatura de Córdoba durante el mes de diciembre.
Pero además, también se confirmó que Kraisman y Martínez vivían en el mismo complejo de departamentos, en barrio Ampliación San Pablo.
En esos edificios, el fiscal Godoy realizó allanamientos y secuestró teléfonos que serían, más tarde, clave para acreditar qué tipo de relación tenían los involucrados, y qué tipo de vínculo los unía con legisladores del peronismo.
Entre las primeras medidas de investigación, Godoy logró determinar que Martínez había sido contratada en la Legislatura, pero que “por no cumplir correctamente sus funciones” había sido dada de baja
Según los datos que la Unicameral le aportó a la Fiscalía, Martínez había sido “asignada a trabajo en comisiones” con una escala salarial como “asistente legislativa nivel 3″, con un sueldo de 878.361 pesos.
El millón de pesos que intentó cobrar Kraisman en su nombre correspondía al salario de diciembre y al proporcional de medio aguinaldo y vacaciones.
También se supo que Castro coordinaba actividades en un polideportivo social de barrio Ituzaingó Anexo, en el sur de la Capital. Desde la Municipalidad de Córdoba dijeron que la habían echado.
Pero además, aclararon que no había sido contratada por la actual gestión de Daniel Passerini, sino que había sido parte del personal que fue trasladado a la comuna cuando la Provincia le cedió el control de esos espacios recreativos.
3) Castro niega haber trabajado en la Legislatura
Un dato clave es la actividad de Martínez, ya que la calificación de “empleada fantasma” se debe a que nunca habría ido a trabajar a la Legislatura.
La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, máxima autoridad de la Unicameral, afirma que sí fue a trabajar.
Hasta hoy, Martínez no habló con la prensa. Pero sí lo hizo su abogado, Gustavo Castellano, quien desmintió Prunotto al asegurar que su clienta nunca fue ni trabajó en la Legislatura.
“Jamás ha ido a la Legislatura. Jamás pidió, ni por ella ni por terceros, un cargo o puesto. Nunca ha trabajado en la administración pública municipal, provincial o nacional”, afirmó el letrado a fines de enero.
El abogado explicó que tampoco sabe cómo se abrió una cuenta bancaria en Bancor a nombre de su clienta ya que Martínez tiene en su poder el DNI original. “Y nunca se lo prestó a nadie”, afirmó.
En ese sentido, el letrado dijo que Martínez jamás había tenido cuenta en el Banco de Córdoba, y que desconocen cómo la institución le abrió una.
4) La causa pasa al Fuero Anticorrupción
A fin de enero, y antes de que terminara la feria, el fiscal Godoy decidió cambiar la carátula del caso (que era “estafa en grado de tentativa”) y la investigación pasó al Fuero Penal Económico y Anticorrupción.
La calificación legal fue mutada en relación a Kraisman por la de “uso de documento nacional de identidad correspondiente a otra persona y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública en concurso ideal en grado de tentativa en calidad de coautor”.
Además, en relación a Castro, pasó a “falsificación de documento privado” y “uso de documento nacional de identidad correspondiente a otra persona y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública en concurso ideal en grado de tentativa”, ambos hechos en concurso real.
5) Los contratados en la Legislatura
Si bien Prunotto dijo, desde el comienzo, que Martínez había sido contratada por la Legislatura, siempre se negó a decir quién le había otorgado el contrato.
La información oficial dice que la Legislatura tiene 1.072 contratados. De ellos, 163 son asistentes funcionales (administrativos) y 909 son asistentes legislativos. A cada legislador le corresponden cinco asesores (sumarían 350), y en el caso de los bloques deben tener un secretario, un prosecretario y un director.
Pero no hubo detalle sobre nombres, bloques y legisladores que manejaron los contratos.
Sobre ese tema, Mondino abrió una nueva causa con una investigación paralela para determinar el método de contratación de empleados en la Legislatura.
6) El silencio de un Kraisman... ¿arrepentido?
Ya en la fiscalía Anticorrupción, Kraisman tuvo la posibilidad pero se abstuvo de declarar en la causa y ante Mondino.
No fue sorpresa ya que Javier Parfuma, abogado del puntero, había adelantado que se iba a abstener, aunque Kraisman no negó los hechos atribuidos. “Queremos tomar contacto con la totalidad de la prueba”, afirmó el letrado el pasado 14 de febrero.
Una versión indicó que Kraisman analiza acogerse a la “ley del arrepentido”, para declarar y colaborar con la Justicia a cambio de una baja en la pena. La especulación se leyó, en ámbitos de la política, como un aviso a dirigentes relacionados con el expuntero.
7) El pedido de La Voz
Primero, La Voz le solicitó a cada presidente de bloque de La Legislatura la cifra de asistentes por legislador, condición (contratado o monotributista) y el nombre de este personal.
Ante el silencio de la Unicameral, La Voz avanzó para conocer más sobre los contratos. Primero, hizo un pedido de acceso a información presentado ante la Vicegobernación de Córdoba.
El pedido no fue respondido, por lo que este medio presentó un amparo judicial por mora, a los fines de que la Justicia facilite el acceso a esos datos de carácter público.
El recurso fue presentado el viernes 28, dos días después de que venciera el plazo de 10 días hábiles que la ley provincial 8.803 (Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado) fija como límite para la respuesta oficial a la requisitoria ciudadana. Esa norma también establece que el plazo puede prorrogarse 10 días más si así lo solicita y fundamenta la dependencia a la que se le pide información, lo que en este caso no ocurrió.
La solicitud fue presentada el 12 de febrero pasado a Prunotto. Pese a la insistencia de La Voz en los días previos al vencimiento del plazo, nunca hubo respuesta.
8) Nadia Fernández, la contratante
A pesar del secretismo mantenido por las autoridades de la Legislatura durante casi dos meses, el pasado 6 de marzo se conoció que había sido la peronista Nadia Fernández quien había contratado a Martínez.
La Voz tuvo acceso al expediente en el que la vicepresidenta de la Legislatura, la legisladora justicialista y referente del PJ capital dio de baja -el 8 de enero- el contrato de la “empleada fantasma”.
En ese documento legislativo se puede ver la firma de Fernández, además de la del secretario Administrativo, Sebastián Rossa.
El alta fue el 1 de diciembre de 2024 y Martínez había sido incluida en una lista de 23 nuevos contratados. El 30 de diciembre, a través de un decreto firmado por Prunotto, se oficializaron estas 23 contrataciones.
Consultada por su rol, Fernández dijo que había aportado pruebas a la Justicia y que “no hubo ocultamiento” de información.
“No hay ánimo de ocultar nada, siempre en mi persona prevaleció y con mi equipo llegar a fondo y dejar que el proceso judicial y que el fiscal trabaje tranquilo. Siempre estuvimos a disposición de la Justicia. No hubo una empleada fantasma”, dijo la legisladora, que además aseguró que fue la que había pedido la baja del contrato de Martínez.
¿Por qué se le dio de baja? Desde el oficialismo, dijeron que no había cumplido con horarios de trabajo y que no había presentado documentación. De todas maneras, no hay información oficial.
Esa baja ocurrió 9 días antes de que Kraisman se presentara en Bancor a querer cobrar el sueldo de Martínez.
Pero el abogado Castellano insistió: dijo que su representada no conocía a Nadia Fernández y que “nunca supo que había sido ni designada ni contratada en la Legislatura”.
9) El teléfono de Kraisman
Según publicó Cadena 3, en la causa penal se logró abrir el teléfono celular de Kraisman, y allí se encontraron más de un centenar de chats entre el expuntero peronista y Nadia Fernández.
Entre esas conversaciones, se destaca que el 10 de diciembre, entre las 13.58 y las 14.02, Kraisman le fue enviando a Fernández datos personales de Martínez, como por ejemplo su dirección, su número de teléfono, su CBU, el alias de una cuenta bancaria, su nombre completo y el Cuil.
Luego a las 17.27 del mismo día, la legisladora le pidió el mail de la “contratada”. Kraisman le respondió ocho minutos después.
No solo eso. El 15 de enero, un día antes de que Kraisman fuera al Bancor a tratar de sacar $ 1.000.0000, Fernández le preguntó si se “resolvió el tema”.
El celular de Kraisman también tenía chats con la propia Martínez. ¿Sabía que su nombre había sido usado para un contrato en la Legislatura? Es algo que debe determinar la Justicia.
Vale un dato: el día después de la detención de Kraisman, Martínez fue hasta la sede judicial para retirar su DNI, que había sido usado para tratar de sacar el dinero. ¿Quién la llevó? Una hija de Kraisman.
10) ¿Libertad para Kraisman?
Este jueves 13 de marzo, la defensa del dirigente justicialista buscará en una audiencia que se revea la prisión preventiva.
¿Qué planteará la defensa? Que “no hubo ardid ni engaño” por parte del exconcejal. Todo lo contrario. Se insistirá en que hubo concordancia con Martínez, lo que surge de las conversaciones de chat tomadas del celular del exfuncionario municipal.
“Para que haya delito se deben cumplimentar todos los elementos del delito, como ardid, engaño, dolo, pero eso no está. No hubo por parte de Kraisman ni por Castro una actitud defraudatoria y no se puede desconocer el derecho, ni darse un abuso de autoridad por una detención ilegal. Está claro que no hay delito”, confiaron desde la defensa del exedil que espera que Kraisman y la mujer queden liberados en cuestión de días.
