La Voz del Interior presentó el 12 de febrero por mesa de entradas de la Legislatura de Córdoba un pedido de acceso a la información pública en los términos de la ley provincial 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, vigente desde octubre de 1999.
Ese pedido de información contenía cuatro requisitorias a la vicegobernadora Myrian Prunotto. Esos datos, que La Voz sigue reclamando por vía judicial en la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, son los siguientes:
1. Detalle de la cantidad de personal de la Legislatura de la Provincia de Córdoba al 31 de diciembre de cada año, desde el año 2000 hasta el presente, con el siguiente detalle: a. Cantidad de empleados de planta permanente. b. Cantidad de empleados contratados. c. Cantidad de monotributistas.
2. Nombre, apellido y categoría de los empleados contratados asignados en 2025 a cada legislador.
3. Nombre, apellido y categoría de los empleados contratados asignados en 2025 a las comisiones.
4. Sistema de control del desempeño de los empleados contratados, con las siguientes precisiones: a. ¿Quién ejerce ese control? b. ¿Qué obligaciones laborales tienen los contratados? c. ¿Dónde cumplen sus funciones?
La Legislatura se negó a responder esa solicitud. Vencidos los plazos y luego de que La Voz fuera a la Justicia, respondió pero lo hizo negativamente en la mayor parte de los puntos de la solicitud de información pública. Sólo brindó los totales de personal de planta y contratados –389 de planta permanente y 1.043 contratados, divididos en 159 asistentes funcionales y 884 asistentes legislativos–, pero adujo no contar con la evolución histórica solicitada.
La respuesta oficial negó que hubiera monotributistas asignados a los legisladores o bloques, cosa que no era cierta. Eso quedó demostrado cuando este diario identificó en el Portal de Transparencia de la Provincia a 287 monotributistas del Poder Legislativo que cobran de manera reiterada mes a mes.
La Unicameral también se negó inicialmente a dar los nombres de los contratados por dos motivos: un supuesto planteo del Sindicato de Empleados Legislativos, que sostenía que dar los nombres violaba la intimidad de los contratados, y una jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia que impide brindar esos datos personales. Luego se adujo que era “estigmatizante” para los contratados que se supiera que trabajan en la Legislatura.
Cabe aclarar que La Voz nunca pidió el DNI, ni el salario real, ni la dirección y mucho menos el teléfono de los constratados, como a su turno dijeron el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres, y la vicegobernadora Prunotto para justificar la negativa a publicar los nombres. Finalmente, el viernes pasado, la Legislatura publicó los listados con los nombres, lo que evidencia que la negativa inicial carecía de sustento legal.
Entre los argumentos que esgrimió la vicegobernadora, dijo que una ley nacional prohíbe publicar el nombre de empleados públicos. Pero organismos del Estado e incluso el Senado de la Nación, difunden regularmente el listado de sus dependientes, para conocimiento de la ciudadanía, que es la que paga sus sueldos y a la que deben rendir cuentas de su accionar.
Respecto del punto 4 de la requisitoria de información, la respuesta citó artículos del Estatuto del Personal del Poder Legislativo para describir las funciones de los asistentes funcionales y parlamentarios. Finalmente responde que “el personal contratado para sistencia legislativa realiza las tareas que le asigne el legislador o el bloque”. Respecto del lugar donde desempeñan las tareas, la respuesta también es imprecisa: donde lo disponga el legislador o el bloque.
La respuesta hace una aclaración: los legisladores tienen representación territorial, por lo que sus asesores pueden estar en cualquier lugar dentro de los límites de Córdoba. Sin embargo, respecto de la llamada “empleada fantasma” Virginia Martínez, se aclaró que la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, decidió cortar su contrato, tras comprobar que no concurría a la Legislatura, lo que al parecer no es un requisito imprescindible.
La Unicameral brindó –vencidos los plazos– esas respuestas al pedido de información de La Voz, pese a que el Gobierno de Córdoba, a través de la Procuración del Tesoro, había rechazado el pedido presentado por este diario. En ese escrito, el procurador Mariano Armando Andruet, sumó varios argumentos a la negativa oficial de suministrar la información, además de objetar la improcedencia de la solicitud por no haber sido presentado a través del Cidi y cuestionó que el posterior amparo judicial haya sido interpuesto por La Voz del Interior SA y no por los firmantes de la solicitud de información, Carlos Jornet –director periodístico y apoderado de La Voz– y Virginia Guevara, editora de Política del diario.
En lo sustancial, la Procuración del Tesoro rechazó el amapro aduciendo que la Legislatura de Córdoba hace años puso en marcha un Plan de Parlamento Abierto, que supuestamente provee toda la información pública. Paradójicamente, varios de los links citados en la respuesta oficial contienen datos desactualizados o están inactivos. La respuesta también objeta que La Voz pretenda datos que no se encuentran sistematizados y hasta reprocha: que “a fin de procesar dichos datos, nuestra mandante debería afectar recursos humanos y materiales destinados a organizar, sistematizar y elaborar la información”.
El amparo sigue en trámite en la Cámara Contecioso Administrativa de Primera Nominación, donde ya hubo dos audiencias de conciliación. El tribunal aceptó la participación de la Fundación Ruido, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y Fundeps en carácter de amicus curiae. Esas organizaciones, al igual que La Voz, defienden el acceso a la información pública y el respeto de las leyes que lo posibilitan y garantizan.
