El oficialismo provincial abrirá este jueves el debate en la Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba un proyecto conocido como la ley “antipiquete”. En la modificación del Código de Convivencia Provincial se establecen sanciones más severas para los que protagonicen manifestaciones en la vía pública.
La propuesta fue presentada por la legisladora justicialista Nadia Fernández, quien retomó -con algunos cambios- una iniciativa inicial del exlegislador Juan Manuel Cid, de 2023.
También en esa oportunidad, aunque sin éxito, un sector del oficialismo intentó poner un coto a las protestas. Finalmente, se acordó un protocolo, ya que la idea no avanzó para ser debatido en el recinto.
Este nuevo proyecto tiene varias modificaciones al Código de Convivencia Provincial (ley 10.326) que están relacionadas con el uso del espacio público. En el capítulo “Respecto de la Tranquilidad Pública” se aplicaron los cambios.
- Cortes “con autorización”
En el artículo 80 bis (Desórdenes Públicos) se establece que los manifestantes serán sancionados con trabajo comunitario, multas pecuniarias y arresto de tres días si “por cualquier motivo o invocación” y “sin la autorización de la autoridad competente (Ministerio Público Fiscal) se alteren o interrumpa el tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos”.
Por lo que se fija que, en caso de una protesta, los protagonistas tendrán que avisar al Ministerio Público Fiscal.
- No cortes en puentes y avenidas
Se establece, además, que la sanción para los manifestantes que “interrumpan el tránsito en avenidas, puentes de acceso o vías selectivas de transporte público de pasajero” tendrán sanciones más severas, o sea “el doble” de las antes mencionadas.
De esta forma, el proyecto del justicialismo intenta que las protestas no se realicen en las arterias principales, como en Colón y General Paz, en Córdoba capital, y que tampoco ocupen los puentes. Lugares donde la semana pasada eligieron los municipales para reclamar al Gobierno municipal una recomposición salarial, además de las marchas en las inmediaciones del Palacio 6 de Julio.
- Resarcimiento a comercios
Un artículo que se agrega es que “los montos recaudados por la aplicación de las sanciones serán destinados a resarcir a los comerciantes, instituciones y actividades laborales” que se vean perjudicadas por las marchas.
Esta cuestión no había sido planteada en el proyecto original de 2023.
- Policías o jueces
Otro punto que suma el proyecto es el artículo 125 (Promoción de la acción), en el que se establece que “tanto el personal policial, como cualquier autoridad para el juzgamiento de contravenciones, como un juez con competencia deberán arbitrar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos de la contravención cometida”.
Por lo que se los faculta para “intervenir en el proceso contravencional”.
De esta forma, tanto el Ministerio Público Fiscal como policías o jueces deberán arbitrar las medidas para “hacer cesar los efectos de la contravención cometida”.
- Sanciones para los que arrojen escombros
El proyecto toma también de la idea original que serán sancionados con trabajo comunitario, multas o arresto de tres días a “los que depositaren, arrojen o acumulen escombros, residuos o basura” en lugares públicos o privados.
Lo que intenta evitar es que se generen destrozos o se utilicen los contenedores en las marchas.
- Prohibido hurgar contenedores
Además, se aplicarán faltas para los que “hurguen los contenedores de basura, remuevan escombros o residuos... ensuciando el espacio público o privado”.
En estos casos, las sanciones se elevarán también para los que hagan “deposiciones en espacios públicos o privados”. En este caso hay faltas que llegan hasta el arresto de 10 días.
