Desde el 29 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia funciona con un mínimo de tres miembros. Ese día, el cordobés Juan Carlos Maqueda cumplió 75 años y se vio obligado a dejar el cargo tras 22 años en el máximo tribunal. Al asumir la presidencia, Javier Milei decidió clausurar la posibilidad de que Maqueda continúe más allá del límite de edad que impone la Constitución Nacional.
Los nombramientos en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que anunció el gobierno este martes, responden a ocupar la vacante que dejó Maqueda en diciembre pasado y el lugar liberado desde octubre de 2021, cunado Elena Highton de Nolasco decidió jubilarse.
Los nombramientos en comisión de Lijo y García-Mansilla se produce luego de que el oficialismo fracasó en lograr los dos tercios necesarios para el acuerdo en el Senado.
El pliego de Lijo avanzó hasta la firma del dictamen, aunque se estancó ahí porque se truncó un posible acuerdo entre el oficialismo y el peronismo que conduce Cristina Fernández de Kirchner. El catedrático García-Mansilla ni siquiera logró que la comisión de Acuerdos emita dictamen sobre su postulación.
Cómo es el proceso de nombramiento de un juez de la Corte
La Constitución Nacional establece un mecanismo indirecto para designar a un juez de la Corte. Por un lado, plantea que la cabeza del Poder Ejecutivo, el Presidente, debe elegir al postulante y luego es el Senado el que debe prestar acuerdo con una mayoría de dos tercios para convertirlo en magistrado. Esto segundo es lo que no logró Milei.
Sin embargo, la misma Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 19, establece que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Es el camino que tomó Milei con Lijo y García-Mansilla. El jefe del Estado tenía tiempo para hacerlo hasta antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.
Por la característica de los nombramientos, si Lijo y García-Mansilla no logran el acuerdo del Senado antes de que finalice el próximo período de sesiones ordinarias que se inicia este sábado, tendrán que dejar la Corte.
El nombramiento en comisión, sin embargo, es cuestionado por constitucionalistas y abogados. “La Constitución no habilita al Poder Ejecutivo a tomar el ‘atajo’ del art. 99 inciso 19 cuando no logra los votos en la Cámara de Senadores para las personas propuestas. Tampoco está en peligro el funcionamiento de la Corte: si es necesario, se puede completar su integración convocando a conjueces, como en muchas ocasiones anteriores lo ha realizado y como de hecho ya lo está haciendo para resolver algunas causas”, opinaron los abogados Martín Aldao, Nancy Cardinaux, Laura Clérico, Horacio Etchichury, Andrés Gil Domínguez, Marisa Herrera y Leticia Vita.
Los casos de Rosatti y Rosenkrantz
Desde la recuperación democrática hasta la actualidad, sólo hay un antecedente de designaciones por decreto y en comisión. Son las que dispuso el expresidente Mauricio Macri en diciembre de 2015, a poco de asumir el gobierno.
Macri designó bajo esa condición a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, dos de los tres actuales miembros del máximo tribunal. De todas maneras, el rechazo opositor y el debate público que generaron esas designaciones hicieron que ambos debieran esperar para asumir formalmente hasta lograr el acuerdo necesario requerido por el Senado. Eso sucedió recién en junio de 2016.
