En diciembre pasado, en una de las primeras sesiones legislativas en la gestión del gobernador por Córdoba, Martín Llaryora, la Legislatura provincial aprobaba por unanimidad la ley 10.958 que establecía “medidas de emergencia preventivas para mitigar la propagación de los incendios forestales y rurales en la provincia”.
Este proyecto fue elaborado por el Gobierno provincial y girado a la Unicameral, donde fue aprobado el 27 de diciembre de 2023. Y desde enero de este año publicado en el Boletín Oficial de Córdoba, por lo que se trata de una de las últimas normativas vigentes que cuenta Córdoba respecto de la lucha contra el fuego.
En esta ley (10.958) se estableció que el “Ministerio de Seguridad o el organismo que en el futuro lo reemplace es la autoridad de aplicación” en cuanto a las medidas. Y se fijó que esta cartera es la encargada de “elaborar un plan integral de prevención contra incendios forestales y/o rurales”.
“Para ello, deberá convocar según la necesidad a universidades, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), bomberos voluntarios, entidades, organizaciones agropecuarias, municipios y comunas a los fines de generar la implementación en todo el territorio provincial, como así también desarrollar líneas de investigación y realizar el seguimiento a zonas afectadas”, se redactó en la ley.
En el capítulo II se dispuso la creación de una comisión técnica “como órgano de asesoramiento y asistencia técnica de la autoridad de aplicación”, la que deberá estar integrada por un representante titular y uno suplente de los “ministerios de Bioagroindustria y Ambiente y Economía Circular o los organismos que los sustituyan en sus competencias”, los que desempeñarán sus funciones con carácter ad honorem.
En lo que hace concretamente a la prevención con picadas cortafuego, se describió que estas franjas de terreno deben estar “desprovistas total o parcialmente de vegetación y tienen el propósito de interrumpir la continuidad, en el plano horizontal, del material combustible, además de detener o disminuir la velocidad de propagación del incendio”.
Por lo que sobre esta base se dispuso por ley que a los efectos de prevenir los incendios y facilitar las tareas de extinción, la autoridad de aplicación está facultada para elaborar planes regionales, priorizar las áreas de intervención, determinar las características de las acciones y generar los convenios pertinentes.
Se fijó, además, como condición que “se deberán realizar picadas cortafuego y toda aquella acción detallada en el plan regional de acuerdo con las características de cada una de las zonas”.
Otro requisito que incorporó esta ley provincial es que en este plan regional se determinarán las obligaciones de los propietarios de campos, arrendatarios y aparceros”. Además, se estableció que “las picadas cortafuego deberán ser conservadas” por los que administren las tierras; mientras que el ministerio como autoridad de aplicación podrá formalizar convenios con los dueños de las tierras para aportar maquinarias, mano de obra y asesoramiento técnico.
En esta misma ley se dejó expresa la prohibición en todo el territorio de “la quema como herramienta de manejo del fuego, salvo autorización de la autoridad de aplicación”, y se fijó la posibilidad “de control, fiscalización y sanciones” si se ven afectadas más medidas de contención.
