Gabriel Germán Fernández, exintendente de la localidad de Viamonte, sufrió un nuevo revés judicial en la causa por el entramado de corrupción que habría comandado durante años, en presunta complicidad con arquitectos e ingenieros, para el desvío de fondos millonarios destinados a obra pública.
Al procesamiento ya firme que el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, dictó a Fernández (55) en marzo por presunto peculado, administración infiel en perjuicio de la administración pública, uso de documentos falsos y falsedad ideológica, le sumó ahora un nuevo procesamiento, pero de mayor fuste: asociación ilícita agravada en calidad de organizador y peculado.
En los últimos días, el magistrado también procesó a los ingenieros Darío Nicolás Demarchi (54) y Agustín Fernando “Jaime” Pérez Demarchi (33, su sobrino); a los arquitectos Horacio Alberto Zawadzki (51) y Camila Zawadzki (30, su hija); al exsecretario privado de Fernández, Pablo Andrés Pome (45), y al doctor en Ciencias de la Salud, docente y consultor Rubén Darío Sbarato (58).
Ordenó embargos millonarios a varios de los imputados y dictó la falta de mérito de la médica Valentina Emilia Zawadzki (27, hija de Horacio); del comerciante Leandro Martín Zawadzki (56, hermano de Horacio), y del profesor Diego Osvaldo Villasanti (50).
El escándalo
El escándalo político-social que estalló hace algunos meses, cuando el sucesor de Fernández, Francisco Manzoni, lo denunció ante la Justicia federal, lejos está de apaciguarse.
Al frente de la intendencia de Viamonte entre 2019 y 2023, Fernández (Unión por Córdoba) habría liderado la enorme estructura de presunta corrupción en complicidad con Darío Demarchi y con Horacio Zawadzki (con prisión preventiva; el último con domiciliaria) para “drenar” hacia fines personales millones de pesos transferidos por la Nación al municipio de Viamonte.
Como máximo responsable del sillón municipal, Fernández, un periodista devenido en funcionario público, habría orquestado la malversación de los fondos de las obras con la ayuda de “lugartenientes de confianza”, según advirtió el juez Ochoa.
Uno de ellos, el ingeniero Darío Demarchi, “asesor de Obras y Servicios” de la Municipalidad, y el otro, el arquitecto Horacio Zawadzki, habrían utilizado su experticia profesional al servicio de la corrupción de la que habrían formado parte de forma encumbrada, como responsables de obras.
Ambos firmaron contratos de locación de servicios con la Municipalidad para la ejecución de obras y habrían participado directamente en los trámites administrativos de justificación de uso de fondos y “avances” que los habrían ubicado en un lugar “privilegiado” para maniobrar.
La relación de confianza entre Fernández y sus laderos habría sido tal que mantenían una aceitada comunicación, a juzgar por el contenido de la información que manejaban.
La investigación, a cargo del fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, también develó que Fernández habría percibido “retornos” por la adjudicación de obras a Zawadzki y a Demarchi. Tales dineros habrían sido transferidos a la cuenta de Fernández, lo que permitió a los pesquisas constatar la trazabilidad de las maniobras.
Para justificar los porqués de esas transferencias, los imputados habrían firmado distintos contratos de mutuo, en procura de “enmascarar” las operaciones.
Siempre bajo el presunto “triunvirato” de los jefes de la banda, algunos de sus familiares habrían insuflado la confianza necesaria para que el “negocio” se mantuviera siempre bajo control.
Así, como prestador de servicios para el municipio, el sobrino de Demarchi, Pérez Demarchi, habría colaborado aportando facturas para justificar gastos injustificables.
Camila Zawadzki habría intervenido en la ejecución de obras al calor de un asiduo contacto con el exintendente, incluso a sabiendas de problemas de rendición de cheques y de órdenes de pago supuestamente inventadas.
Uno de los ribetes más escandalosos se conoció cuando allanaron su casa y descubrieron que la arquitecta había instalado prolijamente porcelanatos comprados con dinero de la Municipalidad.
Pero no habría sido la única “beneficiaria” de los fondos de las obras, ya que el secretario privado de Fernández, Pome, habría sido destinatario de parte de las cañerías adquiridas para levantar un barrio.
Hasta se encontraron conversaciones en las que el empleado pidió dinero a Fernández porque no llegaba a fin de mes. Para justificar la salida de fondos de las arcas municipales y hacerse de ellos, habrían “dibujado” una inexistente prestación de servicios cuyo cobro habría terminado en la cuenta del hermano de Pome.
Millones y obras no terminadas y defectuosas
La rampante corrupción habría encontrado su correlato en el reiterado desvío de fondos nacionales y en la insuficiente justificación mediante recibos o finales de obra fraguados, para no despertar sospechas.
Tal fue el caso del anticipo nacional para la obra de agua potable en el barrio Néstor Kirchner. Se habrían confeccionado informes de otras obras con documentación falsa, para simular ante el Ejecutivo central “avances” y así conseguir mantener abierto el “grifo” de más partidas.
No sólo no se encontró la documentación que permitiera acreditar el destino de los millones enviados, sino que continúan sin aparecer los fondos en sí. El juez recalcó la “gravedad institucional” del caso por falta de respeto a los “principios básicos de ética y moral” del exfuncionario.
Además del agua potable proyectada, debían ejecutarse en ese barrio obras de infraestructura para 92 lotes. A pesar del envío de $ 133,9 millones, no se construyeron las veredas, el asfalto, la red de gas ni la de agua, y la obra se suspendió. Nuevamente, Fernández, Demarchi y Zawadzki (responsables de la obra) habrían presentado documentación falsa para “dibujar” el avance (irreal) de las obras.
Se constataron facturas de compras de materiales falsas o duplicadas, o, más burdo aún, sin que el concepto facturado de los productos adquiridos se correspondiera con las obras planificadas: se compraron elementos lujosos que nada tenían que ver con las características “básicas” del barrio.
Algo similar habría sucedido con los millones de pesos enviados para la creación de la planta de procesamiento de residuos y compost. Fernández y el responsable de obra, Sbarato, habrían confeccionado documentación apócrifa para fingir un avance de la obra. No sólo que la planta nunca arrancó y sólo existe un galpón vacío, sino que parte de lo transferido sigue siendo un gran interrogante.
El exintendente y Demarchi habrían replicado la misma mecánica delictiva de simulación de ejecución final y la puesta en marcha de un playón multideportivo. Únicamente se habría efectuado un alisado de hormigón sobre un playón viejo, sin la senda peatonal ni el gimnasio previstos. Fernández reconoció en una conversación que esa obra “estaba floja de papeles” porque “no se hizo en su totalidad”.
Tampoco terminó la construcción de 13 casas, para lo cual la Nación le había girado $ 135,5 millones. A pesar del falso “avance del 100%” en los trabajos, las viviendas presentaban desastrosas deficiencias, nunca se instaló la red de gas ni se halló el final de obra, y el municipio contrajo una deuda por $ 22 millones. Es decir que el dinero escandalosamente habría sido sustraído.
El propio exintendente y Demarchi habrían simulado el desarrollo del adoquinado de una avenida. Tras recibir un anticipo de $ 9.300.540, horas antes de dejar el cargo, Fernández habría transferido todo el dinero a la cuenta bancaria del municipio y de allí a diversas cuentas.
“Llama poderosamente la atención que dichas órdenes de pago fueron emitidas el 11 de diciembre de 2023, primer día hábil posterior al cambio de mandato, por conceptos ajenos, sin facturas de respaldo. Si bien poseen sello de la Municipalidad, se encuentran sin firma”, destacó el juez.
Una de las órdenes de pago, por $ 200 mil, figuraba a nombre del Unión Club, del que Pome, secretario de Fernández y encargado de los pagos del municipio, simultáneamente era su presidente.
Sin embargo, la transferencia no se hizo al club, sino que terminó en la cuenta personal de Pome. Otros de los pagos, sin rendición de factura, se efectuaron al dueño de una estación de servicio en la que Fernández, Zawadzki y Demarchi cargaban combustible.
Por otro lado, el juez dictó la falta de mérito de varios imputados para que se profundizara la investigación que llevase a su procesamiento o sobreseimiento.
¿Beneficio personal con fondos públicos?
Como derivación de la causa principal, el fiscal Cabanillas también imputó a Fernández por coacción agravada y corrupción de menores, luego de que contrató, al parecer, “servicios sexuales” de mujeres.
La relación con una de ellas entró en una encrucijada cuando, según la mujer, el exintendente la habría coaccionado para que no hiciera públicos los cheques con los que habría pagado los “servicios sexuales”. Fernández, en cambio, declaró que ella lo extorsionó con difundir sus fotos.
La mujer denunció que el exjefe municipal envió a una mujer (no identificada) armada para coaccionarla. “Si vas a la Policía, cuando vuelvas tenés prendidos fuego el auto y la casa. ¿Querés terminar como María Eugenia Villafañe?”, le habría dicho, en referencia a la mujer asesinada en 2014 por el exconcejal de Canals Walter Aragallo.
Fernández también habría rentado “servicios sexuales” de otra mujer a la cual hasta le habría pagado una cirugía estética de incremento en su busto con cheques de la Municipalidad.
Además habría enviado, a una hija menor de la mujer, videos con actos sexuales explícitos realizados por él en su despacho municipal. También le habría ofrecido pagarle para tener un encuentro sexual con ella. Fernández negó el hecho y dijo que, en realidad, las imágenes estaban destinadas para la madre de la menor.
