El proyecto de reforma laboral ya está en el Senado y arrancaron los primeros “poroteos” de cara a una votación con fecha y desenlace aún inciertos. El oficialismo, al mando de Patricia Bullrich, parte de una base de 21 senadores tras haber conformado un interbloque con el cordobés Luis Juez, por lo que necesita captar 16 voluntades más para abrir una sesión.
Bullrich ya está embarcada en la búsqueda de apoyos: le pidió a senadores aliados que le acerquen aportes o sugerencias de modificaciones. La exministra no desconoce la dificultad de aprobar el proyecto tal cual lo envió el Poder Ejecutivo y tiene línea directa con Casa Rosada para evaluar las propuestas que hagan los bloques dialoguistas.
El peronismo no será de la partida. Sin esperar a que se conociera la versión final del texto, Unión por la Patria adelantó este miércoles que no acompañará el proyecto del Gobierno. En línea con la CGT, que se movilizará el próximo 18 de diciembre, el peronismo anticipó que no apoyará “ninguna propuesta que perjudique a sindicatos y trabajadores”. Son 28 senadores en contra.
¿Qué otros votos tiene que salir a buscar Bullrich? El PRO, que acaba de perder a Juez, quedó con sólo tres senadores que están en sintonía con el presidente del partido, Mauricio Macri: el jefe del bloque, Martín Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa). En despachos del Senado se descuenta que acompañarán el proyecto.
La UCR tiene 10 integrantes y “voluntad” de respaldar, al menos a nivel general. De hecho, la senadora radical Carolina Losada integró el Consejo de Mayo, aunque se diferenció en algunos puntos del texto final. “Nosotros somos la llave. Sin nosotros no hacen nada”, se ufanó ante La Voz un senador del bloque que conduce Eduardo Vischi, hombre del exgobernador correntino Eduardo Valdés.
Con apoyo total del PRO y la UCR, los libertarios ascenderían a 34 adhesiones, es decir, quedarían a solo tres del objetivo. Por eso, reaparecen en escena los dos misioneros de Carlos Rovira, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia), quienes ya le dieron una mano al Gobierno este año al bajar la Ficha Limpia. Aún con esos dos votos, faltaría uno más para los 37 del quórum.
La schiarettista Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola, del bloque Unidad Federal, son dos opciones que el Gobierno puede salir a buscar, al igual que la tucumana Beatriz Ávila, una exaliada del PRO que conformó un monobloque a pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, de buena sintonía con la gestión de Javier Milei.
Otro voto en la mira es el de la salteña Flavia Royón, quien fue secretaria de Energía y de Minería y tiene línea directa con el gobernador Gustavo Sáenz, de posiciones zigzagueantes. Pero la senadora ya avisó que no avalará un debate veloz y condiciona su apoyo.
“Sería un error tratar un proyecto de esta magnitud con apuro e improvisación. Si no damos una discusión seria, técnica y responsable, podemos perder una oportunidad histórica para generar trabajo formal, atraer inversiones y proteger tanto a trabajadores como a empleadores”, afirmó en un comunicado.
Todos los senadores restantes provienen de la Patagonia, y no parece ser un dato menor, dada la influencia de los sindicatos petroleros en la zona. Son la chubutense Edith Terenzi, aliada del gobernador Ignacio Torres; la neuquina Julieta Corroza, que responde a Rolando Figueroa; y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes aprovechan cada ocasión para hacer valer su voto.
Por ahora, en la oposición no kirchnerista reina la cautela: recién comenzaron a estudiar el proyecto y ninguno adelanta posición. El debate podría comenzar el próximo miércoles, luego de que el martes se conformen las dos comisiones que darán el debate (Trabajo y Previsión Social, y Presupuesto y Hacienda). Bullrich quiere un dictamen exprés.
En las últimas horas, llegó a manos de la jefa del bloque libertario una propuesta para sesionar el lunes 29 de diciembre con la reforma laboral y también el Presupuesto, que la semana próxima podría aprobar la Cámara de Diputados. Pero imprimirle semejante velocidad a ambos debates no será nada fácil.
Polémica en puerta
La decisión de iniciar el debate en el Senado abrió una discusión constitucional: en la oposición ya advierten que el proyecto debía ingresar por la Cámara de Diputados porque contiene modificaciones impositivas. Puntualmente, el Título XXIV modifica el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el Impuesto a las Ganancias.
Quienes reparan en este punto se basan en el artículo 52 de la Constitución Nacional, que establece expresamente que “a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”.
“Ante la presentación del proyecto de modernización laboral que incluye un capítulo impositivo y al final deroga una decena de leyes tributarias, el Senado no puede aceptar el ingreso de una iniciativa que, por mandato constitucional expreso, debe comenzar su tratamiento en la Cámara de Diputados”, advirtió desde Unión por la Patria la senadora jujeña Carolina Moisés.
La legisladora subrayó que “cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento”.
En Diputados, el socialista santafesino Esteban Paulón, de Provincias Unidas, subió un escalón y presentó una intimación judicial a Villarruel y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que retiren el proyecto del Senado. “El ingreso por el Senado solo responde al capricho de Patricia Bullrich de ‘capitalizar’ su posible aprobación”, se quejó.
