El entorno de Alberto Fernández estaba dividido desde abril del año pasado, cuando la imagen positiva del Presidente llegó a las nubes.
Algunos albertistas creían que era el momento para marcar diferencias con Cristina Fernández y construir poder propio.
Otra porción de sus colaboradores más cercanos opinaba que era políticamente “inviable” tomar distancia de “la dueña de los votos”, como admitió el propio Fernández, en referencia a su poderosa vicepresidenta.
El Presidente nunca aceptó la sugerencia de tener un espacio propio.
"No voy a construir el albertismo", repitió Alberto Fernández en las numerosas entrevistas que brindó en aquellos meses de confinamiento, en el invierno pasado.
Durante estos 14 meses en el poder, el Presidente eligió la “avenida del medio”, una definición que lleva el sello de Sergio Massa, pero no hay constancia de que haya seguido un consejo del presidente de la Cámara de Diputados.
Cuestionó el accionar de la Justicia, fustigó a la anterior gestión macrista, pero hasta ahora no había hecho casi nada para modificar el preocupante escenario judicial de su vicepresidenta.
Sólo remitió al Congreso una reforma judicial, que fue calificada por la propia Cristina Fernández como “la no reforma” de la Justicia federal.
Alberto Fernández no reaccionó ni cuando la vicepresidenta zamarreó a su administración, con dos cartas, en octubre y en diciembre del año pasado, muy críticas sobre su gestión y, sobre todo, sobre sus ministros.
Discurso desafiante
El cambio de la estrategia mesurada de Alberto Fernández no tuvo su génesis el lunes pasado, en su desafiante discurso en la Asamblea Legislativa.
El quiebre se produjo el 24 de febrero pasado, cuando el Tribunal Oral Federal Nº 4, con los votos de los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, firmaron una dura condena (que aún no está firme) contra Lázaro Báez, sus hijos y dos docenas más de imputados por lavado, en la denominada causa “la ruta del dinero K”.
Esas condenas fueron una bomba para Cristina Fernández.
Con la disidencia de una de las magistradas, el tribunal oral consideró que los 60 millones de dólares que lavó el empresario kirchnerista provenían de una defraudación al fisco, entre 2007 y 2015, durante los dos mandatos cristinistas.
Lo que judicialmente se llama "el delito precedente" (defraudación contra el Estado) encendió las alarmas en la amplia oficina de la presidencia del Senado.
En esa causa la condena fue por lavado, pero en la denominada “Vialidad”, donde está procesada Cristina Fernández por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación agravada, precisamente, se juzgará cómo el empresario llegó a construir su inmensa fortuna.
En otras dos causas en marcha, pero más demoradas que la de Vialidad, las denominadas "Hotesur" y "Los Sauces", por los nombres de los hoteles de la familia Kirchner, están imputados Máximo y Florencia Kirchner, los hijos de la expresidenta.
Según admiten sus allegados, el Presidente no creía que las condenas contra Báez y su familia iban a ser tan duras, lo que generó la furia de su preocupada vicepresidenta.
Luego de ese fallo, Alberto Fernández quedó en una encrucijada. Ya no le alcanzaban sus cuestionamientos contra la Justicia para mantener la sociedad política con Cristina Fernández. Tenía que pasar a los hechos.
Es lo que hizo, al menos en lo discursivo, el lunes pasado en el Congreso: insistió en las dos reformas judiciales que están trabadas en Diputados y anunció otros proyectos que aún no están ni escritos, pero apuntan a la Corte Suprema, a la cabeza del Poder Judicial.
Movida política
En privado, Alberto Fernández recuperó su relación personal con Cristina Kirchner.
Algunos albertistas admiten que hubo encuentros reservados entre ellos en los últimos dos meses.
La decisión de Alberto Fernández de embestir contra el Poder Judicial tiene como consecuencia política recostarse en la dura postura de Cristina Fernández.
Este jueves, la expresidenta volvió a cuestionar en duros términos a la Justicia, en su declaración en la causa por el dólar futuro, tal vez en la que está mejor parada para salir absuelta.
El plan de cargar contra la Justicia tiene otra pata en la estrategia del oficialismo nacional: apuntar contra la anterior administración de Mauricio Macri.
El Presidente no dejó dudas sobre esto en su discurso en el Congreso. Anunció que el Gobierno nacional denunciaría penalmente al expresidente y a sus funcionarios del Ministerio de Economía por el endeudamiento por 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta denuncia no fue improvisada. Desde hace meses, funcionarios nacionales venían recabando información en los distintos organismos estatales para arremeter judicialmente contra el macrismo.
En las reuniones que se hicieron públicas y en las reservadas, dicen que Cristina Fernández siempre le recordó al Presidente que ella tuvo que ir a declarar ante el juez Claudio Bonadio, el 13 de abril de 2016, sólo 126 días después de dejar el poder.
Mientras que Macri, según la visión de la vicepresidenta, lleva casi 450 días como expresidente y aún no tuvo que pasar por el trance de pasar por Tribunales.
Es más, en la provincia de Buenos Aires, hay una agrupación cristinista que lleva el nombre de la fecha del primer paso de la expresidenta por los tribunales federales de Comodoro Py.
No fue casual que Máximo Kirchner rechazara participar en el acto impulsado por Alberto Fernández por el 10º aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.
El 27 de octubre del año pasado, el hijo de Cristina decidió recordar a su padre a una convocatoria que hizo la agrupación 13 de Abril, en Lomas de Zamora.
Nadie se anima a pronosticar cómo terminará esta embestida contra el Poder Judicial y el macrismo, pero hay algo sobre lo que no hay dudas: Cristina Fernández ahora percibe que Alberto Fernández está alineado con su áspero plan confrontativo, de cara a las elecciones legislativas.
