El 23 de marzo nuevamente vence la moratoria previsional. El Congreso debe tomar una decisión. Una alternativa es volver a renovarla, profundizando la degradación del sistema. Otra es dejarla caer, aumentando las dificultades para quienes llegan a la edad de retiro sin cumplir con el requisito de completar 30 años de aportes. La primera opción agrava el déficit y las inequidades, la segunda genera más exclusión.
Hay una tercera alternativa: comenzar a avanzar hacia un sistema mejor organizado. Para ello es imprescindible romper con la larga sucesión de improvisaciones, oportunismo y actos de violencia que han monopolizado la política previsional. Junto con Agustín Domingo abordamos este desafío presentando un proyecto de ley que busca dar el primer paso hacia un ordenamiento integral del sistema previsional.
¿Por qué renovar las moratorias no es una buena opción?
Las moratorias fueron una muy mala reacción a la arbitraria rigidez con la que quedó la normativa previsional luego de que se eliminó el régimen de capitalización. Exigir un mínimo de 30 años de aportes, especialmente en el contexto de un mercado de trabajo que funciona muy mal, implica aumentar la vulnerabilidad de mucha gente. Además pone en igualdad a quienes aportaron muchos años, pero no llegan a 30, de los que nunca lo hicieron.
Las moratorias consisten en simular haber trabajado “en negro” para así generar una deuda por los aportes no pagados y, asumiendo esa deuda, acceder a una jubilación. Es un mecanismo tortuoso desde el punto de vista administrativo y muy negativo para el funcionamiento general del sistema. Permitir “comprar” aportes, en lugar de establecer como tienen el resto de los países un esquema de prestaciones no contributivas para cubrir a las personas con baja densidad de aportes, es la peor de las muchas malas decisiones que se tomaron en materia previsional.
Tratar igual a quien aportó en relación a quien no lo hizo, genera muy malos incentivos. A eso se agrega otras derivaciones muy desestabilizantes desde el punto de vista financiero. Una de ellas es la creciente incidencia de la múltiple cobertura ya que al ser una jubilación contributiva (y no una prestación no contributiva) cuando el titular fallece, el beneficio se convierte en una pensión por sobrevivencia. El resultado es que actualmente, de los 5.6 millones de jubilaciones y 1.6 millones de pensiones otorgadas, 4.3 millones fueron obtenidas a través de moratorias. Solo 2.9 millones corresponden a quienes completaron los aportes que fija la ley.
¿Cómo se financia este jubileo? La respuesta es tan simple como dura: con la manipulación de la movilidad previsional en un contexto de muy alta inflación. Es decir, licuando los haberes de quienes hicieron aportes. Hay que asumir que las moratorias permitieron aumentar la cobertura a costa de empobrecer a los jubilados que hicieron aportes. Entre el 2024 y el 2018 la jubilación promedio se redujo casi un 40% en términos de inflación.
Un nuevo enfoque para un viejo problema
Este nuevo vencimiento de la moratoria puede ser la oportunidad para seguir con el oportunismo, la improvisación y la violencia o convertirlo en la oportunidad para iniciar un proceso de ordenamiento. Para lograrlo es pertinente imitar mejores prácticas internacionales. Ellas señalan que la política previsional tiene la suficiente complejidad como para justificar un tratamiento diferente a otro tipo de problemáticas. En concreto que el Congreso busque apoyo profesional para cumplir con sus responsabilidades.
En esa línea un componente clave de nuestro proyecto es crear el Grupo de Expertos Previsionales (GEP). Se trata de constituir un equipo interdisciplinario a quien se le da el mandato de redactar un proyecto de ley de ordenamiento integral, siguiendo lineamientos y plazos claros. Estamos convencidos que esta es la manera de evitar seguir tomando decisiones improvisadas y avanzar hacia soluciones que den respuesta a las necesidades de la gente en un marco de sostenibilidad fiscal.
Mientras el GEP hace su trabajo y le aporta al Congreso los insumos para cumplir con sus responsabilidades, consideramos que es pertinente tomar medidas puntuales que faciliten la transición. El punto clave es eliminar el requisito de los 30 años de aportes y mejorar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).
Con las reformas que proponemos quienes lleguen a la edad de retiro (60 años la mujeres, 65 los varones) tendrán derecho a cobrar una jubilación cuyo monto será calculado en función de los aportes que hizo durante toda su vida laboral. Si este monto resulta muy bajo opera como piso la Puam. Esta es fijada como una proporción del Salario Mínimo, Vital y Móvil que aumenta en función de la cantidad de meses aportados durante la vida activa. Adicionalmente, se elimina la restricción que impide a sus beneficiarios seguir trabajando.
Aprovechar la oportunidad
La continua degradación del sistema, incluyendo cientos de miles de juicios entablados por jubilados que desde hace muchos años vienen siendo estafados, es causa más que suficiente para que el Congreso actúe. Pero si a esto se suma la escalada de barbarie y violencia lograda gracias a la convocatoria de barras bravas para que “apoyen” los reclamos de los jubilados es más que evidente que tenemos la responsabilidad de tomar medidas urgentes.
La urgencia no justifica la comodidad de volver a sancionar otra renovación de las moratorias. Tampoco legitima la pasividad de no hacer nada hasta que después de las elecciones de octubre se den condiciones más propicias. Estamos convencidos que la oportunidad de comenzar a revertir la degradación es ahora.
