Al comienzo de la gestión del presidente Javier Milei fueron los gobernadores los que insinuaron alguna pasajera resistencia al ajuste nacional. Ahora, a casi 17 meses de aquel inicio, son los intendentes –en especial, los de las grandes ciudades– los que afrontan las consecuencias más directas de la retirada de los recursos nacionales. Son los grandes perdedores de los subsidios al transporte y la obra pública, y también sufrieron el corte total de planes alimentarios y sanitarios nacionales.
Registran por partida doble la caída de la recaudación nacional y provincial a través de la coparticipación, y además las tasas municipales son lo primero que los contribuyentes dejan de pagar cuando la plata no alcanza.
Pero lo que puso en pie de guerra a los intendentes es la batalla frontal que el ministro Luis Caputo está dando contra las tasas municipales. La embestida incluye la prohibición de aplicar tasas en las facturas de servicios, la batalla frontal del Banco Nación contra las tasas de Comercio y, ahora, los planteos que comenzó a hacer Correo Argentino por el cobro de la tasa a los Inmuebles.
Al mismo tiempo en que se retira el financiamiento nacional, se pretende impedir la recaudación municipal, mientras que se incrementa de manera constante la demanda de los vecinos a los esquemas de salud municipal. En simultáneo, los intendentes deben responder a los problemas de seguridad y de pobreza extrema, además de sostener con recursos propios la precariedad del transporte público.
La situación se reitera en la mayor parte de las grandes ciudades. Es el primer indicio del nivel de la dificultad extrema que tiene la discusión más postergada del Estado argentino: quién recauda, cómo se distribuyen los ingresos y quién presta los servicios.
Es un debate que el gobierno de Milei pretendió comenzar con un mega ajuste unilateral y que ahora impulsa con la idea de un “súper IVA” que supondría una hipotética competencia entre las provincias para ver quién cobra menos. Hasta ahora, nadie dijo de qué vivirían los municipios.
